Luego de 21 años de subvención al precio del diésel, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira tomó la difícil decisión de suspenderla para que el precio del combustible se fije según las fluctuaciones del mercado internacional. Sin duda, esta decisión es un hito histórico de la administración de los hidrocarburos en Bolivia y un logro clave en este primer año de gestión.
“Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares, pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó el presidente Paz, al suspender el subsidio al diésel con el Decreto Supremo 5716, promulgado el 18 de septiembre de 2026. El primer mandatario explicó que la economía del Estado ya no podía sostener esta subvención, pues se sacrificaban recursos que podían destinarse a servicios de educación, salud y otras necesidades de la población, así como obras de infraestructura caminera, por ejemplo.
Fue en 1997 que se sentaron las bases de la subvención a los combustibles, política que se consolidó en 2005, y a la cual puso fin la actual gestión de Gobierno, en lo que concierne, precisamente, al diésel.
Intervención temporal a YPFB y la ANH
Junto a la suspensión de la subvención del diésel, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ejecutó dos acciones igual de trascendentales, visibles y con resultados concretos: la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por 180 días, mediante los Decretos Supremos 5699 y 5697, y así dar fin con la corrupción enquistada en ambas instituciones, acción que fue de la mano y complementada con la lucha contra redes de contrabandistas de combustibles.
Esas mafias operaban desde la protección que les brindaron anteriores gestiones de gobierno y sobre todo la misma administración de YPFB. El combustible era contrabandeado sobre todo en zonas fronterizas con Perú y Brasil, países donde era vendido dado su bajo costo en el mercado boliviano, causando déficits a la economía del Estado y, a su vez, escasez en el país y largas filas de vehículos esperando en los surtidores, mientras los contrabandistas, incluso, se llevaban el producto en tanques “dobles”.
Al constatarse que varias medidas del Gobierno nacional para administrar la distribución de combustibles y garantizar a la población el acceso al diésel eran frenadas por estructuras internas de corrupción aliadas con contrabandistas, se dispuso esta intervención.
Esta lucha contra la corrupción ameritó iniciar auditorías en las instituciones del sector, remitir denuncias al Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia y a entes jurisdiccionales, además de reestructurar las empresas del área con apoyo de consultorías internacionales para mejorar su eficiencia. Se trata de un “sinceramiento de la economía de los hidrocarburos”.
A la par, se habilitó la importación privada de combustibles y la compra directa de petróleo crudo para reactivar las refinerías Gualberto Villarroel en Cochabamba y Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, mediante los DS 5517 y 5644.
En búsqueda de inversiones
Luego de 20 años de una política netamente extractivista de hidrocarburos, que convirtió a Bolivia en un país dependiente de la importación combustibles, situación agravada por la recesión económica y una crisis energética, se elaboran nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad para reordenar esas actividades para atraer inversiones. En el caso específico petrolero se necesita inversión en exploración.
También se suscribieron acuerdos de integración energética con Brasil y Chile para la interconexión eléctrica. De igual manera, se iniciaron gestiones para avanzar en acuerdos con Paraguay, Perú y otros países. Asimismo, se ratificó la apertura a inversiones transparentes, manteniendo la propiedad estatal de los activos estratégicos.
Otro eje de trabajo en las instituciones que administran el sector energético nacional fue la política de austeridad y eficiencia institucional traducida en: reducción del 20% del importe total de la planilla salarial del Ministerio, recorte del 10% el gasto corriente, y se reestructuró la escala salarial como parte de las medidas de disciplina fiscal.
Avanzar el cambio de matriz energética en 2027
La cartera de Estado estableció ocho tareas a ejecutar en 2027. La primera es consolidar el abastecimiento continuo de combustibles en los nueve departamentos.
En segundo lugar, se debe avanzar en la diversificación de la matriz energética para el sector transportista. Por ejemplo, hasta noviembre de 2026, el programa Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular PATRIA (EERV-PATRIA) logró la reconversión de 1.825 vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV). La meta global es de 15.000 conversiones con kits de tercera y quinta generación para abastecer los talleres de todo el país.
Este cambio de matriz fue establecido en el DS 5726 y tiene el objetivo de apoyar al sector del transporte público en el marco del cambio de matriz energética.
Electricidad en el norte amazónico
Durante la presente gestión se consolidó el financiamiento del Programa de Inversiones para la Transición Energética del Norte Amazónico Boliviano, con un financiamiento de 204,2 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa interconectará los sistemas aislados de Cobija, Guayaramerín y Riberalta con las redes de distribución de los estados brasileños de Acre y Rondônia, beneficiando a 209.000 habitantes de Beni y Pando con el servicio de electricidad, que incluye la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica (transforma la luz solar en electricidad) con sistemas de almacenamiento en comunidades remotas.
Un beneficio directo al Estado con este programa es el ahorro directo de más de $us 52 millones anuales que hoy en día se gastan en la importación de diésel para generación eléctrica, lo que a su vez repercutirá en la preservación ecológica porque se reducirán 150.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
Otro tema en agenda es impulsar la conclusión de proyectos hidroeléctricos estratégicos como Ivirizu (290 Megawatts-MW) y Miguillas (208 MW).
También se impulsarán proyectos de generación eólica, entre ellos Warnes II, con una potencia instalada de 45 MW.
En generación solar se implementará aproximadamente 300 MW mediante subastas. También se incorporará 100 MW de generación distribuida, y se fortalecerá la integración eléctrica con países vecinos.
Finalmente, se dará continuidad a la reestructuración y modernización de las empresas estatales del sector (YPFB y la Empresa Nacional de Electricidad ENDE).
