Por: Martin Moreira
Forma parte de la Red de Economía política Boliviana
La economía boliviana enfrenta un momento crucial, marcado por una serie de críticas que cuestionan la sostenibilidad del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). A pesar de los cuestionamientos, especialmente de sectores empresariales que hoy transitan por la senda política, la realidad es que este modelo ha sido clave en la redistribución de recursos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. La deuda pública se la maneja como la excusa perfecta para legitimar un discurso político que beneficia a un sector empresarial ansioso por evitar el control estatal y continuar generando fuga de divisas para triplicar sus ganancias. Utilizan la deuda como el único parámetro para juzgar la efectividad de un modelo económico que ha priorizado el cambio en la matriz productiva, la reinversión en materias primas estratégicas, el bienestar colectivo y la estabilidad del país, todo ello en contraposición a los intereses de pequeños sectores económicos que se benefician de prácticas cuestionables. En este contexto, es fundamental reflexionar sobre si el verdadero desafío radica en la deuda o en la falta de transparencia y responsabilidad en otros sectores, que han desviado recursos que podrían haber fortalecido aún más las finanzas del país.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) ha sido una herramienta clave para la redistribución de los recursos económicos en Bolivia, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad social. Este modelo no se limita únicamente a la entrega de bonos a poblaciones vulnerables, sino que incluye una inversión pública significativa que busca el bienestar colectivo. Sin embargo, algunos sectores empresariales, que ahora han iniciado su carrera política, han planteado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de este enfoque económico.
Una de las críticas recurrentes gira en torno a la deuda pública y externa del país. Según datos actualizados al 25 de noviembre de 2024, la deuda externa de Bolivia asciende a 13.333 millones de dólares, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la deuda pública representa el 19,2% del PIB, lo que eleva el total al 45% del PIB, el 90% de la deuda pública se invertido en infraestructura inversión pública. En comparación con otros países de la región, este nivel de endeudamiento se encuentra dentro de parámetros manejables, gracias a políticas económicas que han priorizado la estabilidad y la protección de la ciudadanía frente a crisis externas e internas.
Para entender mejor esta situación, un Estado tiene dos opciones principales: la primera es el endeudamiento con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que terminan saqueando los recursos nacionales y beneficiando únicamente a pequeños sectores, como el de Cainco.
La segunda opción es la deuda pública, que implica un menor costo social, es sostenible debido a los bajos intereses y permite una evolución saludable de las finanzas públicas. En este sentido, el Estado prioriza a las clases vulnerables y al pueblo en general, optando por medidas más viables en lugar del desastre planteado por socios políticos de Cainco, como Branko Marinkovic, Tuto Quiroga o ciertos tiktoker que han sido responsables de la quiebra de bancos, venta de empresas públicas entre gallos y media noche y de operaciones cuestionables, como la compra de cementeras.
Es importante recordar que Bolivia atravesó momentos de inestabilidad política y social que impactaron la economía nacional. Los bloqueos prolongados, por ejemplo, generaron incertidumbre y contribuyeron a una inflación del 9,97%. Además, fenómenos como el contrabando inverso, el agio, la especulación y el acaparamiento de productos alimenticios exacerbaron el aumento de precios. Curiosamente, este incremento afectó principalmente a los productos provenientes de los agronegocios, un sector que, paradójicamente, ha registrado un notable crecimiento bajo el MESCP, al igual que la banca y la minería.
El sector de los agronegocios, que en 2002 no existía formalmente bajo esta denominación y era apenas incipiente, con escasa contribución a la economía, registró exportaciones de solo 300 millones de dólares. Sin embargo, ha experimentado un crecimiento exponencial bajo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).
A pesar de las críticas de la Cainco al modelo actual, este sector adoptó el nombre de «agronegocios» gracias a su crecimiento desmedido, alcanzando en 2023 exportaciones por un valor de 3.414 millones de dólares, una cifra que el IBCE calificó como un récord histórico.
Sin embargo, a pesar de este notable crecimiento, los dólares generados por dichas exportaciones no ingresaron al Sistema Financiero Boliviano. Esto se debe a que algunas entidades financieras y exportadores los desviaron hacia el exterior o los revendieron a importadores antes de que ingresaran formalmente al país. Es importante recordar a los críticos del modelo que, gracias a las políticas estatales, este sector ha crecido un 1000%.
Además, se pasa por alto que desde 2021 «los agronegocios» no pagan aranceles por la importación de bienes de capital, un beneficio directo que, sumado al subsidio en carburantes, reduce significativamente sus costos operativos. Este ahorro, que en teoría debería reinvertirse en Bolivia, en muchos casos solo ha servido para facilitar la fuga de capitales al extranjero. A ello se suma la facilidad de acceso al crédito y el apoyo estatal, como el 0% de aranceles para la importación de agroinsumos, lo que evidencia el nivel de respaldo brindado por el gobierno.
No obstante, este gremio empresarial, representado por Cainco, parece ignorar su problema estructural: los déficits recurrentes en exportaciones. Por ejemplo, entre 2015 y 2019, este déficit ascendió a 9.000 millones de dólares, monto que fue cubierto por el gobierno. Esta situación demuestra que nunca ingresaron al Sistema Financiero Boliviano el 100% de las divisas generadas, sino que muchas de ellas fueron desviadas.
Además, el CEDEIM, una ley diseñada a la medida del sector, permite ingresar únicamente el 70% de los dólares comerciales al Sistema Financiero. Lamentablemente, para los bolivianos, solo una empresa cumplió con el país, depositando 75 millones de dólares.
La pregunta clave es: ¿qué ocurrió con los dólares generados por las exportaciones de 2021, 2022 y 2023? La respuesta es clara: sectores como los exportadores son en gran medida responsables de la escasez de dólares comerciales en el país.
¿Por qué Cainco no ofrece una respuesta clara a esta cuestión? Esa es una interrogante que sigue pendiente y que deberían responder.
Esos son algunos ejemplos, pero también podríamos mencionar el negocio de las inmobiliarias, como el caso de Urubó, la depredación del medio ambiente y el mal uso del agua, un recurso que pertenece a los cruceños y representa su futuro. Asimismo, está el tráfico de tierras por parte de extranjeros, entre otros problemas, etc, etc, etc.
Esta realidad explica, en gran medida, por qué algunos sectores se opusieron a la Ley N° 1386, que establece la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Del mismo modo, se oponen actualmente a la incorporación en el PGE 2025 de un artículo que permita al Estado controlar la cadena productiva para garantizar la preservación de los alimentos destinados a los bolivianos.
Es evidente que el Estado tiene la obligación de supervisar la cadena productiva, ya que los recursos destinados a subsidios y aranceles del 0% provienen directamente de los bolsillos del pueblo. Por lo tanto, el gobierno debe velar por los intereses de los bolivianos. Además, este control podría sacar a la luz prácticas poco transparentes en el manejo de ingresos y divisas, como ya ocurrió con la oposición a la Ley N° 1386 por parte de ciertos sectores.
Mientras las críticas apuntan al endeudamiento, es crucial analizar cómo el modelo ha logrado mantener la estabilidad económica en un contexto de adversidades, gracias a las empresas públicas y a la Ley 1503, conocida como la «Ley del Oro». Esta ley ha permitido obtener recursos para pagar puntualmente el servicio de la deuda, que asciende a 1.500 millones de dólares, así como para subvencionar los carburantes y alimentos, con un monto superior a los 2.500 millones de dólares, además de haber provisto al sistema financiero con más de 700 millones de dólares hasta diciembre de 2024. A través de bonos, se ha beneficiado a más de cuatro millones de bolivianos, y se ha invertido en salud gratuita, que beneficia a más de 7.5 millones de bolivianos, en educación e infraestructura necesaria para el crecimiento. Todo ello ha sido financiado con las divisas generadas por la gestión del Estado a través de las empresas públicas, la Ley del Oro y las políticas monetarias. Esto ha permitido una redistribución de recursos, y la inversión pública no solo busca preservar la economía, sino también fortalecer la soberanía y el bienestar de los ciudadanos frente a los desafíos políticos y económicos.
En este sentido, el debate debería centrarse en cómo mejorar y fortalecer el modelo económico, en lugar de descalificarlo desde intereses sectoriales. Los datos demuestran que el MESCP sigue siendo una herramienta válida para enfrentar los retos del desarrollo y la justicia social en Bolivia.
