El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que la cooperación contra el crimen organizado debe traducirse en planes de acción, grupos de trabajo, responsabilidades, plazos y evaluación de resultados. Bolivia plantea fortalecer el control fronterizo, la inteligencia financiera, la ciberdefensa y la trazabilidad de sustancias controladas y precursores.
Panamá, 13 de agosto de 2026.- Bolivia planteó en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) la necesidad de transformar la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional en acciones concretas, coordinadas y medibles, con planes de trabajo, objetivos definidos y mecanismos permanentes de evaluación.
Justiniano destacó que los ministros asistentes compartieron este espacio con Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, y con el Gral. Francis Donovan, comandante del Comando Sur.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, sostuvo este jueves que las amenazas vinculadas al narcotráfico, el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales requieren una respuesta que supere las acciones aisladas y permita a los países actuar de manera coordinada. “Las amenazas reales exigen capacidades reales, acciones concretas y resultados medibles”, afirmó Justiniano.
La autoridad explicó que uno de los principales resultados del Foro A3C fue la coincidencia en que la cooperación hemisférica no puede limitarse a declaraciones generales, sino que debe traducirse en mecanismos operativos que permitan determinar qué hará cada país y cómo se evaluarán los avances. “Este espacio no puede quedarse en declaraciones: debe ser operativo, productivo y enfocado en lo que los países podemos hacer juntos”, sostuvo.
Justiniano planteó que esta nueva etapa de cooperación debe contemplar planes de acción, grupos de trabajo con objetivos y plazos, definición de responsabilidades, países líderes por áreas prioritarias y evaluación permanente de los resultados.
La propuesta parte de una lectura regional de la amenaza. El ministro señaló que las organizaciones criminales no operan de manera aislada, sino mediante redes que articulan rutas, logística, financiamiento ilícito, corrupción, tecnología, violencia y mecanismos para reconstruir sus capacidades.
“La amenaza debe entenderse como un sistema regional. No estamos frente a hechos aislados, sino ante redes que combinan rutas, logística, financiamiento ilícito, corrupción, tecnología, violencia y capacidad de regeneración”, explicó.
En ese escenario, Justiniano sostuvo que Bolivia debe fortalecer sus capacidades para enfrentar estas estructuras desde distintos ámbitos y no solamente desde la interdicción de drogas.
La agenda nacional planteada en el foro contempla el fortalecimiento de la presencia y control en fronteras, espacio aéreo, ríos e infraestructura crítica, además de mejoras en inteligencia financiera y ciberdefensa. También incorpora el fortalecimiento de la supervisión, fiscalización y trazabilidad de sustancias controladas y precursores, así como la revisión del marco normativo para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado.
“No se puede enfrentar a mafias transnacionales con instituciones aisladas ni con herramientas del pasado. Necesitamos más inteligencia, más tecnología, más interoperabilidad, más cooperación y más decisión”, afirmó Justiniano.
El titular de Defensa sostuvo que la naturaleza transnacional de estas organizaciones obliga a los países a compartir información, fortalecer su interoperabilidad y desarrollar capacidades que permitan anticiparse a sus movimientos. Para Bolivia, esta cooperación debe desarrollarse preservando la soberanía nacional y dentro del marco institucional y legal. “Participamos con soberanía, legalidad e institucionalidad democrática, defendiendo nuestro territorio, nuestra población y nuestra democracia”, señaló.
Justiniano remarcó que la seguridad de cada país tiene un efecto sobre el conjunto de la región y que la cooperación debe orientarse a fortalecer las capacidades nacionales y, simultáneamente, reducir los espacios de operación de las organizaciones criminales transnacionales.
Quillacollo intensifica los controles y prepara medidas de seguridad para garantizar el desarrollo ordenado de la Festividad de la Virgen de Urkupiña, que desde este viernes congregará a miles de peregrinos y visitantes de diferentes regiones del país.
Ante el inicio de la celebración, las autoridades intensifican las inspecciones a las graderías instaladas para la entrada folklórica y disponen el retiro de estructuras que incumplen condiciones técnicas o afectan áreas verdes.
La secretaria de Desarrollo Humano de Quillacollo informó que los técnicos identificaron irregularidades en algunas plataformas, por lo que se determinó su desarme y retiro. Asimismo, se verificó que algunas instalaciones dañaron jardineras y árboles mediante el uso de maderas y cuñas.
Los controles continuarán hasta la noche de este jueves y proseguirán durante la jornada de la entrada folklórica, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar condiciones adecuadas para los participantes y visitantes.
La Festividad de la Virgen de Urkupiña se desarrollará del 14 al 16 de agosto en Quillacollo, Cochabamba, y reunirá a miles de peregrinos, músicos y danzarines en una celebración reconocida como Fiesta de la Integración Nacional.
Desde una perspectiva nacional, la festividad representa una importante expresión de fe, cultura, tradición e integración, además de dinamizar las actividades económicas y turísticas de Cochabamba y contribuir a proyectar la riqueza cultural de Bolivia.
sj
Foto EPSAS
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) descartó una situación de alerta por falta de agua y aseguró que el abastecimiento para La Paz, El Alto y los municipios que forman parte de su área de cobertura está garantizado hasta la próxima época de lluvias, de acuerdo con las evaluaciones técnicas y el monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento.
El gerente interventor de EPSAS S.A., Edgar Landívar Castedo, informó que los 10 embalses administrados por la empresa almacenan actualmente 45.186.014 metros cúbicos de agua, volumen que representa el 72,40% de su capacidad total, estimada en 62.412.969 metros cúbicos.
“Estamos en semáforo verde, es decir, en una situación de normalidad. Los datos técnicos nos permiten garantizar el abastecimiento hasta la próxima época de lluvias”, afirmó Landívar, al transmitir tranquilidad a la población de las ciudades de La Paz y El Alto.
Las reservas corresponden a los embalses Tuni, Incachaca, Hampaturi, Ajuankhota, Milluni, Hampaturi Alto, Jankokhota, Pampalarama, Chacaltaya y Alpaquita, cuyo comportamiento es evaluado de manera permanente por los equipos técnicos de EPSAS.
La información actual se suma a las verificaciones realizadas durante 2026. En abril, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, inspeccionó junto a autoridades del sector y EPSAS las represas de Incachaca y Hampaturi, donde se evidenció el buen estado de los sistemas de almacenamiento y condiciones que permitían garantizar el abastecimiento en cantidad y calidad.
El Gobierno también impulsa medidas de carácter estructural para fortalecer la seguridad hídrica del área metropolitana de La Paz. Entre ellas se encuentra el Proyecto Multipropósito de Agua Potable y Riego para El Alto y municipios aledaños, que contempla dos nuevas represas con una capacidad conjunta de 45 millones de metros cúbicos y que, según EPSAS, permitirá fortalecer la provisión de agua durante las próximas décadas.
El proyecto contempla beneficiar a municipios como El Alto, Batallas, Pucarani, La Paz, Achocalla y Laja, combinando el abastecimiento de agua potable con sistemas de riego para las comunidades productoras de la región. La inversión prevista supera los 86 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y contraparte nacional.
De esta manera, EPSAS sostiene que los niveles actuales de almacenamiento permiten mantener la normalidad en el servicio y descarta, con base en sus evaluaciones técnicas, una situación de alerta roja por disponibilidad del recurso.
La empresa, sin embargo, mantiene el monitoreo permanente de las fuentes y de los volúmenes almacenados, mientras las autoridades nacionales continúan trabajando en proyectos destinados a ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar la seguridad hídrica de La Paz, El Alto y los municipios del área de cobertura.
El mensaje institucional apunta a brindar certidumbre a las familias: las reservas disponibles se encuentran en un nivel considerado normal y, según EPSAS, permiten garantizar el abastecimiento hasta la próxima época de lluvias.
SJ
Bolivia y Brasil ponen en marcha este jueves 13 de agosto el plan binacional “Frontera Segura”, una estrategia destinada a reforzar la presencia del Estado, fortalecer la coordinación policial y enfrentar de manera conjunta al crimen organizado y el narcotráfico en los principales puntos de la frontera.
El lanzamiento se desarrolla en Guayaramerín, con la participación del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y autoridades de seguridad de ambos países. La iniciativa establece una nueva etapa de cooperación entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil para mejorar el intercambio de información, coordinar acciones y desarrollar operaciones contra estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el plan tendrá una aplicación binacional y permitirá instalar operaciones de carácter permanente en diferentes puntos fronterizos, con especial atención en Guayaramerín, Cobija, San Matías y Puerto Suárez, considerados sectores prioritarios para las tareas de seguridad.
La estrategia busca evitar que las organizaciones criminales aprovechen la extensión de la frontera y la movilidad entre ambos países para desarrollar actividades ilícitas. Para ello, Bolivia y Brasil coordinarán capacidades policiales e inteligencia, con acciones orientadas a identificar, perseguir y desarticular redes vinculadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Desde el Gobierno se destaca que la cooperación con Brasil permitirá fortalecer el control en los puntos considerados más vulnerables y generar una respuesta coordinada frente a las organizaciones criminales que tienen capacidad de operar en territorio de ambos países.
El plan también representa una ampliación de mecanismos de cooperación que Bolivia ya había desarrollado con países vecinos. Documentos del Ministerio de Gobierno registran antecedentes del programa “Frontera Segura” y reuniones con las policías Federal y Civil de Brasil para fortalecer su implementación en los estados de Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondônia.
En ese marco, el Gobierno plantea que la seguridad fronteriza no debe limitarse a controles aislados, sino que requiere presencia permanente, intercambio de inteligencia y coordinación operativa entre los países que comparten la extensa frontera amazónica.
La puesta en marcha desde Guayaramerín adquiere especial importancia por tratarse de una zona fronteriza estratégica para el movimiento comercial y la integración entre Bolivia y Brasil. La cooperación busca que estas características se desarrollen en un entorno con mayores condiciones de seguridad para las familias, comerciantes y actividades económicas de la región.
El Gobierno boliviano sostiene que el objetivo central es proteger a la población, recuperar espacios para la seguridad ciudadana y cerrar el paso a las estructuras del crimen organizado, mediante una acción conjunta con las autoridades brasileñas.
De esta manera, “Frontera Segura” se constituye en una herramienta de cooperación binacional que permitirá mantener operaciones coordinadas y fortalecer las capacidades de ambos países para enfrentar delitos que trascienden las fronteras nacionales.
La estrategia representa, además, una señal de coordinación entre Bolivia y Brasil para que la frontera sea un espacio de integración, comercio y desarrollo, y no una oportunidad para las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
sj
Foto ANF
El sector empresarial respaldó el proyecto de nueva Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno y destacó que la norma puede contribuir a generar mayor seguridad, confianza y previsibilidad para atraer inversiones nacionales e internacionales, fortalecer la producción y generar empleo en Bolivia.
El ministro Aramayo explicó que la propuesta está orientada a establecer mejores condiciones para quienes decidan invertir en el país, facilitando la llegada y expansión de capitales y promoviendo la generación de empleo, el crecimiento de la producción y el desarrollo de las distintas regiones.
Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de El Alto, María Cristina Soto Vega, expresó su respaldo a la iniciativa y remarcó la importancia de que la nueva normativa sea elaborada con claridad y mediante un proceso de socialización con los diferentes sectores.
“Consideramos, como empresarios, que esta ley es importante y tiene que hacerse de manera clara, como lo están haciendo ahora. (…) Tenemos que ver que esta ley sea socializada y concientizada con las bases”, destacó Soto Vega.
En la misma línea, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, calificó de positiva la propuesta y señaló que una Ley de Inversiones es fundamental para generar condiciones que permitan atraer inversión extranjera al país.
Kempff también destacó la importancia de garantizar la libre transitabilidad como un elemento necesario para acompañar el desarrollo económico y generar mejores condiciones para la actividad productiva y las inversiones.
“Una ley de libre transitabilidad es muy importante para poder desarrollar la economía del país y el desarrollo de nuestros ciudadanos a nivel nacional”, declaró Kempff a la Agencia de Noticias Fides (ANF), tras señalar que una ley de inversiones es fundamental para que la inversión extranjera llegue al país.
La posición expresada por el representante empresarial refleja el respaldo del sector privado a la iniciativa de contar con un nuevo marco para las inversiones y, al mismo tiempo, plantea la importancia de garantizar la circulación y el normal desarrollo de las actividades económicas en todo el territorio nacional.
El proyecto de Ley de Inversiones fue remitido por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional después de un proceso de socialización con representantes del sector privado. La iniciativa busca establecer un marco que otorgue mayor previsibilidad a las inversiones y permita que el capital contribuya al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo productivo de Bolivia.
Con el respaldo expresado por representantes empresariales, el proyecto avanza hacia su tratamiento legislativo, mientras el Gobierno y el sector privado coinciden en la importancia de generar condiciones que permitan atraer inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en el país.
SJ
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