Abril 13, 2025

La relevancia de la Séptima Disposición para mitigar el impacto de la inflación en la economía popular

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En 2025, Bolivia enfrenta una grave crisis inflacionaria que ha afectado considerablemente la economía del país, especialmente el poder adquisitivo de la población. Esta situación ha sido exacerbada por varios factores, entre los que destacan la crisis política interna, que ha bloqueado la aprobación de leyes cruciales, y el contrabando, la especulación y las malas prácticas comerciales que intensifican el aumento de los precios. Frente a este panorama, el gobierno ha implementado diversas medidas, entre ellas la Séptima Disposición del PGE 2025, una estrategia clave para enfrentar la inflación y garantizar el abastecimiento de productos esenciales a precios razonables. Esta disposición se presenta como una respuesta urgente y necesaria para mitigar los efectos de la crisis y proteger la economía de los bolivianos.

La crisis inflacionaria que atraviesa Bolivia en 2025 ha tenido repercusiones significativas en la economía del país, afectando el poder adquisitivo de la población y elevando los precios de productos esenciales. Entre los diversos factores que contribuyen a este daño económico, destaca la crisis política interna, que ha obstaculizado la aprobación de leyes y créditos de manera malintencionada. A esto se suman el contrabando, la especulación y las malas prácticas comerciales, los cuales han intensificado este panorama inflacionario. Ante la previsión de que el contexto en 2025 se tornaría más difícil debido a la excesiva politiquería, el Estado ha tomado medidas, y en este escenario, la Séptima Disposición se presenta como una herramienta clave para proteger a los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de alimentos a precios razonables.

La Inflación, un fenómeno multifacético

El aumento en los precios de alimentos, transporte y productos básicos ha sido notable en los últimos meses. En enero de 2025, la inflación alcanzó un alarmante 1,95%. En febrero, esta cifra fue parcialmente contenida por políticas económicas, logrando un 1,26%, en un contexto marcado por actores políticos e ilegales. En marzo, sumado al aumento de alimentos, transporte, servicios, verduras y almuerzos, la inflación se registró en 1,71%, una cifra menor que la de enero, lo que lleva a un acumulado de 5% en los primeros tres meses. Sin embargo, esta cifra podría haberse triplicado, pero las acciones del Estado han logrado contenerla. Se podría afirmar que la extrema politización de la situación es responsable en un 70% de la inflación en el país. Se prevé que en 2025 la inflación pueda superar los dos dígitos.

La crisis política que atraviesa Bolivia ha acentuado la incertidumbre económica, mientras que la especulación y el agio por parte de algunos intermediarios en la cadena de comercialización de productos alimenticios contribuyen al alza de los precios. Esto ha afectado especialmente a productos de primera necesidad, como la carne, que ya ha subido un 40%, generando gran preocupación en los hogares bolivianos. Sin embargo, parece que este tema no preocupa a la clase política, que sigue centrada únicamente en la lucha por la silla presidencial, mientras el Estado presenta propuestas para contener la inflación.

El contrabando y la especulación y sus dos factores claves

El contrabando, especialmente el «contrabando a la inversa» de alimentos y combustibles, ha sido identificado como uno de los factores fundamentales que agravan la inflación en Bolivia. En 2024, la afectación por contrabando a la inversa, es decir, la salida ilegal de productos nacionales, alcanzó un total de Bs 11.029.879 millones. A lo largo de este año, la cifra ya superó los Bs 10 millones. A continuación, se presentan datos concretos de 2024 para ejemplificar el daño que el contrabando genera al mercado interno y su contribución al alza de la inflación en el país.

De esa cifra, Bs 9.479.170 corresponden a alimentos y Bs 1.550.709 a combustibles. En conjunto, la afectación total por contrabando a la inversa en 2024 fue de Bs 11.029.879 millones.

El contrabando a la inversa implica la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos y combustibles, hacia países vecinos debido a los bajos precios de estos productos en el mercado interno. Esta actividad ilegal afecta gravemente el abastecimiento nacional.

Según datos oficiales, se intentaron sacar de Bolivia 133 cabezas de res, con un valor estimado de Bs 1.236 millones; 32.300 kilos de carne de cerdo, por Bs 1.130.500; y 6.000 kilos de carne de pollo, por Bs 90.000. Entre otros productos que intentaron ser sacados de Bolivia se encuentran la papa, harina de trigo, soya, azúcar, arroz, fideos, aceite, maíz, quinua, huevo, yuca, afrecho y frutas, además de frangollo y otros productos varios.

Los operativos de control también incautaron 124.700 litros de gasolina, valorados en Bs 466.378; 317.890 litros de diésel, por Bs 1.062.581; y 87 garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con un valor de Bs 21.750.

A este fenómeno se suma la especulación por parte de algunos actores de la cadena comercial, quienes almacenan productos en condiciones ilegales con el objetivo de provocar escasez y encarecer los precios. Este comportamiento fue especialmente evidente durante la crisis del aceite refinado de soya, cuando se descubrió un acopio ilegal que alteraba la oferta y la demanda del producto en el mercado.

La Séptima Disposición del PGE 2025: Un antídoto contra la crisis alimentaria

En medio de esta tormenta económica, el gobierno boliviano ha implementado la Séptima Disposición, una medida diseñada para garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales y regular los precios. Esta disposición faculta a las autoridades para llevar a cabo acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos que sean objeto de especulación o que estén siendo retenidos ilegalmente.

La disposición obliga a los actores de la cadena productiva de alimentos a declarar información sobre su producción, transformación y comercialización, con el fin de evitar que los productos sean desviados hacia mercados ilegales o sean objeto de prácticas especulativas. De esta manera, se busca regular el flujo de productos básicos, controlar el precio de los alimentos y proteger a la población frente a la inflación descontrolada.

Desafíos y proyecciones futuras

El impacto de la inflación sobre los precios de los alimentos y otros productos básicos ha sido devastador, especialmente en los hogares de clase media y baja. En marzo de 2025, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,71% respecto al mes anterior. Los productos con mayores aumentos fueron la carne de pollo, la carne de res, el tomate y el transporte en minibús.

Las autoridades bolivianas están comprometidas en implementar medidas urgentes para controlar esta crisis, desde intensificar la lucha contra el contrabando hasta suspender temporalmente las exportaciones de productos como el aceite refinado de soya, con el fin de garantizar el abastecimiento interno.

Hacia una solución eficaz

La situación inflacionaria en Bolivia es compleja y multifacética, pero la Séptima Disposición se presenta como una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía. A través de medidas de control y fiscalización, se busca reducir la especulación, garantizar el abastecimiento de alimentos y estabilizar los precios en el mercado interno. Sin embargo, la implementación efectiva de esta disposición será clave para enfrentar los desafíos que la inflación y el contrabando imponen a la economía del país.

Mientras tanto, el gobierno boliviano sigue trabajando para superar los efectos de la crisis política y económica, con el objetivo de asegurar que los bolivianos puedan acceder a productos básicos a precios justos, independientemente de las tensiones económicas que persisten. La situación sigue siendo incierta, pero con la aplicación de medidas como la Séptima Disposición, se esperan mejoras sustanciales en el control del mercado alimentario y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos.

De la industrialización a la dependencia, el verdadero plan detrás de las palabras de Claure

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

Podríamos estar escribiendo páginas y páginas sobre las mentiras que ha dicho el «empresario», pero con estos dos puntos ya se le ha mostrado la cola al ratón. En conclusión, las afirmaciones de Claure presentan una visión sesgada y favorecen la inversión extranjera sin tener en cuenta las alternativas de desarrollo soberano que Bolivia está buscando. Este tipo de discurso, que pretende hacernos creer que el país está en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, se inspira en modelos fallidos de otros países como Sudáfrica en los años 90, donde la explotación de los recursos naturales por las transnacionales solo llevó a la miseria y a la pérdida de logros en la industrialización. Lo que realmente está en juego es el futuro de Bolivia, que debe consolidar una estrategia de industrialización, valor agregado y sostenibilidad económica, para no depender únicamente de la venta de materias primas. Esta es la verdadera lucha que debemos enfrentar: no dejar que el país sea entregado a intereses externos que solo buscan lucrar con lo que hemos construido.

Estamos frente a una monumental coyuntura polarizada, en la que se plantea la idea de que en Bolivia no se ha hecho nada y que estamos entrando en círculos de crisis. Esta narrativa es propagada por una maraña de políticos, analistas y mediáticos que lanzan dardos de especulación y mentiras por doquier. En una de estas coyunturas mediáticas, se entrevistó a Marcelo Claure, un boliviano que tuvo mucho éxito fuera del país. Sin embargo, parece que a él solo le interesa seguir amasando fortunas, pero con los recursos naturales de los bolivianos. Me animaría a decir que Claure busca jugar el papel de un «Elon Musk en miniatura», buscando solo sus propios intereses y transformando Bolivia en una suerte de Sudáfrica de los años 90.

Recordemos que en la Sudáfrica de los 90, este país, conocido por ser una de las principales naciones mineras del mundo, con grandes reservas de oro, diamantes, platino, carbón y otros recursos minerales, fue asediado por las transnacionales de minería, en su mayoría con capital extranjero. Estas compañías tuvieron un papel desafortunado en la economía de la población sudafricana, ya que sobreexplotaron los recursos, especialmente durante el apartheid, cuando la mano de obra era barata y la segregación facilitaba una mayor explotación laboral. Esta es la visión que algunos quieren inculcar en Bolivia: que estamos en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, como sucedió en este país africano, llevándonos a la miseria y perdiendo los logros de la industrialización que tanto molestan a aquellos personajes con la mirada puesta en los recursos estratégicos bolivianos.

Este artículo busca desmontar las mentiras que se están esparciendo y reflejar la coyuntura política actual, en la que los intereses foráneos a menudo se contraponen a los verdaderos intereses del país.

Creo que sería coherente comenzar hablando del litio y de la declaración de Claure: “Bolivia nunca va a ser competitiva haciendo baterías. No tenemos la capacidad de hacer baterías para ser competitivos en el mundo. No tenemos la tecnología. Lo que Bolivia tiene que hacer es vender un recurso natural que el mundo necesita, nos guste o no nos guste”. Estas declaraciones me recuerdan a la capitalización, cuando los recursos naturales como el gas fueron entregados a las transnacionales.

Es importante aclarar lo que Claure propone: dejar de industrializar el litio y venderlo como materia prima. Pero parece que este “empresario” no está al tanto de que en Bolivia ya existen dos empresas que están invirtiendo en el litio boliviano, con sumas que superan los 2.000 millones de dólares. Además, en el salar de Coipasa hay tres empresas interesadas en invertir una cantidad aún mayor.

Entonces, lo que Claure propone es sustituir la industria por un camión y una pala mecánica para extraer nuestro litio, transportarlo por tren con todos sus concentrados y luego venderlo a las transnacionales, que procesarán el litio y lo convertirán en carbonato de litio de grado batería. De esta manera, el país perdería el 90% de las ganancias generadas por la cadena productiva y solo quedaría con un 10%, para que las regiones compitan por las migajas que dejen las transnacionales.

Lo que Claure sugiere es que Bolivia se convierta en un simple proveedor de materia prima, sometiéndose a las transnacionales. Aquí es donde el «empresario» miente al decir que no quiere enriquecerse con los recursos del país, pero en realidad desea que vendamos nuestro litio sin valor agregado. Y aunque existen contratos detenidos en la Asamblea Plurinacional debido a intereses políticos y empresariales, acuerdos tan atractivos como los de Hon Kong CBC y Uranio One Group, que dejarían en el país el 70% de las ganancias del litio, Claure considera que estos acuerdos no son beneficiosos para Bolivia. La pregunta es: ¿realmente no quiere Claure robarnos nuestro litio? ¿Qué interés tiene en que vendamos el litio como materia prima en lugar de procesarlo y darle valor agregado? ¿De verdad Claure cree que los bolivianos somos tan inocentes? ¿Quiere Claure una Sudáfrica de los 90 en una Bolivia de 2025?

El “empresario” sugiere, como todos los precandidatos de la derecha, privatizar las empresas públicas. Creo que aquí se debe hacer una aclaración: en 2024, el Estado generó, entre empresas públicas, impuestos, la Ley 1503 y políticas monetarias, más de 9.000 millones de dólares, los cuales se invirtieron en el pago del servicio de la deuda externa, subvenciones, inversión en infraestructura, salud, educación, bonos y rentas para las clases más vulnerables, así como en temas medioambientales. Sin embargo, este “empresario” pretende dejar al país sin las empresas públicas, que generaron al menos el 50% de los recursos con los que actualmente cuenta el Estado boliviano.

Lo que devela esa afirmación es su interés en comprar empresas del Estado, como la Siderúrgica del Mutún o la planta de Urea, para lucrar con ellas. Luego diría que apostó por el país comprando empresas que, según él, son deficitarias, todo en nombre del «bien de los bolivianos». Esta es otra artimaña de un oportunista que sigue mintiendo. La verdad es que lo que quiere es lucrar con lo que se ha construido en el país durante estos cuatro años de cambio de la matriz productiva, que busca dejar de ser un país que solo vende materias primas, como él sugiere, para convertirse en un país que da valor agregado a sus recursos estratégicos, promoviendo una justa repartición de la riqueza entre los bolivianos, con inversión y consolidando la sostenibilidad económica del país.

Podríamos estar escribiendo páginas y páginas sobre las mentiras que ha dicho el «empresario», pero con estos dos puntos ya se le ha mostrado la cola al ratón. En conclusión, las afirmaciones de Claure presentan una visión sesgada y favorecen la inversión extranjera sin tener en cuenta las alternativas de desarrollo soberano que Bolivia está buscando. Este tipo de discurso, que pretende hacernos creer que el país está en crisis y que la única salida es vender nuestras empresas estratégicas a los capitales extranjeros, se inspira en modelos fallidos de otros países como Sudáfrica en los años 90, donde la explotación de los recursos naturales por las transnacionales solo llevó a la miseria y a la pérdida de logros en la industrialización. Lo que realmente está en juego es el futuro de Bolivia, que debe consolidar una estrategia de industrialización, valor agregado y sostenibilidad económica, para no depender únicamente de la venta de materias primas. Esta es la verdadera lucha que debemos enfrentar: no dejar que el país sea entregado a intereses externos que solo buscan lucrar con lo que hemos construido.

La logística energética boliviana: Avances de YPFB en medio de los desafíos del sector de hidrocarburos

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En el contexto del alto costo de la subvención a la importación de carburantes en Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha adoptado diversas medidas para mejorar la eficiencia en términos de precio y logística. A través de un análisis detallado, se revela que la empresa estatal ha logrado importantes avances en la optimización de procesos logísticos y ha impulsado proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura energética del país. Entre estos, destaca el proyecto del Ducto Mayaya – Caranavi, que no solo contribuirá a la mejora del transporte de gas natural en Bolivia, sino que también se perfila como un pilar clave para la seguridad energética a nivel nacional y regional. Además, iniciativas como la ampliación de la capacidad de almacenaje en el Terminal de Arica y la construcción de la Línea de Interconexión REFINOR-GIJA, evidencian el compromiso de YPFB con el fortalecimiento de la soberanía energética y la mejora de la competitividad. Estos esfuerzos no solo apuntan a optimizar la logística y reducir costos, sino también a consolidar un futuro energético más sostenible para Bolivia.

Ante la problemática del alto costo de la subvención a la importación de carburantes en Bolivia, YPFB implementa medidas para ser más eficiente en términos de precio y logística. Sin embargo, al analizar más a fondo las iniciativas impulsadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se evidencia que la empresa estatal está logrando importantes ahorros en logística y trabajando en proyectos estratégicos que fortalecen la infraestructura energética del país

Uno de los proyectos más relevantes es el Ducto Mayaya – Caranavi, que busca construir un gasoducto en su Fase 1 para transportar hasta 50 millones de pies cúbicos de gas por día (MMpcd). Este ambicioso proyecto, con un resultado programado para 2025, se encuentra actualmente en la ejecución de la Ingeniería Básica y de Detalle. El gasoducto tendrá un impacto directo en la mejora de la infraestructura de transporte de gas natural en Bolivia y contribuirá a asegurar el suministro energético tanto a nivel nacional como regional.

Este proyecto es gestionado por YPFB en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos (MHE) y la Cancillería, quienes se encuentran trabajando en las autorizaciones necesarias para realizar este proyecto a través de Chile, en busca de consolidar nuevas rutas energéticas.

Además, otro proyecto clave en la agenda de YPFB es la Ampliación de la Capacidad de Almacenaje en el Terminal de Arica. Este proyecto es fundamental para garantizar la seguridad del suministro y mejorar la logística de distribución de hidrocarburos en la región.

En paralelo, la Línea de Interconexión REFINOR-GIJA, que también tiene un resultado programado para 2025, se encuentra en ejecución. Este ducto de interconexión temporal e inmediata conectará las instalaciones del GIJA en la frontera con el punto de interconexión del ducto de la transportadora argentina. Este proyecto facilitará el transporte de combustibles, mejorando la integración energética de Bolivia con Argentina y contribuyendo a la eficiencia en la distribución de carburantes.

Estos proyectos no solo están pensados para fortalecer la infraestructura energética del país, sino también para mejorar la competitividad y garantizar el abastecimiento de gas y combustibles a precios competitivos. A medida que YPFB avanza en su agenda de proyectos estratégicos, se demuestra que, más allá de los comentarios o especulaciones, la empresa está trabajando activamente en un futuro energético más sostenible para Bolivia.

El gobierno actual ha logrado consolidar avances significativos en el sector de los hidrocarburos, marcando una diferencia clave en la recuperación de reservas de gas y la optimización logística en la importación de combustibles. La implementación de nuevas estrategias ha permitido reducir costos, aumentar la eficiencia y garantizar una mayor soberanía energética para Bolivia. Estos logros se perfilan como un legado clave para el futuro del país en el sector de los hidrocarburos.

Recuperación de Reservas de Gas y Optimización Logística: El Legado del Gobierno Actual

El actual gobierno de Bolivia ha dejado una huella significativa en la recuperación de las reservas de gas, revirtiendo el declive causado por la falta de inversión en exploración durante la administración de Evo Morales. Además, ha implementado mejoras sustanciales en la logística de importaciones, logrando una reducción en los costos y una optimización de la distribución de hidrocarburos.

Optimización Logística y Reducción de Costos

Uno de los logros más notables de la actual administración ha sido el cambio logístico en el corto plazo, lo que ha permitido una importación de mayor volumen a menor costo. Mientras que anteriormente se importaba a un costo de 8,51 bolivianos por litro, ahora el precio ha bajado a 7,51 bolivianos por litro. En cifras, en 2023 se pagaron 3.858 millones de dólares por la importación de 3.138 mil millones de litros, mientras que ahora, por 3.303 mil millones de litros, se pagan solo 3.463 millones de dólares un ahorro de 400 millones de dólares,

Estos logros han sido posibles gracias a estrategias como la implementación de nuevos poliductos y oleoductos, la ruptura del monopolio en el transporte y una mejor planificación en la compra de combustibles. Estas medidas han optimizado la distribución y reducido los costos, beneficiando así a la economía nacional. Uno de los avances más destacados es la implementación del gasoducto Osa II, que busca incrementar la capacidad de transporte de combustible. Esta infraestructura se extenderá desde Arica hasta Santa Cruz, lo que permitirá reducir los costos en un 35%.

Otra solución para el abaratamiento de la cadena de suministros es Botrading es una empresa estatal boliviana formada por YPFB Refinación y YPFB Logística, creada con el objetivo de romper el monopolio de las dos empresas proveedoras de combustible que dominaban históricamente el mercado. Esta medida responde a la necesidad de diversificar los actores en el sector energético y fortalecer la soberanía del país en términos de abastecimiento de combustibles.

La principal función de Botrading es realizar el monitoreo y la búsqueda de proveedores de diésel y gasolina, gestionando los procesos de adquisición y los procedimientos de contratación de manera eficiente. Gracias a su intervención, la empresa ha logrado optimizar la cadena de suministro, resultando en un ahorro significativo para el país. Desde 2023, Botrading ha logrado un ahorro de $30 millones al participar en 13 de las 40 contrataciones previamente dominadas por dos empresas internacionales, lo que representa un paso importante hacia la competitividad y la reducción de costos.

Es importante aclarar que, aunque Botrading es una empresa estatal boliviana, se encuentra constituida en Paraguay debido a cuestiones logísticas. A pesar de esta situación, su desempeño ha sido crucial para la economía nacional, ya que ha contribuido a mejorar la eficiencia en el proceso de importación y distribución de combustibles.

Reactivación de la Exploración y Nuevas Reservas

La administración actual ha retomado y optimizado el plan Upstream, basado en proyectos previamente planteados por Carlos Villegas pero desechados en gestiones pasadas. Gracias a este nuevo enfoque en la exploración, Bolivia ahora cuenta con 4,5 TCF (trillones de pies cúbicos) en reservas de gas y tiene programada la perforación de 56 nuevos pozos en los próximos años.

Para el 2025, se prevé la perforación de 13 pozos: 8 a cargo de YPFB y 5 por parte de filiales y subsidiarias. La meta proyectada para el 2030 es alcanzar una producción de 55 mil barriles de petróleo por día, garantizando el abastecimiento y fortaleciendo la soberanía energética del país.

Inversión en Exploración: Prioridad del Gobierno

La estrategia de inversión en exploración ha sido una prioridad del gobierno de Luis Arce. Se ha destinado el mayor porcentaje de inversión en hidrocarburos a la exploración en las últimas décadas, lo que ha dado resultados contundentes. Bajo su mandato, se han ejecutado más de 17 pozos y se han descubierto nuevas reservas, destacándose el hallazgo en Mayaya X1.

En contraste, durante la gestión de Evo Morales, solo se ejecutaron 4 pozos exploratorios, lo que refleja una significativa diferencia en el enfoque y los resultados obtenidos.

EL CEO-LCC COMISÓ BS1.1 MILLONES EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS



El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) afectó a este ilícito desde el 27 de marzo al 2 de abril en Bs1.167.439, informó el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Alfa” juntamente con el Grupo de Tarea (GT) “Santiago de Machaca” en la población del mismo nombre, en el departamento de La Paz, realizaron el comiso de contrabando a la inversa consistentes en 400 sacos de maíz, que eran transportados en un camión Volvo F-12 con placa de control 2459-LIE, en el lugar se procedió con la implementación de un puesto de control fijo para los respectivos controles.

El Grupo de Reacción Inmediata (GRI) “Bermejo”, realizó operativos de control de contrabando regular y contrabando a la inversa en la localidad de Bermejo (Tarija), encontrando 163 paquetes de coca cola que eran transportados en balsas clandestinas (gomones), los cuales fueron detenidos y comisados, los efectivos señalaron dar continuidad con las operaciones en la región. En operativo de control de contrabando a la inversa, también hallaron 37 paquetes de coca cola (3 litros), 2 sacos de hoja de coca, 11 paquetes de fideo, mismos que fueron debidamente comisados.

En el patrullaje fijo y móvil a cargo del Grupo de Tarea (GT) “Puerto Acosta” ubicado en la región de Puerto Acosta (La Paz),  se comisó aproximadamente  500 litros de diésel, distribuidos en varios bidones,  que no contaban con documentación de respaldo, que eran transportados en un vehículo miniban Toyota Noah color blanco, sin placa de control, donde el chofer se dio a la fuga,  tanto el combustible como el vehículo fueron  trasladados  al Grupo de Tarea (GT) de Chagualla.  

El Grupo de Tarea (GT) “Bermejo” en la localidad del mismo nombre (Tarija), realizaron operativos de control comisando 126 cajas de locoto, que eran transportados en un camión tipo Nisán Cóndor color blanco con placa de control 732-LRU.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Eco” en coordinación con el Grupo de Tarea (GT) “Villa Montes” en el departamento de Tarija hallaron un vehículo tipo furgoneta color blanco, con variedad de productos como: aceite,  hierba mate, champú,  dulce de leche, cigarrillos y licor Doble-V , donde se procedió a la incautación del vehículo y los productos, los cuales fueron trasladados a la Aduana Nacional de Campo Pajoso.

El Grupo de Reacción Inmediata (GRI) “Villamontes” en el sector los Matacos, también en Tarija, en un operativo de control, comisó mercadería argentina, que era trasladada en un vehículo minibús Fotón, con placa de control 4797-XFU, tanto la mercadería y el vehículo fueron trasladados al Regimiento Pisagua.
En cercanías del campo Chuquichambi, (Oruro) la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Andino”, tras un operativo de control, comisó un camión volqueta indocumentado, tipo Nissan Cóndor sin placa de control, volante en el lado derecho color blanco, en tanto el conductor como su acompañante se dieron a la fuga, procediéndose a la incineración del vehículo.

Durante la ejecución de un  patrullaje móvil por el sector Salinas (Potosí) el Grupo de  Tarea Conjunta  (GTC) “Tres Cruces”  comisó dos vehículos indocumentados, en el primer caso luego de una intensa persecución, se incautó un vehículo de marca Peugeout donde el conductor en complicidad de sus informantes “loros”  huyeron dejando el automóvil;  en el segundo caso se interceptó un  vehículo marca Mitsubishi, que procedía del Salar de Uyuni, el conductor también  se dio a la fuga, siendo el vehículo escoltado al comando  de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Charlie” en el municipio de Llica.

El Grupo de Tarea (GT) “Huachacalla”, asentado en la localidad del mismo nombre (Oruro), realizó una operación de escolta al camión Volvo F-12 que transportaba mercadería de contrabando, por el sector de Toledo, en el que las llantas del camión fueron pinchadas intencionalmente, en el intento de recuperar el camión los contrabandistas del lugar se aproximaron con cachorros de dinamita, por lo que los efectivos tuvieron que proceder de inmediato con su incineración.

En un patrullaje rutinario la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Alfa” en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) “Bravo” en el sector de Huachacalla (Oruro) interceptó una volqueta marca Volvo que transportaba ropa usada, donde el conductor del vehículo fugó al notar la presencia de los efectivos, por lo que los militares tuvieron que incinerar el camión junto con la mercadería.

En la localidad de Boquerón (Santa Cruz) en un puesto de control fijo el personal militar del Regimiento de Infantería-11 “Boquerón” comisaron un vehículo con cigarrillos paraguayos de contrabando.

Tras una operación ejecutada en el marco del plan “Soberanía” el Cuarto Distrito Naval Titicaca ubicado en  el puesto de control reforzado de San Pablo de Tiquina interceptó un camión Volvo F-12 color negro con placa de control Nº 2355-1-DEN, con 120 cargas de papa de contrabando, procediéndose a realizar su entrega al CEO Agropecuario.

Durante el patrullaje lacustre en el lago menor en  cercanías  de  la  isla Taquiri (La Paz), en cumplimiento al plan de operaciones “Control”, el Cuarto Distrito  Naval “Titicaca” interceptó una barcaza en navegación de nombre “Calipso”  que transportaba un camión marca Ford color rojo con placa de control 038-HAS con material de construcción, aproximadamente 2.300 ladrillos, 8 bolsas de cemento, 2 garrafas de gas licuado y fierros, los cuales no contaban con documentación correspondiente como factura del material, zarpe y manifiesto de carga.
En los operativos de control militar en Puestos de Control Fijo del Regimiento de Infantería  11 (RI-11) “Boquerón” ubicado en Santa Cruz realizaron operativos de control de contrabando e incautaron un vehículo Fotón View con placa de control  6430-LUI,  un minivan Fotón View con Placa de Control 4436-KUK y una camioneta de carga tipo Atlas marca Kama color plomo sin placa de control, los cuales contenían productos de contrabando como galletas alfajores, productos de limpieza y otros productos con aparente procedencia de Argentina.

En el Puesto de Control Fijo de la Base y Flotilla Naval “Titicaca” se incautó un camión marca Ford color rojo con placa de control 703-SDI con ocho cabezas de ganado, que fue trasladado  a la capitanía de puerto Mayor “Tiquina” ubicado en San Pablo de Tiquina para posteriormente ser transportado al Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando (CEO LCC) “Agropecuaria”, siguiendo las normativas vigentes.

Sobrevuelan el río Pilcomayo tras desborde, al menos diez comunidades sufrieron graves afectaciones

El Viceministerio de Defensa Civil, en coordinación con autoridades municipales y la Empresa Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), sobrevoló y evaluó las afectaciones del desborde del río Pilcomayo, en el municipio de Villa Montes del departamento de Tarija, donde se evidenció las graves afectaciones a diez comunidades.

“Durante el recorrido aéreo se verificó el impacto del desborde del río Pilcomayo, constatando que al menos diez comunidades sufrieron graves afectaciones”, informó esa cartera de Estado.

Según el reporte oficial, entre las zonas más perjudicadas está Cutaiqui, La Victoria y Esmeralda, donde numerosas viviendas quedaron bajo el agua, además de daños en infraestructuras y caminos que quedaron intransitables.

Ante esa situación, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes se declaró en Desastre el pasado lunes 17 de marzo, permitiendo la activación de mecanismos de asistencia gubernamental.

En ese marco, se desplegaron acciones de respuesta inmediata para atender a la población damnificada, además de la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Asimismo, se trabaja en coordinación con autoridades locales para establecer medidas que permitan la recuperación y restablecimiento de las condiciones de vida en las zonas perjudicadas.