MUNICIPIOS PLANTEAN AL PRESIDENTE PAZ AGENDA DE SEIS TEMAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) planteó este jueves al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, una agenda municipalista de seis temas para enfrentar y superar la crisis económica que enfrenta el país. Tal agenda fue presentada al primer mandatario en la inauguración de la reunión del Gobierno nacional con representantes de los municipios.
El primer tema de esa agenda está referido a la nueva distribución de recursos económicos y responsabilidades entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios; propuesta denominada ‘50-50’, informó el presidente de la FAM-Bolivia, Jhonny Torrez.
“Pedimos que ese ‘50-50’ se consolide en el presupuesto 2027, que lo vamos a trabajar desde septiembre. El 7 de septiembre tenemos que presentar (presupuestos) a los consejos municipales, hasta llegar a finales de noviembre que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo apruebe”, dijo al respecto Torrez.
Añadió además que, si se viabiliza el ‘50-50’ como lo proponen los municipios, el Gobierno podría disponer del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para gobernaciones y otras necesidades. Por lo tanto, los municipios tendrían coparticipación, recursos propios y los municipios puedan ser sujetos de crédito.
El segundo tema es la devolución a los municipios del 12% de sus recursos que se les quitó durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), supuestamente para ser invertidos en exploración petrolera, lo que nunca sucedió. “El anterior gobierno no exploró nada, y por eso estamos en la crisis que hoy el gobierno actual tiene que sobrellevar y tiene que tratar de salvar”, detalló el presidente de la FAM.
La gestión del presidente Paz, ya procedió a la devolución de una parte de esos dineros, ahora los municipios esperan que se proceda a la devolución, aunque sea gradual de los mismos para destinarlos a necesidades incluidas en sus presupuestos.
El tercer punto de la agenda municipalista, acordado de forma unánime por los munícipes de todo el país, es la derogación del decreto supremo 5676 que establece el pago de Bs 18 por litro a los GRACOS.
Como cuarto punto, están las deudas de los municipios, éstos piden que puedan ser refinanciadas a plazos que dupliquen el tiempo de pago que tengan en el presente”. “Doy un ejemplo. Un municipio debe 10 millones a 4 años, podría seguir debiendo los 10 millones a 8 años”, explicó Torrez.
De esa forma, las alcaldías seguirán pagando la mitad de sus cuotas y la otra mitad podrán destinarla a educación, salud, infraestructura. Lo municipios piden hacer devolución de esos recursos de forma progresiva.
El quinto punto, se refiere a la devolución de competencias desde los municipios al nivel central, porque muchas de ellas se les impuso en los gobiernos del MAS, lo que significó que las alcaldías tengan que utilizar recursos propios para atender las competencias que se les adjudicó de forma forzosa a través de decretos supremos y leyes.
“En los últimos 19 años han recargado obligaciones a los municipios: Nutri Mamá, Nutri Bebé, desayuno escolar, Carmelo, bono para personas con discapacidad, y una serie de cosas”, reclamó el presidente de la FAM al pedir que esas competencias “sean eliminadas en el acto”.
Finalmente, como sexto punto, las alcaldías piden que se cree un fondo social de emergencia para enfrentar la grave crisis económica heredada de 20 años de gobiernos masistas. Este fondo absorberá la mayor cantidad de mano de obra no calificada, ya que es uno de los más grandes problemas que tiene Bolivia es la desocupación.
“Este fondo apoyará a esa persona que el día de hoy no sabe qué llevar de comer a su casa, a sus hijos. Entonces, una excavadora puede hacer el trabajo de 20 o 40 personas, pero hagamos el trabajo a pala y pico, y de paso no gastamos diésel. Y generaríamos empleo en enormes cantidades”, expuso el alcalde tarijeño.
De forma complementaria, los municipios piden al Gobierno Nacional que los recursos de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya aprobado por la ALP, de $us 3.500 millones pueda ser utilizado para financiar obras en las regiones de forma directa e inmediata, lo que generará fuentes laborales.
