Por: Martin Moreira

Forma parte de la Reb Boliviana de Economía Político

En tiempos donde la obediencia al FMI se mide como virtud y la deuda externa como señal de madurez económica, Bolivia comete el peor de los pecados: no rendirse. Mientras las agencias calificadoras ajustan sus lupas ideológicas y los voceros del libre mercado se desgarran las vestiduras, el país insiste en un modelo propio, con soberanía, empresas públicas y sin la bendición del Fondo. El resultado: acusaciones de populismo, alarmas de riesgo país y pronósticos apocalípticos dignos de una película de catástrofes. En este contexto, repasamos —con la dosis justa de ironía— algunas verdades incómodas sobre lo que realmente molesta de Bolivia: que todavía no se ha vendido.

En Bolivia, cada tanto, resurgen los rumores de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está al acecho. No por gusto, claro, sino porque ciertos actores políticos y mediáticos parecen extrañar los viejos tiempos de ajustes estructurales, privatizaciones y recetas mágicas importadas. Y como el país se resiste a venderse al mejor postor, entonces, hay que hacerlo parecer más riesgoso. ¿Cómo? Fácil: se baja la calificación crediticia, se eleva el riesgo país y se repite en coro que el modelo económico boliviano está “agotado”. ¿Casualidad? No tanto.

Lo curioso es que mientras Moody’s —esa agencia cuya objetividad es tan discutida como el horóscopo— amenaza con seguir bajando la nota a Bolivia, JP Morgan se anima a subirnos el riesgo país. Todo muy coherente. Eso sí, otros países de la región con modelos neoliberales, deudas impagables y crisis sociales profundas, no parecen tan riesgosos. ¿Por qué? Quizás porque cumplen con una condición básica: sí se venden.

¿Será que el verdadero peligro que ven en Bolivia es que su modelo económico —con todas sus tensiones— funcione sin FMI? ¿Y si ese mal ejemplo se contagia? Peor aún, ¿y si otros países deciden que pueden tener soberanía económica y política sin la tutela del Fondo?

Entonces viene la profecía: que el crecimiento bajará del 2,8% en 2024 al 1,1% en 2025. Lo dice el FMI, acompañado por el Banco Mundial, con su habitual entusiasmo por el pesimismo selectivo. Porque cuando se trata de Bolivia, todo parece culpa del modelo. Incluso la inflación provocada por más de 40 días de bloqueo político (con pérdidas que superan los 4.500 millones de dólares) se interpreta como «fallo estructural», no como el resultado de una crisis política fabricada.

La inflación acumulada en Bolivia entre enero de 2024 y marzo de 2025 se estima en un 15%. De ese total, al menos un 10% puede atribuirse directamente a factores políticos y mediáticos internos: bloqueos, sabotajes institucionales y una campaña de incertidumbre orquestada por actores que no quieren gobernar, sino tomar el poder a cualquier precio.

¿Y los medios? Cómplices entusiastas. Amplifican los informes del FMI como si fueran evangelios y cuestionan al modelo boliviano por no rendirse al dogma. ¿La meta? Crear el clima ideal para lo de siempre: devaluar la moneda, vender las empresas públicas, beneficiar a las transnacionales y abrirle la puerta al Fondo. Porque al final, ¿para qué quieren tanto poder algunos políticos? ¿Para gobernar? No, para liquidar.

Pero mientras nos pintan el apocalipsis, echemos un vistazo al “milagro” del FMI en la región. Argentina, por ejemplo, que volvió a endeudarse con el Fondo —esta vez vía decreto y sin pasar por el Congreso, como manda la ley— vive un experimento anarco-capitalista tan desastroso que ya ni Javier Milei puede justificarlo. Y eso que en 2022 lo criticaba por ser una “institución perversa”. Pero claro, una cosa es hablar y otra gobernar.

Y la pregunta cae por su propio peso: ¿para qué quieren el poder? ¿Para vender las empresas públicas? ¿Para beneficiar a las transnacionales? ¿Para devaluar la moneda, disparar las tasas de interés y recibir al FMI con alfombra roja?

No sería la primera vez. En la región ya vimos este guion. Lo protagoniza ahora mismo Javier Milei en Argentina, donde el presidente ultraliberal decidió endeudar de nuevo al país con el FMI —esta vez sin siquiera pasar por el Congreso, vía decreto de necesidad y urgencia—. Lo contaba con ironía Marco Teruggi desde América Latina: cada proceso neoliberal, desde las dictaduras hasta Macri y ahora Milei, termina igual… con más deuda y menos soberanía.

La lista de países que han sucumbido al «milagro» del FMI es larga y poco inspiradora: Egipto, Ecuador, Pakistán, Albania, Georgia, Ucrania… y claro, Argentina. Todos endeudados hasta las cejas, y pagando sobrecostos del 30% respecto al monto inicial que el Fondo les “prestó para rescatarlos”. Generoso, pero caro.

Lo del FMI no es una cuestión de ideología radical, ya no lo dicen solo los “marxistas redentos”, ni los “anticapis” nostálgicos de los 90. Lo dice hasta Milei… o mejor dicho, lo decía Milei en 2022, antes de ser presidente. Según él mismo, el Fondo es una institución perversa que solo sirve para que los gobiernos sin credibilidad empujen el ajuste al próximo. Ironías del destino: hoy es exactamente eso lo que está haciendo su administración.

Mientras tanto, en su «oasis libertario», la nafta se multiplicó por cuatro, el consumo de carne bajó 10 kilos por persona, la venta de cemento cayó un 25% y la producción de autos disminuyó en más de 100.000 unidades. ¿Venezuela? No, Argentina.

A 500 días de su asunción, los indicadores son lapidarios: caída del 20% en ventas de alimentos, del 17% en turismo y una industria operando al 58% de su capacidad. Pero, eso sí, todo en nombre del libre mercado. Porque según la lógica de Milei, el pueblo debe dejar de comer carne y viajar para “estimular la inversión”. ¿Y se logró? No. La inversión también cayó: 2,8% del PIB menos, lo que se traduce en casi 20 mil millones de dólares que ya no van a maquinaria ni producción.

¿Conclusión? Argentina hoy produce menos que hace un año. Y mañana producirá menos que hoy.

Y aun así, algunos sueñan con ese modelo para Bolivia. Sueñan con que el FMI entre, como si fuera un redentor. Mientras tanto, el difamado modelo económico boliviano —con sus imperfecciones, sí— sigue resistiendo la crisis política y mediática, y ofreciendo respuestas. Porque, a pesar de todo, aún no nos hemos vendido. Y eso, hoy por hoy, es un acto de resistencia.

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En 2025, Bolivia enfrenta una grave crisis inflacionaria que ha afectado considerablemente la economía del país, especialmente el poder adquisitivo de la población. Esta situación ha sido exacerbada por varios factores, entre los que destacan la crisis política interna, que ha bloqueado la aprobación de leyes cruciales, y el contrabando, la especulación y las malas prácticas comerciales que intensifican el aumento de los precios. Frente a este panorama, el gobierno ha implementado diversas medidas, entre ellas la Séptima Disposición del PGE 2025, una estrategia clave para enfrentar la inflación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales a precios razonables. Esta disposición se presenta como una respuesta urgente y necesaria para mitigar los efectos de la crisis y proteger la economía de los bolivianos.

La crisis inflacionaria que atraviesa Bolivia en 2025 ha tenido repercusiones significativas en la economía del país, afectando el poder adquisitivo de la población y elevando los precios de productos esenciales. Entre los diversos factores que contribuyen a este daño económico, destaca la crisis política interna, que ha obstaculizado la aprobación de leyes y créditos de manera malintencionada. A esto se suman el contrabando, la especulación y las malas prácticas comerciales, los cuales han intensificado este panorama inflacionario. Ante la previsión de que el contexto en 2025 se tornaría más difícil debido a la excesiva politiquería, el Estado ha tomado medidas, y en este escenario, la Séptima Disposición se presenta como una herramienta clave para proteger a los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de alimentos a precios razonables.

La Inflación, un fenómeno multifacético

El aumento en los precios de alimentos, transporte y productos básicos ha sido notable en los últimos meses. En enero de 2025, la inflación alcanzó un alarmante 1,95%. En febrero, esta cifra fue parcialmente contenida por políticas económicas, logrando un 1,26%, en un contexto marcado por actores políticos e ilegales. En marzo, sumado al aumento de alimentos, transporte, servicios, verduras y almuerzos, la inflación se registró en 1,71%, una cifra menor que la de enero, lo que lleva a un acumulado de 5% en los primeros tres meses. Sin embargo, esta cifra podría haberse triplicado, pero las acciones del Estado han logrado contenerla. Se podría afirmar que la extrema politización de la situación es responsable en un 70% de la inflación en el país. Se prevé que en 2025 la inflación pueda superar los dos dígitos.

La crisis política que atraviesa Bolivia ha acentuado la incertidumbre económica, mientras que la especulación y el agio por parte de algunos intermediarios en la cadena de comercialización de productos alimenticios contribuyen al alza de los precios. Esto ha afectado especialmente a productos de primera necesidad, como la carne, que ya ha subido un 40%, generando gran preocupación en los hogares bolivianos. Sin embargo, parece que este tema no preocupa a la clase política, que sigue centrada únicamente en la lucha por la silla presidencial, mientras el Estado presenta propuestas para contener la inflación.

El contrabando y la especulación y sus dos factores claves

El contrabando, especialmente el «contrabando a la inversa» de alimentos y combustibles, ha sido identificado como uno de los factores fundamentales que agravan la inflación en Bolivia. En 2024, la afectación por contrabando a la inversa, es decir, la salida ilegal de productos nacionales, alcanzó un total de Bs 11.029.879 millones. A lo largo de este año, la cifra ya superó los Bs 10 millones. A continuación, se presentan datos concretos de 2024 para ejemplificar el daño que el contrabando genera al mercado interno y su contribución al alza de la inflación en el país.

De esa cifra, Bs 9.479.170 corresponden a alimentos y Bs 1.550.709 a combustibles. En conjunto, la afectación total por contrabando a la inversa en 2024 fue de Bs 11.029.879 millones.

El contrabando a la inversa implica la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos y combustibles, hacia países vecinos debido a los bajos precios de estos productos en el mercado interno. Esta actividad ilegal afecta gravemente el abastecimiento nacional.

Según datos oficiales, se intentaron sacar de Bolivia 133 cabezas de res, con un valor estimado de Bs 1.236 millones; 32.300 kilos de carne de cerdo, por Bs 1.130.500; y 6.000 kilos de carne de pollo, por Bs 90.000. Entre otros productos que intentaron ser sacados de Bolivia se encuentran la papa, harina de trigo, soya, azúcar, arroz, fideos, aceite, maíz, quinua, huevo, yuca, afrecho y frutas, además de frangollo y otros productos varios.

Los operativos de control también incautaron 124.700 litros de gasolina, valorados en Bs 466.378; 317.890 litros de diésel, por Bs 1.062.581; y 87 garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con un valor de Bs 21.750.

A este fenómeno se suma la especulación por parte de algunos actores de la cadena comercial, quienes almacenan productos en condiciones ilegales con el objetivo de provocar escasez y encarecer los precios. Este comportamiento fue especialmente evidente durante la crisis del aceite refinado de soya, cuando se descubrió un acopio ilegal que alteraba la oferta y la demanda del producto en el mercado.

La Séptima Disposición del PGE 2025: Un antídoto contra la crisis alimentaria

En medio de esta tormenta económica, el gobierno boliviano ha implementado la Séptima Disposición, una medida diseñada para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales y regular los precios. Esta disposición faculta a las autoridades para llevar a cabo acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos que sean objeto de especulación o que estén siendo retenidos ilegalmente.

La disposición obliga a los actores de la cadena productiva de alimentos a declarar información sobre su producción, transformación y comercialización, con el fin de evitar que los productos sean desviados hacia mercados ilegales o sean objeto de prácticas especulativas. De esta manera, se busca regular el flujo de productos básicos, controlar el precio de los alimentos y proteger a la población frente a la inflación descontrolada.

Desafíos y proyecciones futuras

El impacto de la inflación sobre los precios de los alimentos y otros productos básicos ha sido devastador, especialmente en los hogares de clase media y baja. En marzo de 2025, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,71% respecto al mes anterior. Los productos con mayores aumentos fueron la carne de pollo, la carne de res, el tomate y el transporte en minibús.

Las autoridades bolivianas están comprometidas en implementar medidas urgentes para controlar esta crisis, desde intensificar la lucha contra el contrabando hasta suspender temporalmente las exportaciones de productos como el aceite refinado de soya, con el fin de garantizar el abastecimiento interno.

Hacia una solución eficaz

La situación inflacionaria en Bolivia es compleja y multifacética, pero la Séptima Disposición se presenta como una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía. A través de medidas de control y fiscalización, se busca reducir la especulación, garantizar el abastecimiento de alimentos y estabilizar los precios en el mercado interno. Sin embargo, la implementación efectiva de esta disposición será clave para enfrentar los desafíos que la inflación y el contrabando imponen a la economía del país.

Mientras tanto, el gobierno boliviano sigue trabajando para superar los efectos de la crisis política y económica, con el objetivo de asegurar que los bolivianos puedan acceder a productos básicos a precios justos, independientemente de las tensiones económicas que persisten. La situación sigue siendo incierta, pero con la aplicación de medidas como la Séptima Disposición, se esperan mejoras sustanciales en el control del mercado alimentario y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Por: Martin Moreira

Analista Económico

Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política

Sistema Bretton Woods 2.0: la revolución sin disparos que reescribe la economía global. Mientras Estados Unidos recurre a viejas fórmulas de presión comercial —subiendo aranceles y agitando el proteccionismo como arma geopolítica—, China avanza de forma silenciosa pero contundente hacia un rediseño total del orden económico global. Ya no se trata solo de responder a los castigos arancelarios de Washington; el gigante asiático está sentando las bases de lo que muchos ya llaman el Sistema Bretton Woods 2.0: una nueva arquitectura financiera sustentada en el yuan digital, redes de pagos propias y una infraestructura tecnológica autónoma. En lugar de confrontar, China crea. En vez de reaccionar, anticipa. Esta estrategia, más cercana a una reprogramación sistémica que a un conflicto tradicional, está desplazando al dólar sin necesidad de disparar una sola bala. La revolución ya comenzó, y su campo de batalla es la infraestructura del siglo XXI.

Estados Unidos sigue apostando por la presión comercial directa, incrementando aranceles como medida de castigo. Pero China parece jugar a largo plazo: construye alternativas sistémicas, redefine la arquitectura financiera global y desplaza el dólar sin confrontación directa. Una apuesta basada no en la reacción, sino en el rediseño estratégico del futuro económico. Una revolución sin balas ni tambores, pero con consecuencias sísmicas para el orden mundial.

Mientras Estados Unidos insiste en la imposición de aranceles como herramienta de presión económica, China avanza silenciosamente en una transformación radical del sistema financiero mundial. En un movimiento doble que redefine las reglas del juego, el gigante asiático anunció una fuerte alza arancelaria a productos estadounidenses, y al mismo tiempo, consolidó su red de pagos digitales basada en el yuan, dejando atrás la dependencia del sistema SWIFT y, con ello, del dólar. Aranceles en escalada: del 84% al 125%

La tensión comercial entre las dos principales economías del mundo volvió a escalar esta semana. El Gobierno chino anunció un aumento de aranceles a los productos estadounidenses, que pasaron del 84% al 125%. Esta decisión se da como respuesta a la reciente imposición de tarifas de hasta el 145% por parte de la administración de Donald Trump, que justificó la medida acusando a Pekín de una “falta de respeto” en los mercados internacionales.

“Estados Unidos impuso deliberadamente aranceles excesivamente altos a China, lo que violó gravemente las reglas económicas y comerciales internacionales”, expresó el Ministerio de Comercio chino en un duro comunicado. Además, advirtió que si Washington continúa por ese camino, “se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial”.

Mientras tanto, China cambia las reglas del juego

Lejos de quedarse en el terreno de las represalias arancelarias, China está llevando a cabo una revolución silenciosa, una estrategias, de un nuevo orden: China rediseña la economía global mientras EE.UU. sube aranceles Estados Unidos sigue apostando por la presión comercial directa, incrementando aranceles como medida de castigo. Pero China parece jugar a largo plazo: construye alternativas sistémicas, redefine la arquitectura financiera global y desplaza el dólar sin confrontación directa. Una apuesta basada no en la reacción, sino en el rediseño estratégico del futuro económico. Una revolución sin balas ni tambores, pero con consecuencias sísmicas para el orden mundial. fundamente disruptiva: la implementación de su propia red de pagos digitales transfronterizos basada en el yuan digital.

Diez países de la ASEAN, junto con seis naciones del Medio Oriente, ya operan en esta red, representando el 38% del comercio mundial. En lugar de utilizar el sistema SWIFT, dominado por el dólar estadounidense, las transacciones ahora se procesan en cuestión de segundos a través del puente digital chino. Un pago que antes demoraba entre 3 y 5 días, hoy se liquida en apenas 7 segundos.

En una de las pruebas iniciales entre Hong Kong y Abu Dhabi, una empresa transfirió fondos a un proveedor sin pasar por intermediarios bancarios, con una reducción del 98% en comisiones. La trazabilidad y la automatización del yuan digital no solo mejoran la eficiencia, también refuerzan controles contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. El Bretton Woods 2.0 ya comenzó Este proceso se puede definir como la “batalla de avanzada del Sistema Bretton Woods 2.0”. Y no es una metáfora. Estamos ante una reescritura del código base de la economía global, impulsada por blockchain, comunicación cuántica y geopolítica de alto nivel

En el marco de la iniciativa “Dos Países, Dos Parques” con Indonesia, China completó un pago en solo 8 segundos. Ya hay 23 bancos centrales participando en las pruebas de esta red, y en Medio Oriente los costos de liquidación cayeron un 75%.

Solo en 2024, el volumen de transacciones transfronterizas en yuan con países de la ASEAN superó los 5.8 billones de yuanes, un crecimiento del 120% desde 2021. Seis países —entre ellos Malasia, Singapur y Tailandia— ya integran yuanes en sus reservas internacionales. Tailandia, incluso, completó su primer pago petrolero con esta moneda digital.

Una nueva infraestructura de poder

Pero más allá de las cifras, el yuan digital se integra en una arquitectura de poder. No es solo una moneda: es una plataforma estratégica. Se enlaza con la navegación Beidou, la infraestructura de la Franja y la Ruta, y tecnologías de comunicación cuántica.

Desde el ferrocarril China-Laos hasta la Ruta del Ártico, el yuan digital no solo mueve bienes, sino que reconfigura las rutas mismas del comercio global. China promete una eficiencia 400% mayor en fletes pagados con su moneda digital.

El nuevo sistema operativo de la economía mundial

El Banco de Pagos Internacionales lo dijo con claridad: “China está definiendo las reglas del juego en la era de la moneda digital”. Hoy, el 87% de los países del mundo ya ha integrado al menos una parte de esta infraestructura y el volumen de pagos internacionales suPor: Martin Moreira Analista Económico Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política pera ya los 1.2 billones de dólares. Mientras en Washington aún debaten los riesgos de las monedas digitales para el estatus del dólar, China ya tomó el control del nuevo sistema operativo financiero del siglo XXI.

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

Podríamos estar escribiendo páginas y páginas sobre las mentiras que ha dicho el «empresario», pero con estos dos puntos ya se le ha mostrado la cola al ratón. En conclusión, las afirmaciones de Claure presentan una visión sesgada y favorecen la inversión extranjera sin tener en cuenta las alternativas de desarrollo soberano que Bolivia está buscando. Este tipo de discurso, que pretende hacernos creer que el país está en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, se inspira en modelos fallidos de otros países como Sudáfrica en los años 90, donde la explotación de los recursos naturales por las transnacionales solo llevó a la miseria y a la pérdida de logros en la industrialización. Lo que realmente está en juego es el futuro de Bolivia, que debe consolidar una estrategia de industrialización, valor agregado y sostenibilidad económica, para no depender únicamente de la venta de materias primas. Esta es la verdadera lucha que debemos enfrentar: no dejar que el país sea entregado a intereses externos que solo buscan lucrar con lo que hemos construido.

Estamos frente a una monumental coyuntura polarizada, en la que se plantea la idea de que en Bolivia no se ha hecho nada y que estamos entrando en círculos de crisis. Esta narrativa es propagada por una maraña de políticos, analistas y mediáticos que lanzan dardos de especulación y mentiras por doquier. En una de estas coyunturas mediáticas, se entrevistó a Marcelo Claure, un boliviano que tuvo mucho éxito fuera del país. Sin embargo, parece que a él solo le interesa seguir amasando fortunas, pero con los recursos naturales de los bolivianos. Me animaría a decir que Claure busca jugar el papel de un «Elon Musk en miniatura», buscando solo sus propios intereses y transformando Bolivia en una suerte de Sudáfrica de los años 90.

Recordemos que en la Sudáfrica de los 90, este país, conocido por ser una de las principales naciones mineras del mundo, con grandes reservas de oro, diamantes, platino, carbón y otros recursos minerales, fue asediado por las transnacionales de minería, en su mayoría con capital extranjero. Estas compañías tuvieron un papel desafortunado en la economía de la población sudafricana, ya que sobreexplotaron los recursos, especialmente durante el apartheid, cuando la mano de obra era barata y la segregación facilitaba una mayor explotación laboral. Esta es la visión que algunos quieren inculcar en Bolivia: que estamos en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, como sucedió en este país africano, llevándonos a la miseria y perdiendo los logros de la industrialización que tanto molestan a aquellos personajes con la mirada puesta en los recursos estratégicos bolivianos.

Este artículo busca desmontar las mentiras que se están esparciendo y reflejar la coyuntura política actual, en la que los intereses foráneos a menudo se contraponen a los verdaderos intereses del país.

Creo que sería coherente comenzar hablando del litio y de la declaración de Claure: “Bolivia nunca va a ser competitiva haciendo baterías. No tenemos la capacidad de hacer baterías para ser competitivos en el mundo. No tenemos la tecnología. Lo que Bolivia tiene que hacer es vender un recurso natural que el mundo necesita, nos guste o no nos guste”. Estas declaraciones me recuerdan a la capitalización, cuando los recursos naturales como el gas fueron entregados a las transnacionales.

Es importante aclarar lo que Claure propone: dejar de industrializar el litio y venderlo como materia prima. Pero parece que este “empresario” no está al tanto de que en Bolivia ya existen dos empresas que están invirtiendo en el litio boliviano, con sumas que superan los 2.000 millones de dólares. Además, en el salar de Coipasa hay tres empresas interesadas en invertir una cantidad aún mayor.

Entonces, lo que Claure propone es sustituir la industria por un camión y una pala mecánica para extraer nuestro litio, transportarlo por tren con todos sus concentrados y luego venderlo a las transnacionales, que procesarán el litio y lo convertirán en carbonato de litio de grado batería. De esta manera, el país perdería el 90% de las ganancias generadas por la cadena productiva y solo quedaría con un 10%, para que las regiones compitan por las migajas que dejen las transnacionales.

Lo que Claure sugiere es que Bolivia se convierta en un simple proveedor de materia prima, sometiéndose a las transnacionales. Aquí es donde el «empresario» miente al decir que no quiere enriquecerse con los recursos del país, pero en realidad desea que vendamos nuestro litio sin valor agregado. Y aunque existen contratos detenidos en la Asamblea Plurinacional debido a intereses políticos y empresariales, acuerdos tan atractivos como los de Hon Kong CBC y Uranio One Group, que dejarían en el país el 70% de las ganancias del litio, Claure considera que estos acuerdos no son beneficiosos para Bolivia. La pregunta es: ¿realmente no quiere Claure robarnos nuestro litio? ¿Qué interés tiene en que vendamos el litio como materia prima en lugar de procesarlo y darle valor agregado? ¿De verdad Claure cree que los bolivianos somos tan inocentes? ¿Quiere Claure una Sudáfrica de los 90 en una Bolivia de 2025?

El “empresario” sugiere, como todos los precandidatos de la derecha, privatizar las empresas públicas. Creo que aquí se debe hacer una aclaración: en 2024, el Estado generó, entre empresas públicas, impuestos, la Ley 1503 y políticas monetarias, más de 9.000 millones de dólares, los cuales se invirtieron en el pago del servicio de la deuda externa, subvenciones, inversión en infraestructura, salud, educación, bonos y rentas para las clases más vulnerables, así como en temas medioambientales. Sin embargo, este “empresario” pretende dejar al país sin las empresas públicas, que generaron al menos el 50% de los recursos con los que actualmente cuenta el Estado boliviano.

Lo que devela esa afirmación es su interés en comprar empresas del Estado, como la Siderúrgica del Mutún o la planta de Urea, para lucrar con ellas. Luego diría que apostó por el país comprando empresas que, según él, son deficitarias, todo en nombre del «bien de los bolivianos». Esta es otra artimaña de un oportunista que sigue mintiendo. La verdad es que lo que quiere es lucrar con lo que se ha construido en el país durante estos cuatro años de cambio de la matriz productiva, que busca dejar de ser un país que solo vende materias primas, como él sugiere, para convertirse en un país que da valor agregado a sus recursos estratégicos, promoviendo una justa repartición de la riqueza entre los bolivianos, con inversión y consolidando la sostenibilidad económica del país.

Podríamos estar escribiendo páginas y páginas sobre las mentiras que ha dicho el «empresario», pero con estos dos puntos ya se le ha mostrado la cola al ratón. En conclusión, las afirmaciones de Claure presentan una visión sesgada y favorecen la inversión extranjera sin tener en cuenta las alternativas de desarrollo soberano que Bolivia está buscando. Este tipo de discurso, que pretende hacernos creer que el país está en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, se inspira en modelos fallidos de otros países como Sudáfrica en los años 90, donde la explotación de los recursos naturales por las transnacionales solo llevó a la miseria y a la pérdida de logros en la industrialización. Lo que realmente está en juego es el futuro de Bolivia, que debe consolidar una estrategia de industrialización, valor agregado y sostenibilidad económica, para no depender únicamente de la venta de materias primas. Esta es la verdadera lucha que debemos enfrentar: no dejar que el país sea entregado a intereses externos que solo buscan lucrar con lo que hemos construido.