La cooperación internacional apoyará con recursos financieros a la reforma o “transición” del Ministerio Público hacia su institucionalización, es decir, a la selección y elección de fiscales departamentales bajo procesos transparentes y públicos, proceso que debió iniciarse en 2012, pero quedó trunco hasta la fecha debido a que los fiscales departamentales fueron designados a “dedazo” por los fiscales generales elegidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Quiero decirle, señor fiscal, que tenemos ya preacuerdos con diferentes instancias de cooperación internacional para ayudar, para cooperar y para modernizar y generar todo aquello que sea necesario para que Bolivia tenga un mejor Ministerio Público”, anunció el presidente Rodrigo Paz Pereira, durante el acto de reconocimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al fiscal general interino, José Armando Urioste, este lunes en Palacio Quemado.

“Y ese es el compromiso del Ejecutivo, canalizar todos esos recursos y aportes y ayuda para que ustedes puedan desde el Ministerio Público cambiar nuestra fiscalía”, aseguró el primer mandatario.

Sin independencia de poderes
En 2009, la entonces nueva Constitución Política del Estado, establecía que el Ministerio Público “se consagra como un órgano constitucional autónomo encargado de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública”.

Para que ese precepto constitucional se cumpla, era necesaria la institucionalización del Ministerio Público, que fue establecida en la Ley N° 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, del 11 de julio de 2012, por la cual los fiscales departamentales debieron ser elegidos por el Fiscal General, “previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”, lo que no sucedió y fueron designados “por única vez” de forma directa usando como pretexto que debiera terminarse el propio proceso de institucionalización.

Por ese antecedente histórico, constitucionalistas, analistas, opositores políticos y líderes de organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que, el poder político de los gobiernos masistas de Evo Morales y Luis Arce, violaron la independencia de la fiscalía, y, además, llevaron al Ministerio Público a corromperse.

Las críticas concluyen que la independencia de poderes fue violada, pero además funcionarios del Ministerio Público incurrieron en hechos de corrupción que quedaron en la impunidad por la citada injerencia político partidaria del masismo.

Recursos de la cooperación
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo de financiamiento por $us 1.900 millones con Bolivia y, de ese monto, en los próximos días se contará con un desembolso inmediato de $us 214 millones.

Sin embargo, la importancia de este crédito es ser una señal de confianza en la actual gestión de Gobierno que implicaría que otros organismos multilatelares como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), FONPLATA y otros, viabilizarían otros financiamientos que oscilarán entre los $us 5.000 a 7.000 millones de dólares.

Recientemente, debido a las gestiones del presidente Paz Pereira en el contexto de la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, se logró acuerdos con estos organismos financieros y otros más, con apoyos adicionales, le permite al Gobierno redondear un respaldo total de 10.000 millones de dólares.

Todos estos recursos se destinarán a la reactivación económica de Bolivia (estímulo a la producción), a procesos de reforma estructural institucional, y al alivio y apoyo a poblaciones económicamente vulnerables para que puedan enfrentar la crisis económica ocasionada por la caída de las exportaciones de gas natural y todas sus consecuencias.

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que, a partir de este año, más de 221.000 bachilleres bolivianos recibirán de manera gratuita su título de bachiller en formato digital, una medida que reducirá los costos que actualmente deben asumir las familias para obtener, legalizar e imprimir este documento.

El primer mandatario explicó que el nuevo sistema permitirá eliminar el pago que representaba la emisión de los títulos de bachiller para las gobernaciones. “Ya no se va a pagar a través de las gobernaciones los Bs 11 millones, el Gobierno nacional se hará responsable”, sostuvo.

El nuevo documento será digital e incorporará un código QR que permitirá verificar su autenticidad y volver a imprimirlo las veces que sea necesario, sin requerir trámites adicionales de legalización. “El QR que tiene, tú vas a poderlo imprimir las veces que tú quieras y ya no vas a tener que legalizarlo”, destacó el presidente.

La medida permitirá reducir también los gastos que las familias deben realizar cuando los jóvenes ingresan a una universidad o institución de educación superior. Actualmente, la legalización e impresión del título puede representar alrededor de Bs 200, además de los gastos de transporte que deben asumir los padres y estudiantes para realizar estos trámites.
“Es ahorro para la familia, es un título gratuito para los chicos y la oportunidad de estudiar en entidades superiores”, remarcó.

El Gobierno nacional prevé que el nuevo título digital tenga un costo operativo de poco más de Bs 600.000 para el Estado, equivalente a aproximadamente Bs 3 por título, y anunció que este costo podrá reducirse progresivamente conforme se optimice el sistema.

De esta manera, la digitalización del título de bachiller busca simplificar los trámites, eliminar costos para los estudiantes y facilitar el acceso a la educación superior, trasladando al Estado nacional la responsabilidad de garantizar un documento gratuito, verificable y disponible para las familias bolivianas.

El viceministro de Autonomías y Tierras, Adrián Oliva, informó que el Gobierno nacional avanza en mesas técnicas con las entidades territoriales autónomas para convertir la Agenda 50/50 en reformas y acuerdos concretos, a partir del diálogo y la construcción de consensos entre los distintos niveles de gobierno.

“En esa promulgación, los gobernadores y el presidente acordaron que íbamos a llevar a cabo una mesa técnica hoy para tratar, entre otras cosas, una propuesta de modificación a la ley de dominios tributarios, una propuesta de modificación a la ley que tiene que ver con el relacionamiento internacional para darle mayor libertad a los gobiernos departamentales, a las entidades territoriales autónomas, para poder trabajar sus gestiones y la cooperación internacional”, explicó.

En la pasada reunión participaron los gobernadores de Santa Cruz, Velasco; de Cochabamba, Leonardo Loza; de La Paz, Luis Revilla; de Oruro, Édgar Sánchez; de Pando, Gabriela de Paiva; de Chuquisaca, Luis Ayllón; y de Beni, Jesús Egüez.

Entre los avances concretos, el viceministro Oliva explicó que el Gobierno nacional asumirá los costos de los títulos de bachiller, liberando de esta responsabilidad a los gobiernos autónomos.

“Ha sido aprobado un decreto que libera de responsabilidades a los gobiernos autónomos departamentales para cubrir los títulos de bachiller. Además, implica un esfuerzo de modernización, porque se van a digitalizar los títulos de bachiller”, comentó.

El viceministro destacó que se avance en temas concretos para consolidar las autonomías en Bolivia, eliminando el Estado centralista y “tranca”, que estancó el desarrolló y afectó a las regiones por más de dos décadas.

“Son pasos que se van dando en una sola dirección, y así como esto que ustedes están conociendo, vamos a seguir aprobando otro tipo de decretos y vamos a proponer otras leyes para avanzar”, añadió Oliva.