Por: Martin Moreira
Miembro de la Red Boliviana de Economía Política
Las medidas adoptadas por el Gobierno han logrado una moderada estabilización en los precios, pero no serán suficientes sin una estrategia más integral. El control del contrabando y el fortalecimiento de la producción nacional son solo una parte de la solución. El camino hacia la sostenibilidad económica y la atracción de divisas se basa en la industrialización, la sustitución de importaciones y la inversión en materias primas estratégicas. Además, es imprescindible establecer sanciones realmente severas para los contrabandistas y para los funcionarios que los encubren. Las medidas de control en las fronteras deben convertirse en políticas permanentes y de largo plazo que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores y fomenten la producción interna. Sin estos cambios estructurales, Bolivia podría enfrentarse a una situación económica aún más crítica en los próximos meses.
Bolivia atraviesa una situación económica marcada por la inflación importada, la fuga de alimentos y la excesiva politización del contexto social. Durante este año, el malestar económico se ha intensificado. En agosto, la inflación alcanzó el 1,51%, la cifra más alta del año. Sin embargo, en septiembre, este indicador descendió al 0,88%, lo que sugiere que las medidas implementadas por el Gobierno han tenido cierto éxito en controlar el mercado interno. No obstante, estas acciones, aunque necesarias, ya no parecen ser suficientes.
Uno de los factores que más ha afectado a la economía boliviana es el contrabando a la inversa. Alimentos producidos con subvenciones nacionales son transportados a países vecinos debido a los precios competitivos en Bolivia, lo que genera una pérdida de recursos alimenticios para el país. Frente a esta problemática, el Gobierno ha intensificado los controles fronterizos e instruido la militarización de las mismas. Estas medidas buscan frenar la fuga de productos esenciales como el maíz, el arroz y el azúcar, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
Además, el Gobierno ha implementado otras acciones para amortiguar los efectos de la inflación importada. Una de las más destacadas es la reducción del gravamen arancelario para la importación de materias primas clave, como trigo, maíz y maquinaria agrícola. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y busca garantizar la producción y el acceso a productos de primera necesidad a precios controlados.
El Viceministerio de Defensa del Consumidor ha intensificado sus controles en los mercados, en colaboración con las alcaldías, para evitar la especulación y garantizar precios justos. A esto se suma la puesta en marcha del Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria, que supervisa el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas.
Asimismo, el Gobierno ha organizado ferias de alimentos, como las denominadas “Del campo a la olla”, donde los agricultores venden directamente al consumidor, eliminando intermediarios y garantizando precios accesibles. Esta es una medida valiosa en un contexto de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes deben hacer frente a una economía donde los precios bajos favorecen la compra de productos nacionales, pero también atraen a compradores extranjeros.
Pese a estos esfuerzos, persiste la incertidumbre sobre si las acciones del Gobierno serán suficientes para mitigar el impacto de la inflación y la crisis climática que afecta la producción agrícola. Mientras tanto, los precios de alimentos esenciales como el tomate, la papa y el azúcar siguen siendo más bajos en Bolivia que en países vecinos como Argentina y Brasil, lo que genera una presión constante sobre el mercado interno.
