El ministro de Justicia, Iván Lima, y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en las últimas horas sostuvieron una reunión con las víctimas de las masacres ocurridas durante la crisis política y social de 2019, con el objetivo de revisar las normativas y acciones que promuevan la reparación de los daños físicos, económicos y emocionales. 

“Desde el Viceministerio de Justicia vamos a trabajar en la acción de inconstitucionalidad, yo creo que entonces se tendrá un resultado positivo, porque la mayor parte de los procesos son por sedición y terrorismo, esos procesos se van a dejar sin efecto legal”, comunicó Siles.

En esa misma línea, se comprometió, a nombre de la cartera de Estado, a trabajar en un decreto de amnistía con base a las listas de procesados e investigados por esos hechos; así como una norma que modifique el Decreto Supremo 4176 de indemnización a los familiares de las víctimas y a los heridos, debido a que la normativa redactada durante la gestión pasada fue observada por las personas afectadas.   

La abogada de las víctimas de la masacre de Senkata en El Alto, Nadesda Guevara, indicó que se busca la reparación integral de quienes resultaron afectados por los hechos luctuosos y violentos ocurridos durante el año 2019.

“Hemos recordado a nuestro Ministro de Justicia que este Decreto Supremo (4176) fue promulgado en un marco de persecución política y judicial a las mismas víctimas, un decreto supremo que no fue consensuado”, reclamó la jurista.

De acuerdo a Guevara, las víctimas y familiares aceptaron dicho decreto supremo a partir del amedrentamiento que sufrieron durante la gestión pasada, pero el mismo, “no cuenta con protocolos ni reglamentos claros que puedan reparar el daño de manera integral”, indicó la abogada, y acotó que, por ejemplo, el documento no es claro respecto a la inversión que las personas heridas realizaron en sus curaciones médicas. 

La legalista sostuvo que es por ese motivo que se pedirá una recalificación al Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), para establecer las listas finales de quienes resultaron dañados durante los hechos de violencia. “Se plantea una nueva calificación en la que se contemple el daño psicológico, moral, social, familiar y no solamente el daño físico, porque cada víctima tiene en este momento un daño psicológico”, aseguró. 

Guevara remarcó que hay niños que quedaron desprotegidos, mujeres que tuvieron que trabajar doble turno en plena pandemia, y que muchas de las familias regresaron a la pobreza extrema ante la ausencia o impedimento de trabajar de quienes eran el sostén de la familia.

Ministerio de Justicia y Transparencia institucional

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