La versión 2026 de la Expocruz concluyó con resultados históricos que reflejan la fortaleza del aparato productivo nacional, la capacidad emprendedora del sector privado y la importancia de generar condiciones para la inversión, el empleo y la producción. La feria internacional cerró con 536.079 visitantes, 2.564 marcas expositoras nacionales e internacionales y más de 221 millones de dólares en intenciones de negocios, consolidándose como uno de los eventos económicos más importantes del país. 

Según el balance oficial presentado por la organización, participaron 1.639 marcas nacionales y 925 internacionales, además de 34 delegaciones internacionales, fortaleciendo los vínculos comerciales y las oportunidades de intercambio económico con diferentes mercados.

Uno de los datos más destacados fue la generación de más de 80.000 empleos directos, indirectos e inducidos, demostrando el impacto que tienen las actividades productivas y empresariales sobre miles de familias bolivianas. 

Desde la visión de un modelo de gobierno orientado al desarrollo económico, estos resultados evidencian que Bolivia necesita fortalecer permanentemente los espacios donde convergen la producción, la industria, la innovación, el comercio y el emprendimiento. La generación de riqueza y empleo sostenible depende de políticas que incentiven la inversión, otorguen seguridad jurídica y promuevan la competitividad de las empresas nacionales.

La Expocruz volvió a demostrar que cuando los productores, empresarios, emprendedores y trabajadores cuentan con oportunidades para crecer, los beneficios se multiplican en toda la economía. Cada exposición, cada rueda de negocios y cada acuerdo comercial representa nuevas posibilidades para la generación de ingresos, la apertura de mercados y la creación de empleo.

El movimiento económico alcanzado durante la feria fue impulsado tanto por la actividad comercial de los expositores como por la Rueda Internacional de Negocios, que en conjunto lograron superar los 221 millones de dólares en intenciones de negocios, reflejando la confianza de los actores económicos en el potencial productivo del país.

El sector pecuario también fue protagonista. La muestra reunió más de 120 expositores y 1.194 animales, además de desarrollar 23 remates y diversas actividades especializadas que exhibieron avances en genética y producción ganadera. 

Estos resultados ratifican que Santa Cruz continúa siendo uno de los principales polos productivos de Bolivia y un referente para la atracción de inversiones. Asimismo, reflejan la necesidad de profundizar políticas públicas que acompañen el crecimiento empresarial, la industrialización, la exportación y la innovación tecnológica.

La experiencia de Expocruz 2026 confirma que el desarrollo del país no puede construirse desde las restricciones, sino desde el impulso a quienes producen, generan empleo y dinamizan la economía. El desafío hacia adelante es convertir estas oportunidades en crecimiento sostenido, fortaleciendo las alianzas entre el sector público y privado para garantizar más inversiones, más empleo formal y mayores oportunidades para los bolivianos.

La organización destacó además que más del 90% de los visitantes y expositores expresó satisfacción con el desarrollo del evento, consolidando a la feria como una plataforma de integración económica y promoción de las capacidades productivas de Bolivia. 

Porque donde hay producción, hay empleo; donde hay inversión, hay oportunidades; y donde hay oportunidades, hay futuro para Bolivia.

SJ

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda anunció este viernes la reestructuración y unificación de sus principales políticas de reconversión energética y modernización del transporte a través del Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA.

Con esta medida, la entidad estatal asumirá la gestión integral de cuatro importantes programas nacionales orientados a transformar el parque automotor del país y promover el uso de energías alternativas.

Pilares
A través de esta centralización, la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA asume la administración de los siguientes pilares de gestión:

- Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) y mantenimiento de equipos: continuidad regulada de los servicios para la migración de vehículos a combustibles más limpios y económicos bajo la normativa vigente.
- Recalificación y reposición de cilindros: inspección técnica periódica, recalificación de seguridad y sustitución gratuita de los tanques de GNV que cumplan su ciclo de vida útil.
- Transformación de vehículos de diésel oil a GNV: programa estratégico enfocado en la reconversión de motores de alto consumo de diésel hacia el sistema de gas natural.
- Renovación de vehículos: mecanismo financiero destinado a la modernización física de las unidades de transporte masivo.

Financiamiento transporte público
Uno de los componentes más destacados de esta iniciativa gubernamental es el plan de financiamiento para renovar el parque automotor, dirigido exclusivamente al sector del transporte público.

Mediante este mecanismo gestionado por PATRIA, los transportistas sindicalizados y operadores del sector podrán acceder al financiamiento para la compra de autobuses y vehículos de servicio nuevos, con el fin de retirar de circulación las unidades obsoletas.

De acuerdo con el Gobierno, el beneficio se activará formalmente a requerimiento de los propios beneficiarios y los requisitos específicos serán detallados en las próximas semanas mediante la reglamentación correspondiente.

Contratación excepcional
Para garantizar la operatividad de los programas de GNV en todo el país, el Decreto Supremo 5726 autoriza de manera excepcional la contratación directa de bienes y servicios de talleres especializados.

Esta medida agilizará los procesos administrativos para la conversión vehicular, mantenimiento de equipos, recalificación y reposición de cilindros.

No obstante, el Ministerio de Obras Públicas aclaró que todos los contratos se realizarán bajo un estricto reglamento específico para asegurar la transparencia y la calidad técnica del servicio.

Con la unificación de estas competencias en la Entidad Ejecutora PATRIA, el Ejecutivo boliviano busca optimizar los recursos públicos, reducir la subvención estatal a los combustibles líquidos y ofrecer un servicio de transporte masivo más seguro, moderno y ecológico para la población.

_{Foto: Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).}

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5727, norma que establece medidas para la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, declarando de prioridad ese proceso. Así, el nivel central acata el Artículo 6 de la Ley N° 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, que abrió el proceso para mantener o no la vigencia y continuidad de empresas estatales.

El DS 5727 señala que el proceso de reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas se efectuará a partir de un diagnóstico técnico efectuado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), el mismo que debe ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) (ambas instancias técnicas creadas por la Ley de la Empresa Pública N° 466).

Asimismo, la Ley N° 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, estableció que el COSEEP entregue en un plazo de un mes, a partir del 30 de agosto, los diagnósticos sobre el estado y viabilidad económica de las empresas estatales.

Dos procesos
En el caso de que el diagnóstico del COSEEP recomiende la reorganización de una empresa, el ministerio a cargo de la misma tiene un plazo de 15 días hábiles para proceder reorganizarla y mientras dure el proceso de reorganización, la empresa continúa trabajando con normalidad.

Si en cambio, el COSEEP recomienda la disolución y/o liquidación de la empresa, el ministerio a cargo de la misma presentará al Ministerio de la Presidencia en un plazo máximo de 15 días hábiles, un proyecto de Decreto Supremo, o Anteproyecto de Ley de disolución o liquidación de la misma, según si la empresa fue creada por decreto o ley.

En este caso, el ministerio responsable de la empresa tiene dos días hábiles para notificar a los administradores de la misma, instruyendo su limitación en la toma decisiones administrativas, entre ellas: no podrán contraer nuevo endeudamiento, ni solicitar u obtener garantías o avales del Tesoro General de la Nación (TGN); ni enajenar, gravar, transferir o dar en uso a terceros activos fijos o inmuebles; tampoco suscribir contratos de bienes, obras o servicios cuya ejecución exceda la presente gestión 2026.

Paralelamente, tampoco podrán firmar nuevos contratos de inversión; incorporar nuevo personal permanente, salvo reemplazo indispensable para la continuidad operativa o la seguridad industrial. Asimismo, no podrán aprobar incrementos salariales, bonos o beneficios extraordinarios; ni condonar, castigar o reprogramar acreencias a su favor.

Respaldo legal, controles y transparencia
Para la disolución o liquidación, el proyecto de Decreto Supremo o Anteproyecto de Ley de disolución y/o liquidación debe identificar a la empresa, señalar bajo qué norma fue creada, que debe respaldarse en la ley N° 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026 y en el DS 5727, y adjuntar la resolución del COSEEP que aprueba el diagnóstico técnico de la OFEP.

Además, en esas normas, debe designarse la entidad liquidadora y sus atribuciones; el plazo de liquidación con hitos verificables; el tratamiento de activos, pasivos y garantías del TGN, e incluir una solicitud de información para determinar responsabilidades sobre la administración de la empresa. La determinación de responsabilidades se tramitará de forma paralela e independiente.

La disolución y/o liquidación no se suspenderá por investigaciones, auditorías o procesos administrativos de determinación de responsabilidades, y no se exime de responsabilidad a los servidores y ex servidores públicos vinculados a su gestión. La entidad liquidadora deberá publicar en su portal institucional el estado de avance de las disoluciones y/o liquidaciones.

Los ministerios responsables de las empresas presentarán un informe semestral del proceso de reorganización, disolución y/o liquidación, también deben presentar un informe final al Órgano Ejecutivo, y éste lo debe derivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).