Los incendios de Santa Cruz, que comenzaron en territorios municipales, ponen en serio cuestionamiento, la vigencia de las autonomías como gobierno territorial.

La norma vigente, respecto a las autonomías,  señala en el Art 6, las definiciones principales por ejemplo se entenderá por: Descentralización Administrativa, “la transferencia de competencias de un órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza tuición”.

Por otra parte “Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa

En el capítulo III de la Ley Marco de Autonomías y descentralización referido a las  BASES DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS, en el artículo Artículo 7. Podemos leer: “ I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

Nos interesa, sobre todo analizar el punto 3 que se refiere a: “Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana”.

En el tema de los incendios, está en juego la “seguridad de la población, especialmente de los pueblos indígenas, en esta medida los gobiernos municipales, ni departamentales, en ningún momento han reaccionado de acuerdo a la ley, protegiendo la vida de los indígenas que habitan en el territorio Chiquitano.

La autonomía ha servido para discursos y posicionamiento político, en la práctica, cuando se debería poner en práctica esta cualidad administrativa se vio que no tenían la capacidad para reaccionar frente a un escenario que, como autoridades, deberían conocer profundamente.

El incendio tuvo un progresivo desarrollo y las autoridades locales, repetimos conocedores del peligro, no analizaron la gravedad del problema y reaccionar, localmente.

Por estos antecedentes podemos inferir que esta nula reacción, obedeció a una estrategia política pre-determinada.

 Una oposición política que fue capaz de ejercer violencia contra los migrantes de occidente hacia el oriente, y cuya violencia quedó registrada en los días violentos del año 2008, no deja duda que es capaz de recurrir a los extremos más violentos con el único objetivo de perjudicar al gobierno.

El coro de novísimos ecologistas, exigiendo ayuda internacional, no tuvo ningún protagonismo cuando el incendio era incipiente y precisaba de ayuda para sofocarlo. Los que hoy se presentan en las redes como “salvadores de la amazonia” que hicieron cuando comenzaron los incendios?

No cabe duda que se encuentra en marcha una estrategia política, basada en el desprestigio de los candidatos oficialistas, especialmente para debilitar la imagen internacional que tiene Evo Morales,  y en lo posible impedir la realización de las elecciones en octubre.

Una vez más la oposición política intenta quebrar la voluntad popular que ya ha decidido, que es el ejercicio democrático el único juez de la historia y no los intereses de una minoría racista, que hoy utiliza la tragedia como bandera política.