El Banco Mundial (BM) instruyó a sus técnicos en Bolivia a apoyar a las alcaldías de capitales de departamento, más la de El Alto, en su proceso de reordenamiento general y de la definición del pacto fiscal, informó este martes el presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Paz instaló en esta jornada una reunión con los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país además de El Alto. La agenda del encuentro tiene como eje el plan ‘50-50’, que plantea una nueva distribución de recursos y responsabilidades entre el nivel central y las regiones, tanto en el ámbito departamental, como en el local.

Hasta el momento, la gestión de Paz gestionó con el BM un apoyo de 500 millones de dólares destinados a proyectos de desarrollo, infraestructura y carreteras, mismas que serán parte de corredores bioceánicos. A esa cifra, se suman otros 200 millones de dólares ya aprobados por el directorio del BM y que se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El apoyo del BM y otros organismos internacionales está en correspondencia con la reorganización de la política económica emprendida por el Ejecutivo boliviano para “ordenar la casa”, ya que recibió el país “arrasado” económicamente.

Especialistas en federalismo
Paz dijo a los alcaldes que conversó con la vicepresidenta del BM, Susana Cordeiro, con quien ya se reunió en Estados Unidos la pasada semana, donde conversó con líderes políticos y de sectores productivos empresariales del mundo con motivo de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Tuve una reunión con ella con diferentes motivos, diferentes proyectos que muchos de ustedes me han solicitado en lo personal, pero sobre todo uno que, siendo ella especialista y con doctorado en pacto fiscal del Brasil, que es un país federal, está muy interesada como institución representando al BM, y ha dado ya la directriz a sus representantes en Bolivia para que puedan apoyar no solo a las alcaldías, sino al conjunto de los acuerdos que podamos llevar adelante para el ‘50-50’”, dijo Paz.

Entonces, el primer mandatario aseguró que la voluntad del BM no solo significa apoyo financiero para reactivar la economía de Bolivia y promover inversiones de desarrollo en el país, sino que, además, se contará con la participación profesional de especialistas del organismo multilateral que apoyarán en el diseño de un camino común de lo que será un pacto fiscal.

“¿Cómo vamos a reordenar nuestra educación? ¿Cómo vamos a reordenar nuestra salud? ¿Cómo vamos a reordenar nuestras capacidades? ¿Nuestros dominios tributarios?”, cuestionó el mandatario sobre lo que considera un debate “de fondo”, sobre el cual el Gobierno nacional está abierto a abordar para potenciar las capacidades de los poderes regionales y locales.

“En el futuro tener municipios y gobernaciones que sean capaces de generar, producir y también recaudar, recaudar lo que producen y así volver a invertir, desarrollar, resolver los problemas que la gente tiene en salud, educación, e infraestructuras”, complementó Paz Pereira.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió tres alertas de prioridad naranja por el ingreso de un frente frío que provocará descenso brusco de temperaturas, nevadas y fuertes vientos en ocho departamentos del país entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

Según el aviso meteorológico N° 75/26, se prevén descensos de temperatura entre 6 y 12 grados centígrados por debajo de los valores normales en regiones de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Beni, desde este martes hasta el jueves 1 de octubre.

Mediante la alerta N° 76/26, el Senamhi también advirtió sobre nevadas débiles a moderadas en zonas de Cochabamba, Tarija, La Paz, Oruro y Potosí. El fenómeno se extenderá hasta el jueves y afectará principalmente provincias del altiplano y sectores de la cordillera.

Asimismo, la alerta N° 77/26 señala la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes en La Paz, Tarija, Potosí y Oruro. Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 30 y 70 kilómetros por hora, dependiendo de la región, hasta el viernes 2 de octubre.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones ante las bajas temperaturas y los fenómenos meteorológicos anunciados para los próximos días.

El presidente Rodrigo Paz Pereira y los gobiernos autónomos municipales de las ciudades capitales y El Alto consolidaron la Agenda 50/50 como una hoja de ruta para fortalecer las autonomías, ordenar las competencias y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, durante un encuentro desarrollado en la Casa Grande del Pueblo.

En el marco de esta agenda, el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos municipales acordaron revisar y auditar las transferencias e ingresos locales, establecer mecanismos de alivio financiero para las alcaldías y evaluar, en un plazo de 15 días, la suspensión o devolución del 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera para 2027.

También se planteó impulsar reformas normativas para eliminar restricciones al gasto, agilizar las Cartas Orgánicas y viabilizar alianzas público-privadas orientadas a optimizar servicios prioritarios como salud e infraestructura.

“El 50/50 es una realidad. Ha nacido, ahora tiene que empezar a caminar”, afirmó el presidente durante el encuentro, al destacar la participación de las autoridades municipales y remarcar que el proceso debe avanzar de manera ordenada. “Avanza con fuerza, avanza con la fe de que vamos a cambiar y vamos a terminar con el Estado centralista”, sostuvo.

La jornada reunió al presidente del Estado; al ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo; al ministro de Economía, Christian Morales; al viceministro de Autonomías y Tierras, Adrián Oliva; al presidente de la AMB y alcalde de Trinidad, Mauricio Barba; además de los alcaldes y alcaldesas de Sucre, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Cobija y Tarija y un representante de La Paz.

El presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Mauricio Barba, destacó que el encuentro permitió establecer una metodología de trabajo para abordar las distintas necesidades de los gobiernos municipales, considerando sus diferencias territoriales, poblacionales y de capacidad institucional.

“La reunión del día de hoy entre el presidente y los alcaldes ha visto, por un lado, que hay la necesidad de hacer un trabajo ordenado metodológicamente, priorizando temas que requieren una atención diferenciada tanto en su complejidad como en los actores que se involucran”, afirmó.

La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, señaló que los gobiernos municipales plantearon la necesidad de que la Agenda 50/50 pase de los acuerdos a medidas concretas que permitan fortalecer las capacidades locales y mejorar la atención a la población.

“Todos los gobiernos municipales le han pedido al Gobierno que la Agenda 50/50 a cortísimo plazo empiece a concretarse con claras políticas de ejecución inmediata, con normativa correspondiente y, sobre todo, con un cambio de visión de la asignación del presupuesto para culminar el 2026”, sostuvo.

Finalmente, el presidente Rodrigo Paz señaló que “tenemos que hacerlo de forma ordenada, no puede ser en desorden” y explicó que el objetivo es construir un nuevo esquema de relación entre el nivel central y las regiones. En esa línea, destacó la importancia de que municipios y gobernaciones puedan desarrollar sus capacidades para generar, recaudar y reinvertir recursos en sus propios territorios.

El ministro de Defensa señaló que el Gobierno solicitará información y elementos probatorios a través de la Cancillería sobre los señalamientos de Estados Unidos contra el fiscal general. Afirmó que no habrá protección política, pero tampoco una condena anticipada.

29 de septiembre de 2026.- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, afirmó que los señalamientos realizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, podrían derivar en una investigación judicial y eventualmente en una solicitud de extradición, aunque aclaró que cualquier determinación en ese sentido corresponde a las autoridades estadounidenses.

“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, afirmó Justiniano.

Estados Unidos incluyó a Mariaca en una medida migratoria distinta a la revocación de visas aplicada a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. El Departamento de Estado lo señaló públicamente por presuntamente abusar de sus cargos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estas son acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una condena judicial.

Justiniano explicó que el Gobierno boliviano busca conocer información oficial que permita complementar los datos difundidos públicamente y establecer qué elementos sustentan los señalamientos.

“Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería”, manifestó.

El ministro señaló que, una vez recibida esa información, corresponderá evaluar las acciones que correspondan dentro de las instituciones bolivianas y conforme a la legislación nacional.

Justiniano también pidió cautela respecto a las otras personas mencionadas en las medidas adoptadas por Estados Unidos y evitó adelantar conclusiones sobre sus casos.

“Pero de las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, sostuvo.

Respecto a la posición del Gobierno frente a los señalamientos contra Mariaca, el ministro marcó una doble línea: investigar los hechos y evitar cualquier condena anticipada.

“No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada”, afirmó.

Justiniano sostuvo además que la defensa de la soberanía nacional no implica descartar información proveniente de otros países, especialmente cuando está relacionada con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

“Defender la soberanía no significa ignorar con claridad información seria, proveniente de un socio, en este caso Estados Unidos. Significa recibir esa información, hay que verificarla y hay que decidir en Bolivia, mediante instituciones bolivianas y conforme a la ley boliviana también”, explicó.

El ministro vinculó este escenario con el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y destacó el trabajo conjunto que Bolivia desarrolla con otros países.

“Hay una diligencia importante en el tema de la cooperación internacional con los otros países. Estamos trabajando en forma conjunta en Bolivia, vuelve a ser un país confiable, vuelve a ser un país que se sienta en la mesa, en una lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción”, manifestó.

Justiniano también planteó que la lucha contra el crimen organizado requiere revisar el funcionamiento de toda la cadena institucional encargada de perseguir los delitos, desde la Policía y el Ejecutivo hasta el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

“Se pueden hacer detenciones de personas que han cometido crímenes, pero si rápidamente son liberados o se les da detención domiciliaria y luego se escapa, entonces todo el trabajo es en vano”, señaló.

El ministro afirmó que estas situaciones deben ser abordadas desde una perspectiva estructural para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y reducir los niveles de inseguridad.