El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó este martes que se presentará una querella penal contra el exjefe de la cartera de Estado, Juan Ramón Quintana, y el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), Rolando Sánchez, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes, porque habrían estado implicados en la compra de medios de comunicación con recursos prestados de Venezuela.

Ambas exautoridades habrían sido responsables de autorizar que los recursos prestado de Venezuela ($us 16 millones) sean traspasados a cuentas privadas para la compra de la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) y La Razón-Extra.

“Quintana permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión en el país” dijo Núñez. El embajador de Venezuela de ese entonces (2008-2009), Julio Montes, fue quien solicitó que el monto sea traspasado a cuentas privadas. Quienes recibieron las acciones de ambos medios de comunicación son Carlos Gill, empresario venezolano, y Marcelo Hurtado.

Hurtado, según el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Estado, envió los recursos a España y Estados Unidos por medio de sus empresas, Flaba Trading y Estrategias Energéticas. El ministro de la Presidencia indicó que se solicitará la participación de la Procuraduría General del Estado y añadió que “nuestro deber es resguardar el patrimonio de los bolivianos”.

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