El presidente Rodrigo Paz Pereira gestiona ante FONPLATA–Banco de Desarrollo un financiamiento de más de $us 55 millones para dar continuidad y concluir las obras de la Sección III del tramo carretero San José de Chiquitos–San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.

Por su ubicación, el tramo facilitará el movimiento de personas, productos y mercancías, además de articular zonas productivas y fronterizas con corredores nacionales e internacionales. “Cerrar este circuito significa la historia de toda esta región, pero además con un futuro, hub aeroportuario en San Ignacio Velasco, donde tiene todas las condiciones más la carretera y las ofertas hoteleras productivas de la región para que realmente (...) esto se genere un polo de desarrollo extraordinario”, afirmó el primer mandatario.

La intervención comprende 46,5 kilómetros, con un plazo de ejecución de 19 meses, y permitirá completar un corredor estratégico de la Red Vial Fundamental que articula las provincias Chiquitos y Velasco y fortalece la integración de la Gran Chiquitanía, beneficiando a las comunidades de La Fortuna, Quituquiña, Portoncito, Nuevo Horizonte y San Antonio, además de fortalecer la vinculación con San José de Chiquitos, San Rafael, San Miguel y San Ignacio de Velasco.

“Esto es producir, hacer carreteras, poner los recursos donde se tienen que poner, conectar la Chiquitanía, cerrar ese circuito, que la gente llegue por buenas carreteras, que se produzca, que tengan biotecnología para producir en mayor cantidad, que tengan el derecho de poder crecer”, sostuvo el presidente.

El coordinador país por Bolivia de FONPLATA, Blas Rozada, destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno y aseguró: “Vamos a poner todo nuestro empeño, para avanzar con el financiamiento alineados a las decisiones que ustedes tomen”. Mientras que, el alcalde de San José de Chiquitos, Juan José Caballero, resaltó el impacto regional de la obra: “Esto no solamente es una carretera, esto es integración, esto es producción, esto significa turismo y significa futuro, significa hacer patria desde nuestro pequeño territorio”.

La conclusión del tramo permitirá completar uno de los eslabones pendientes de los corredores logísticos, reducir costos y tiempos de transporte y mejorar las condiciones para la competitividad y el comercio nacional e internacional. Asimismo, contribuirá a consolidar la integración regional y bioceánica de Bolivia, conectando departamentos, centros urbanos, zonas productivas, áreas fronterizas y corredores internacionales.

El jefe de Estado anunció además otros proyectos viales estratégicos para Santa Cruz, entre ellos la carretera Okinawa–Los Troncos, con un financiamiento cercano a $us 90 millones gestionado con la CAF, y la reparación del puente Banegas para garantizar la continuidad del comercio y la producción. A ello se suman la doble vía Santa Cruz–Warnes, lado oeste; las obras complementarias del tramo El Sillar–Arcapata, con cerca de $us 30 millones; y el Plan Nacional de Emergencia y Rehabilitación de Carreteras, que contempla alrededor de 140 obras en todo el país. Para Santa Cruz, se prevén aproximadamente Bs 250 millones para la reparación y rehabilitación de carreteras.

Esta agenda de infraestructura, explicó, debe estar acompañada por cambios normativos que permitan ampliar la inversión y la producción. En ese marco, pidió a la Asamblea Legislativa avanzar en las leyes de hidrocarburos, minería, medio ambiente e inversiones, además de las reformas constitucionales y el proyecto 50/50, que plantea una nueva relación entre el Estado central y las regiones, basada en una distribución más equilibrada de recursos, competencias y responsabilidades.

En materia energética, planteó recuperar la capacidad de las refinerías nacionales: “Con eso vamos a potenciar nuestras refinerías. Una vez que las refinerías (...) nos van a poder dar un 60 o 70% en nuestros combustibles. La de Santa Cruz produciendo al 100% diésel cubre toda la demanda de la necesidad alimentaria de Bolivia”, manifestó.

El Presidente también vinculó la inversión en infraestructura con el debate sobre la subvención a los combustibles y la necesidad de priorizar recursos para obras y servicios. “Si queremos futuro, tenemos que hablar con claridad de la subvención porque la subvención nos quita hospitales, carreteras, nos quita colegios, nos quita ítems de salud, nos quita ítems de educación”, afirmó.

En conjunto, señaló que la inversión prevista para Santa Cruz supera los Bs 2.200 millones en los próximos meses. Finalmente, sostuvo: “La patria tiene que producir y tiene que producir buenas cosas. Estas son las obras de la patria que produce”.

La reactivación de las refinerías nacionales mediante la importación de petróleo crudo no será una tarea sencilla tras la “borrachera económica” de los últimos años, advirtió el presidente Rodrigo Paz Pereira. El mandatario aseguró que el proceso de “ordenar la casa” requiere un esfuerzo complejo que va más allá de una simple directriz administrativa.

En la víspera, el jefe de Estado anunció una nueva estrategia de refinación de petróleo crudo importado para reactivar las plantas nacionales, incrementar sustancialmente la producción de diésel, gasolina y jet fuel, y reducir la dependencia de combustibles extranjeros.

“Ayer hemos reactivado la refinería para darle, por ejemplo, a Santa Cruz diésel para toda la producción. Porque está la refinería Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Guillermo Elder Bell (Santa Cruz)”, expresó el presidente.

Las plantas de Cochabamba y Santa Cruz operan con apenas el 37% de su capacidad instalada debido a una severa escasez de crudo nacional. Esta crítica situación contrasta con el récord histórico de 2015, cuando los complejos procesaron 57 903 barriles por día (BPD), rozando su máximo operativo. La falta de materia prima local provocó que, entre 2021 y 2026, el volumen de procesamiento sufriera una estrepitosa caída del 42%, dejando a la industria desabastecida.

Borrachera económica

“Bueno pues, estamos haciendo todos los esfuerzos. Nadie dijo que ordenar la casa iba a ser tan fácil después de tanta borrachera económica y de haber despilfarrado la plata de todos los bolivianos”, remarcó Paz Pereira.

Para revertir este declive, la estrategia proyecta la importación de 10 000 BPD de petróleo crudo. Aunque la medida requiere una inversión de 756 millones de dólares anuales, la sustitución de combustibles terminados generará un beneficio económico y un ahorro neto para el país de 49 millones de dólares al año.

El procesamiento local de este crudo importado optimizará la oferta interna de hidrocarburos. El plan permitirá incrementar la producción nacional de gasolinas del 27% al 40%, mientras que la obtención de diésel subirá del 5% al 8%, reduciendo de forma directa la dependencia de carburantes extranjeros procesados.

_{Foto: ANH. (Referencial, sobre nuevos controles por la renovación y reinstalación del sistema B-Sisa)}

La Comisión Interventora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó a 30 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de esa institución, porque estarían presuntamente vinculadas a hechos de corrupción.

Estos casos se refieren, sobre todo, a situaciones de permisividad en el desvío de carburantes en favor de contrabandistas de gasolina y diésel. Las autoridades añadieron que, debido a esto, a partir de ahora los controles en el transporte y venta de combustibles serán “gota a gota”.

“Son casos de corrupción que no vamos a permitir; vamos a investigar a todos”, informó el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano.

Esta autoridad y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, brindaron un primer reporte de la intervención a la ANH. En el mismo revelaron que el sistema informático de la Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA) –creado como un mecanismo tecnológico de control de la producción, transporte y venta de combustibles– apenas funcionaba al 5 % de su capacidad y, además, fue vulnerado de varias formas.

El ministro Justiniano explicó que, tras la desintegración deliberada que sufrió el sistema de control, este ya fue restituido, por lo que la fiscalización de la venta de gasolina, diésel y otros derivados será “gota por gota”. Un criterio similar expresó el ministro Blanco, en el sentido de que habrá un control más riguroso de la comercialización y distribución: “La venta de combustible se va a controlar gota por gota”, enfatizó.

Con el B-SISA rehabilitado y en pleno funcionamiento, la información sobre el consumo, las importaciones, la producción nacional, el procesamiento en las refinerías y los responsables de cada operación será compartida y cotejada. El objetivo es acabar con los hechos de corrupción vinculados al desvío de combustibles.

Otro hecho que demuestra la acción dolosa de funcionarios y exfuncionarios de la ANH es que el sistema B-SISA no funcionaba a plenitud justamente en La Paz y Santa Cruz, los departamentos donde más se consumen y se desvían carburantes.

“Lo importante acá es ver cuánto es el consumo, cuánto es lo que se va a importar y quiénes lo van a importar”, justificó el ministro.

La Comisión Interventora también informó que otro de sus grandes logros fue evitar el desvío al contrabando de 22 millones de litros de combustibles. De haberse concretado dicha situación, el daño ocasionado a las familias bolivianas hubiera sido de 220 millones de bolivianos; asimismo, en caso de haber llegado esa cantidad de carburante al mercado negro, los contrabandistas se habrían embolsado 400 millones de bolivianos.

El sistema informático Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-Sisa), creado en 2012 para evitar el contrabando de combustibles, no pudo cumplir su tarea debido a que fue vulnerado, desintegrado y prácticamente desmantelado; solo el 5% del mismo operaba. Este resultado fue establecido por la Comisión Interventora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instancia que actualmente restituye dicho sistema de control.

“Hemos encontrado el sistema (B-Sisa) vulnerado. Ya fue reemplazado a nivel nacional”, reveló el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, señaló alarmado que tras el desmantelamiento del B-Sisa hubo intereses “muy oscuros” para facilitar todo tipo de “maleantadas” con la venta indiscriminada de combustibles y su posterior desvío al contrabando.

“Encontramos una desintegración total de lo que es la revisión, fiscalización y el control de todos los sistemas; han sido desvinculados para que no se tenga ni medio control [de la distribución y venta de combustibles”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo.

Justiniano explicó que se está realizando un gran esfuerzo para lograr que el software de este sistema tecnológico se actualice y regenere. Se espera que en las próximas horas este trabajo concluya para que todos los controles se restituyan en su plenitud, asegurando que, a partir de ahora, las verificaciones serán estrictas. El ministro Blanco añadió que, además, este sistema restituido se enlazará con los sistemas informáticos de YPFB.

“Es por eso que nosotros hemos sugerido a distintas organizaciones sociales, instituciones, comités cívicos y, particularmente, a todos los municipios, que ejecutemos controles en conjunto. Esto, de acá hasta que los sistemas funcionen y estén entrelazados, va a tomar seguramente algunas horas más. Mientras tanto, todos cuidemos a dónde se va cada gota de combustible”, exhortó Blanco.

Tal fue el nivel de desintegración y manipulación tecnológica del B-Sisa que ni siquiera era posible emitir reportes de una instancia interna a otra. Al no existir conexión, no se podían ejercer controles, lo que facilitaba el desvío de carburantes. Incluso, el ministro declaró que existían “puertas traseras” en el sistema de la ANH, a través de las cuales personas ajenas a la institución ingresaban al B-Sisa para realizar operaciones ilícitas. “Eso significa que gente externa estaba entrando y vulnerando el sistema”, precisó.

También se detectó que personas ajenas a la ANH autorizaban despachos de combustible sin límites y generaban operaciones como si fueran funcionarios de la entidad.

En tercer lugar, Justiniano informó que cuando se generaba alguna acción contra un surtidor, importador o particular, y se lo bloqueaba por alguna irregularidad, “misteriosamente había gente que lo desbloqueaba”.

Por si fuera poco, se descubrió que personas particulares tenían acceso a contraseñas institucionales de operación de la ANH y del B-Sisa, y las utilizaban con fines ilícitos. “Esto permitió que se genere una cantidad masiva de irregularidades dentro de lo que es la ANH”, concluyó el ministro.