Bolivia, junto a Chile, Ecuador, Argentina y Perú, acordó la creación de un plan de acción regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional mediante estrategias coordinadas, mecanismos conjuntos y medidas verificables que permitan fortalecer la seguridad en la región.
El compromiso fue asumido durante una reunión desarrollada en Santiago de Chile, donde participaron ministros de Relaciones Exteriores y autoridades encargadas de seguridad de los cinco países. En representación del Estado boliviano estuvo el canciller Fernando Aramayo, quien formó parte del encuentro regional orientado a consolidar acciones comunes frente al crecimiento del crimen organizado.
Durante la reunión, las delegaciones coincidieron en que la lucha contra las redes delictivas internacionales requiere una respuesta articulada entre los Estados, tomando en cuenta que delitos como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando, lavado de dinero y otros hechos vinculados al crimen transnacional superan las fronteras nacionales y demandan cooperación permanente.
Como parte de los acuerdos alcanzados, los cinco países decidieron conformar un Grupo de Trabajo técnico-operativo integrado por entidades especializadas de cada nación participante. Esta instancia tendrá la misión de elaborar un “Plan de Acción Conjunto” enfocado en implementar medidas concretas con resultados medibles y verificables, respetando las legislaciones nacionales y los marcos institucionales de cada Estado.
El nuevo equipo regional trabajará en propuestas relacionadas con seguridad, inteligencia financiera y tributaria, control migratorio, vigilancia fronteriza, trazabilidad de operaciones ilícitas y otras áreas estratégicas que permitan fortalecer la coordinación regional frente a organizaciones criminales.
Asimismo, se determinó que el Grupo de Trabajo contará con liderazgo rotatorio anual entre los países miembros, siguiendo el orden alfabético. La instalación oficial y la primera reunión técnica deberán realizarse dentro de los próximos 90 días.
Otro de los puntos acordados establece que, en un plazo de 180 días, las cancillerías, ministerios de seguridad y entidades técnicas correspondientes volverán a reunirse para evaluar el avance de los compromisos asumidos y revisar la implementación de las acciones definidas.
Las autoridades participantes remarcaron la necesidad de reforzar los mecanismos de integridad institucional y cooperación internacional como herramientas fundamentales para enfrentar estructuras criminales que operan en distintos territorios de Sudamérica.
La iniciativa regional surge en un contexto marcado por el incremento de delitos vinculados a organizaciones transnacionales, situación que ha generado preocupación en distintos gobiernos de la región debido al impacto que estos hechos provocan en la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y el control fronterizo.
Con este acuerdo, Bolivia y los demás países participantes buscan consolidar una estrategia conjunta orientada a mejorar la coordinación operativa y fortalecer la capacidad de respuesta regional frente al crimen organizado.