El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió a los narcoterroristas o a quienes estén del lado del narcoterrorismo que “serán perseguidos” con total firmeza y bajo el imperio de la ley. Una similar advertencia hizo a autoridades o funcionarios públicos que estén vinculados al narcotráfico, no serán “intocables”, y no podrán tener impunidad en razón de su cargo.

“Es un hito histórico, un parteaguas que divide entre los que están del lado de la justicia y los que están del lado del narcoterrorismo”, expresó la autoridad, al referirse a la detención del exfiscal General, Roger Mariaca, y de otros funcionarios públicos con vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

Y, a las autoridades o funcionarios públicos que también estén relacionados con esos ilícitos, Gálvez les dijo que ni su cargo, uniforme o influencia política los protegerá de ser investigados o procesados.

“Hay un solo estándar compatible con la función pública y ese es el lado de la ley. Por lo tanto, no importa qué cargo tenga una persona, cuánto poder detente o a qué partido político pertenezca ni quién lo haya nombrado. La decisión asumida es que si existen evidencias de participación en delitos deberán responder a la justicia”, advirtió a los funcionarios y autoridades públicas que opten por el camino del enriquecimiento ilícito, y no el servicio a la población.

“Una oficina pública no protege, la única protección legítima es la que brinda la ley, es hacer lo correcto, y la ley es igual para todos”, insistió.

El vocero explicó que las detenciones de Mariaca y otros funcionarios, no es meramente un hecho policial, sino un “parteaguas” entre un pasado reciente marcado por la corrupción de funcionarios públicos que dañaron la institucionalidad por sus vínculos con la corrupción y la oportunidad que ahora tienen los bolivianos de purgar el Ministerio Público y otras estructuras morales afectadas por la permisividad con el narcotráfico que tuvieron gobiernos anteriores durante 20 años.

Desmontando el narcoterrorismo
Esta oportunidad “histórica” (la persecución a narcoterroristas, cómplices y encubridores), explicó el vocero, “recién comienza” porque el operativo y la investigación continúan.

En ese sentido, Gálvez añadió que se está empezando a desmontar una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al mecanismo de protección e impunidad desde espacios de poder.

“La investigación será la que determine su dimensión, sus integrantes y sus responsabilidades, vinculada al narcotráfico y al mecanismo de protección e impunidad desde espacios de poder”, por tanto, ninguna autoridad o funcionario público podrá valerse de sus privilegios, reiteró.

El vocero gubernamental explicó que como este desmontaje está en proceso, para no perjudicar las razones operativas de las investigaciones, las autoridades del Gobierno nacional no pueden anticipar a los medios de comunicación, nombres de sospechosos o involucrados, tampoco revelar movimientos de las pesquisas, ni comprometer evidencias del caso

“Tampoco vamos a poner sobre aviso a ninguna persona investigada al advertir por dónde va la investigación, pero les aseguro que esto recién comienza”, aseveró.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, convocó a diputados y senadores a asumir su responsabilidad y adoptar una decisión de fondo sobre la situación de las autoridades cuestionadas de la Fiscalía General del Estado, tras la aprehensión de Róger Mariaca.

Gálvez afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene este viernes una responsabilidad histórica para avanzar en la reconstrucción del Ministerio Público y la Justicia. “La Asamblea Legislativa hoy tiene una gran responsabilidad con el país. Debe darle certezas sobre la reconstrucción de las instituciones”, sostuvo.

En ese marco, pidió que la sesión no se limite a discutir procedimientos, sino que permita adoptar decisiones frente a las denuncias que involucran a autoridades de la Fiscalía. “La noticia que hoy esperamos los bolivianos, para ser concretos, no debería ser un debate sobre los procedimientos, sino una decisión a favor del pueblo”, afirmó.

El vocero planteó que el Fiscal General y las autoridades cuestionadas sean apartados temporalmente de sus cargos mientras se desarrollan los mecanismos establecidos por ley. “Así como también la definición de nuevas autoridades que de manera transitoria asuman estas responsabilidades mientras se sigue el procedimiento para la elección institucionalizada de las autoridades que serán cargo del Ministerio Público”, señaló.

Asimismo, se refirió a los señalamientos sobre una presunta vinculación entre el narcoterrorismo y la elección del Fiscal General durante la anterior gestión. “Este narcoterrorismo se ha metido tanto en algunas instituciones que incluso ha financiado con sobornos decisiones políticas de trascendencia como la selección de autoridades”, sostuvo.

En ese contexto, añadió: “Todos los rumores y la información que tenemos disponible vuelven a poner en el tapete que la elección del fiscal general en la pasada gestión se gestó con sobornos a algunos asambleístas”.

Ante este escenario, convocó a diputados y senadores a asumir una posición frente a la población y respaldar la transformación de la Justicia. “Los asambleístas hoy deben asumir una posición frente al pueblo boliviano”, sostuvo, al remarcar que la sesión de esta jornada será determinante para definir el rumbo del Ministerio Público.

La sesión de hoy es histórica y los bolivianos seremos testigos del nacimiento de una nueva etapa de la justicia o, de lo contrario, veremos otra vez su sometimiento”, concluyó.

El Gobierno nacional desconoce a Luis Montaño Morales quien, en la mañana de este jueves, se autonombró como fiscal general en las instalaciones del Ministerio Público en Santa Cruz. Además, se lo acusa de obstaculizar las investigaciones sobre el exfiscal Roger Mariaca por instruir el sistema de recepción de denuncias del Ministerio Público y destituir a los fiscales que están investigación, tanto a Mariaca como a otras 13 personas vinculadas al narcotráfico y hechos de corrupción; por tanto, el Ejecutivo está pidiendo que Montaño también sea detenido.

“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales que, de manera ilegal e ilegítima, está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, dijo el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, en una declaración de prensa brindada a los medios de comunicación con carácter de urgencia.

“Quiero que el pueblo boliviano sepa que él (Montaño) está intentando destituir a los fiscales que están trabajando en favor del pueblo boliviano y que están trabajando para presentar las denuncias que corresponden contra las personas detenidas. Quiero denunciar ante el pueblo boliviano que han cerrado el sistema para no admitir las denuncias”, añadió.

El vocero pidió al pueblo boliviano que repudie esa actitud que expresa que la maquinaria de corrupción de la estructura criminal está en acción y al interior del Ministerio Público.

“A ellos, que están enfrente, que creen que, manipulando el sistema, que intentando destituir a los fiscales de turno, evitando que lleguen las denuncias respectivas para con los detenidos, creyendo que con chicaneras van a poder sortear este efecto, les queremos decir que no es un problema con el Gobierno, es un problema con el pueblo boliviano, que exige que cambie la justicia”, concluyó Gálvez al señalar que también Montaño Morales deberá rendir cuentas de sus actos.