El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, en coordinación con el Ministerio de Educación, activa operativos de control para prevenir la imposición de uniformes, compras direccionadas a comercios determinados y el alza de precios indiscriminado del material escolar.

“Realizamos verificativos en La Paz y Cochabamba, estamos haciendo los verificativos en el resto del país, atendiendo las quejas y reclamos de padres de familia que dicen que en algunas unidades educativas están cobrando por demás, direccionan a una librería para que compren un texto o un bolígrafo, o la compra del uniforme”, reveló el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

La autoridad señaló que estos controles responden a los abusos en contra de miles de usuarios, padres familia, por parte de algunas unidades educativas que incumplen la Resolución 001/2025 del Ministerio de Educación que prohíbe el incremento de las pensiones y los cobros irregulares.

La Resolución Ministerial 001/2025 establece que no existirá incremento en las pensiones de las unidades educativas privadas.

Además, prohíbe cualquier cobro adicional a las 10 pensiones anuales, como reservas de plaza, matrícula, derecho de inscripción, material educativo y gastos administrativos, entre otros.

Asimismo, prohíbe la exigencia de compra de uniforme y materiales escolares de un lugar determinado o exclusivo.

El viceministro informó que su despacho también recibió denuncias de cobros irregulares en unidades educativas fiscales.

“Están cobrando aportes a los padres familia para cambiar el vidrio, para arreglar el pupitre, para pintar el curso están pidiendo aportes, pero esto es prohibido, las juntas escolares no están autorizados a realizar ningún tipo de cobros”, remarcó.

Lamentó que algunas juntas escolares inclusive cobren multas de reuniones de la gestión pasada como requisito para inscribir a los estudiantes este año. “Son actividades irregulares, ilícitas”, enfatizó.

Asimismo, señaló que continúan los operativos de control en los comercios de materiales escolares en las ciudades capital para verificar que cumplan con la calidad y normas de seguridad correspondientes.

Adelantó que se publicará una lista de precios de material escolar referencial, elaborada en coordinación con los comerciantes del rubro.

“Vamos a publicar en nuestra página web (del Viceministerio) para que el papá tenga una referencia de lo que debe pagar por un cuaderno, por hojas de papel bond, colores, marcadores, entre otros”, dijo la autoridad.

Silva explicó que debido a que el material escolar que se oferta en Bolivia es importado, se registra un incremento entre el 15% y el 25% desde agosto de 2024, y a la fecha se mantiene.

“Estamos haciendo los controles respectivos con el fin de evitar de que ahora algunos comerciantes se aprovechen y quieran cobrar un poco más de su costo, afectando la economía de los papás”, reiteró.

Por Martín Moreira

En el marco del 16.º aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce presentó una propuesta estratégica para reforzar el Proceso de Cambio y garantizar la unidad nacional ante los retos que enfrenta el país. Su discurso destacó la necesidad de un pacto social basado en cinco ejes fundamentales: justicia, economía, política, democracia y medioambiente. Este llamado, cargado de visión y compromiso, busca afianzar los logros alcanzados en las últimas décadas y trazar un camino sólido hacia un futuro inclusivo y soberano.

El pasado 22 de enero, en el marco del aniversario 16 del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce planteó una visión ambiciosa y estratégica para blindar el proceso de cambio y consolidar la unidad nacional frente a los desafíos que enfrenta el país. Durante su discurso, el mandatario ahondó en la importancia de un “pacto social” sustentado en cinco ejes fundamentales: justicia, economía, política, democracia y medioambiente. Este planteamiento busca garantizar la continuidad del modelo plurinacional y proteger los avances logrados en las últimas décadas.

Un pacto para enfrentar el neoliberalismo

El presidente Arce no vaciló en recalcar que Bolivia está en una encrucijada histórica: elegir entre la consolidación del Estado Plurinacional o el retroceso hacia un modelo neoliberal que privilegiaría a unos pocos en detrimento de las mayorías. En ese sentido, llamó a todas las fuerzas sociales y políticas a unirse para defender los principios de justicia social, inclusión y soberanía que sustentan el Proceso de Cambio.

El mandatario enfatizó: “En las próximas elecciones hallaremos dos visiones de país incompatibles entre sí; un proyecto país, el nuestro, de izquierda, que defiende a todos los bolivianos, protegiendo especialmente al más humilde, al más pobre (…) versus otra visión de país encarnada en la oposición, de derecha y ultraderecha, que propone la privatización de las empresas estatales y arrancar a los trabajadores los beneficios conquistados”.

Cinco pilares del pacto social

El presidente Arce detalló los cinco lineamientos que deben guiar este gran acuerdo nacional:

1. Justicia: Bolivia necesita una renovación profunda de su sistema judicial. La elección de magistrados y las mejoras en el Órgano Judicial son tareas prioritarias que dependen de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Solo a través de un sistema judicial fortalecido se puede garantizar la equidad y la confianza ciudadana.
2. Economía: La industrialización con sustitución de importaciones debe acelerarse, especialmente en sectores estratégicos como el litio. Además, el mandatario instó a proteger a la población del agio y la especulación alimentaria, sancionando a quienes se benefician de la subida de precios. Para ello, es crucial que la ALP apruebe los contratos necesarios y desbloquee más de $us 1.600 millones en financiamiento externo.
3. Política: Es indispensable generar estabilidad política que permita al próximo gobierno asumir en mejores condiciones. El presidente señaló que no se puede empezar de cero y que las políticas de Estado deben consolidarse como base del desarrollo nacional.
4. Democracia: Arce pidió reafirmar el compromiso de todos los sectores para garantizar elecciones generales limpias y transparentes. En un contexto de polarización, proteger la democracia es un imperativo para el país.
5. Medioambiente: Ante los desastres naturales que afectan a Bolivia, el mandatario llamó a la unidad para enfrentar estos retos de manera conjunta, con mejores estrategias y recursos.

El Estado Plurinacional como proyecto inclusivo

El discurso del presidente también sirvió como una reafirmación de los principios fundacionales del Estado Plurinacional. Arce recordó que este modelo representa la superación de un Estado republicano excluyente y discriminatorio, y subrayó los avances logrados en integración social, lucha contra el racismo y desarrollo económico.

“El cambio de nombre de república a Estado Plurinacional (…) condensa en sí la suma de todas las luchas sociales, la larga e ininterrumpida historia del pueblo boliviano por su dignidad y soberanía”, afirmó Arce. Asimismo, llamó a profundizar el Proceso de Cambio con nuevos objetivos en salud, educación, medioambiente e integración.

El desafío de la unidad

El mensaje presidencial no estuvo exento de advertencias. Arce instó a los sectores progresistas a “blindar” el Proceso de Cambio frente a los riesgos internos y externos. También hizo un llamado a la oposición a dialogar y sumarse a este pacto social en beneficio del país.

En conclusión, el discurso del presidente Luis Arce es una invitación a todos los bolivianos a trabajar unidos por una Bolivia más justa, inclusiva y soberana. En un contexto de polarización y desafíos económicos, el pacto social propuesto podría convertirse en la piedra angular para consolidar el Estado Plurinacional y enfrentar con éxito los retos del presente y el futuro.

Por: Martin Moreira

Forma parte de la Red Boliviana de Economía Política

En un escenario marcado por la creciente polarización política, donde los sectores de la ultraderecha hacen eco de un discurso que clama por medidas de ajuste económico y una rendición ante el FMI, surge una vez más la amenaza de privatización de las empresas públicas, tal como ocurrió en los años 90. En ese entonces, se nos decía que el gasto público y el déficit fiscal eran los males que aquejaban al país, y hoy, voces como las de Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga repiten el mismo argumento: achicar el Estado, privatizar las empresas públicas y entregar el control al capital privado y transnacional. Sin embargo, cuanto recordamos los nefastos efectos de la privatización neoliberal debemos evitar caer nuevamente en esta privatización porque en el pasado, solo favorecerieron a unos pocos círculos de poder, mientras que la economía nacional y las clases populares nos vimos gravemente afectadas. Es crucial repasar el aporte real de las empresas estatales en la actualidad para entender el impacto de estas propuestas y cuestionar la viabilidad de repetir errores históricos.

En un contexto altamente politizado, donde los candidatos de la ultraderecha han mediatizado desde 2024 el relato sobre la necesidad de aplicar medidas de ajuste y suplicar de rodillas al Fondo Monetario Internacional (FMI) por préstamos, a cambio de lo cual se entregarían todas las empresas públicas a privados y transnacionales, resulta inevitable recordar el discurso de 1992; en aquel entonces, al igual que ahora, se afirmaba que el principal problema del país era el gasto público, el déficit fiscal y la mala administración del Estado.

Tal como lo sostiene Marinkovic: “hay que cerrar las empresas públicas”, o Doria Medina, quien afirma que “el modelo de empresas públicas fracasó, los emprendedores deben liderar el futuro económico de Bolivia”. Más radical aún, con un discurso casi enfermizo de odio, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga ha anunciado que recurrirá al FMI para garantizar el retorno de los dólares y que cerrará las empresas públicas.

Ahora bien, ¿será cierto que estas medidas beneficiarían al país o, como en 1992, solo favorecerán a las transnacionales y a privados vinculados al poder? Basta recordar que figuras como Doria Medina se beneficiaron con la adquisición de empresas públicas a precios irrisorios.

Para evaluar la relevancia de las empresas estatales, es clave analizar su aporte a la economía. Solo en 2024, generaron 45.560 millones de bolivianos, representando el 85% de la producción estatal y obteniendo utilidades por 1.697 millones de bolivianos. Estos recursos han sido fundamentales para sostener la economía boliviana, en conjunto con la Ley 1503 (Ley del Oro) y diversas medidas fiscales y monetarias.

Entre 1992 y 2005, durante el proceso de capitalización, las empresas públicas aportaban apenas un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino que hoy estas empresas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, reafirmando su papel clave en el crecimiento económico del país. Además, se lograron recuperar 20.000 millones de dólares en fondos o costos hundidos, resultado de la inversión estatal en infraestructura y tecnología en las empresas capitalizadas.

Durante el proceso de capitalización del 1992 hasta el 2005, las empresas públicas solo aportaban un 4% de los ingresos del Estado. Con la nacionalización, no solo se recuperó este aporte, sino también un fondo de 20.000 millones de dólares en costos hundidos, un gasto ya realizado en la implementación de infraestructura y tecnología de las empresas publicas que por la capitalización solo beneficiaba exclusivamente a las transnacionales gracias a la infraestructura implementada por el Estado. Hoy, las empresas públicas contribuyen con el 40% de los ingresos estatales, demostrando su papel fundamental en el crecimiento económico del país.

Ahora vuelven los cantos de sirena neoliberales para impulsar una nueva capitalización de empresas públicas en Bolivia, como ocurrió en 1990 bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue presentada como una estrategia para modernizar sectores clave mediante la inversión extranjera. Sin embargo, la realidad demostró que esta medida solo benefició a las transnacionales, que se apropiaron de los recursos y enviaron las utilidades al exterior dejando algunas migajas para tertaferros locales como. Las promesas de eficiencia, generación de empleo y mejora de los servicios resultaron ser falsas, ya que se incrementaron las tarifas, se precarizó el trabajo y las empresas capitalizadas no lograron un desarrollo significativo. Además, el Fondo de Capitalización Colectiva, presentado como un beneficio para los bolivianos, terminó siendo una burla, con montos irrisorios y sin impacto real en la economía de la población.

La pregunta es: ¿esto es lo que queremos como bolivianos para las empresas públicas y para el proceso de industrialización y reinversión en materias primas estratégicas, como los hidrocarburos, que han sido el principal generador de excedentes para Bolivia?

Estos mercenarios de la política tratan de ocultar datos clave, como la generación de 4.800 millones de dólares en 2024 por parte de las empresas públicas lo que sumado a la Ley 1503 y las medidas monetarias y fiscales, han sido la base del funcionamiento de la economía bolivianas.

Un ejemplo de ello, basado en indicadores reales: al 31 de diciembre de 2024, el uso de los dólares de las reservas internacionales permitió cumplir con todas las obligaciones externas del país, logrando el pago puntual del 100% del servicio de la deuda externa pública, que ascendió a $us 1.526 millones.

Además, para proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, y a pesar de los elevados precios del petróleo, se destinaron $us 2.600 millones en subsidios a combustibles y alimentos. Paralelamente, se garantizó la dotación de divisas al sistema financiero, así como a personas naturales y jurídicas, mediante diversos mecanismos, con un total de $us 723 millones.

Asimismo, se contribuyó a la estabilidad y al crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que alcanzaron un saldo de $us 1.976 millones, una cifra superior en $us 267 millones respecto al cierre de 2023.

El coro neoliberal y vendepatria maliciosamente omite mencionar que las empresas públicas generan recursos esenciales para la salud, la educación y la inversión en infraestructura. No es un dato menor que Bolivia sea el país de la región con la mayor inversión en infraestructura, a pesar del bloqueo económico promovido por la oposición dentro de la Asamblea Plurinacional, con el objetivo de impedir la entrada de inversión extranjera directa de organismos internacionales, que suma 1.600 millones de dólares.

A estos mercenarios les preguntamos: ustedes, que tanto hablan de los dólares, ¿tienen sus dólares en nuestros bancos o los esconden en paraísos fiscales mientras siguen generando créditos en el sistema financiero boliviano? Personajes como Doria Medina y Marinkovic se han beneficiado de leyes fundamentales y medidas financieras promovidas por el Estado, como el crédito productivo, la eliminación de aranceles a la importación de bienes de capital y de algunos insumos para la construcción y el sector agropecuario. Aún se benefician de estas leyes, que provienen de los impuestos de los bolivianos y del dinero generado por las empresas públicas. Sin embargo, ahora buscan vender el país al Fondo Monetario Internacional (FMI), y por ende, imponer un modelo extranjero que pisotee al pueblo, ahogando a las clases vulnerables con la vieja excusa de que se necesitaban ajustes para enriquecer a las logias, cargar a las poblaciones vulnerables con la deuda pública y quitar el poder de demanda del pueblo. Luego, dirán que el ajuste funcionó, a costa de desempleo, hambre y pobreza.

Las empresas públicas son vitales para la sostenibilidad de la economía boliviana. Con el proceso de industrialización en marcha y la expansión de la economía, se generarán más recursos para la redistribución de la riqueza. Se continuarán otorgando bonos que benefician a más de cuatro millones de habitantes, garantizando el Sistema Único de Salud que ha permitido a los trabajadores informales y emprendedores acceder a atención de médica gratuita. También se seguirán ofreciendo créditos con bajas tasas de interés, promovidos por fondos estatales creados a partir de las ganancias del sistema financiero.

Esta es la Bolivia que construimos día a día con nuestras empresas públicas. No permitamos que nos las arrebaten en beneficio de unos cuantos con el falso argumento de que el país está en crisis. La verdad es que Bolivia está iniciando una nueva era con un paso fundamental: el cambio de matriz productiva. No caigamos en el juego de los mercenarios disfrazados de analistas, cuyo único interés es sembrar miedo con especulaciones y mentiras.

Por: Martin Moreira

Forma parte de la Red de Economía política Boliviana

La economía boliviana enfrenta un momento crucial, marcado por una serie de críticas que cuestionan la sostenibilidad del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). A pesar de los cuestionamientos, especialmente de sectores empresariales que hoy transitan por la senda política, la realidad es que este modelo ha sido clave en la redistribución de recursos, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. La deuda pública se la maneja como la excusa perfecta para legitimar un discurso político que beneficia a un sector empresarial ansioso por evitar el control estatal y continuar generando fuga de divisas para triplicar sus ganancias. Utilizan la deuda como el único parámetro para juzgar la efectividad de un modelo económico que ha priorizado el cambio en la matriz productiva, la reinversión en materias primas estratégicas, el bienestar colectivo y la estabilidad del país, todo ello en contraposición a los intereses de pequeños sectores económicos que se benefician de prácticas cuestionables. En este contexto, es fundamental reflexionar sobre si el verdadero desafío radica en la deuda o en la falta de transparencia y responsabilidad en otros sectores, que han desviado recursos que podrían haber fortalecido aún más las finanzas del país.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) ha sido una herramienta clave para la redistribución de los recursos económicos en Bolivia, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad social. Este modelo no se limita únicamente a la entrega de bonos a poblaciones vulnerables, sino que incluye una inversión pública significativa que busca el bienestar colectivo. Sin embargo, algunos sectores empresariales, que ahora han iniciado su carrera política, han planteado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de este enfoque económico.

Una de las críticas recurrentes gira en torno a la deuda pública y externa del país. Según datos actualizados al 25 de noviembre de 2024, la deuda externa de Bolivia asciende a 13.333 millones de dólares, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, la deuda pública representa el 19,2% del PIB, lo que eleva el total al 45% del PIB, el 90% de la deuda pública se invertido en infraestructura inversión pública. En comparación con otros países de la región, este nivel de endeudamiento se encuentra dentro de parámetros manejables, gracias a políticas económicas que han priorizado la estabilidad y la protección de la ciudadanía frente a crisis externas e internas.

Para entender mejor esta situación, un Estado tiene dos opciones principales: la primera es el endeudamiento con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que terminan saqueando los recursos nacionales y beneficiando únicamente a pequeños sectores, como el de Cainco.

La segunda opción es la deuda pública, que implica un menor costo social, es sostenible debido a los bajos intereses y permite una evolución saludable de las finanzas públicas. En este sentido, el Estado prioriza a las clases vulnerables y al pueblo en general, optando por medidas más viables en lugar del desastre planteado por socios políticos de Cainco, como Branko Marinkovic, Tuto Quiroga o ciertos tiktoker que han sido responsables de la quiebra de bancos, venta de empresas públicas entre gallos y media noche y de operaciones cuestionables, como la compra de cementeras.

Es importante recordar que Bolivia atravesó momentos de inestabilidad política y social que impactaron la economía nacional. Los bloqueos prolongados, por ejemplo, generaron incertidumbre y contribuyeron a una inflación del 9,97%. Además, fenómenos como el contrabando inverso, el agio, la especulación y el acaparamiento de productos alimenticios exacerbaron el aumento de precios. Curiosamente, este incremento afectó principalmente a los productos provenientes de los agronegocios, un sector que, paradójicamente, ha registrado un notable crecimiento bajo el MESCP, al igual que la banca y la minería.

El sector de los agronegocios, que en 2002 no existía formalmente bajo esta denominación y era apenas incipiente, con escasa contribución a la economía, registró exportaciones de solo 300 millones de dólares. Sin embargo, ha experimentado un crecimiento exponencial bajo el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

A pesar de las críticas de la Cainco al modelo actual, este sector adoptó el nombre de «agronegocios» gracias a su crecimiento desmedido, alcanzando en 2023 exportaciones por un valor de 3.414 millones de dólares, una cifra que el IBCE calificó como un récord histórico.

Sin embargo, a pesar de este notable crecimiento, los dólares generados por dichas exportaciones no ingresaron al Sistema Financiero Boliviano. Esto se debe a que algunas entidades financieras y exportadores los desviaron hacia el exterior o los revendieron a importadores antes de que ingresaran formalmente al país. Es importante recordar a los críticos del modelo que, gracias a las políticas estatales, este sector ha crecido un 1000%.

Además, se pasa por alto que desde 2021 «los agronegocios» no pagan aranceles por la importación de bienes de capital, un beneficio directo que, sumado al subsidio en carburantes, reduce significativamente sus costos operativos. Este ahorro, que en teoría debería reinvertirse en Bolivia, en muchos casos solo ha servido para facilitar la fuga de capitales al extranjero. A ello se suma la facilidad de acceso al crédito y el apoyo estatal, como el 0% de aranceles para la importación de agroinsumos, lo que evidencia el nivel de respaldo brindado por el gobierno.

No obstante, este gremio empresarial, representado por Cainco, parece ignorar su problema estructural: los déficits recurrentes en exportaciones. Por ejemplo, entre 2015 y 2019, este déficit ascendió a 9.000 millones de dólares, monto que fue cubierto por el gobierno. Esta situación demuestra que nunca ingresaron al Sistema Financiero Boliviano el 100% de las divisas generadas, sino que muchas de ellas fueron desviadas.

Además, el CEDEIM, una ley diseñada a la medida del sector, permite ingresar únicamente el 70% de los dólares comerciales al Sistema Financiero. Lamentablemente, para los bolivianos, solo una empresa cumplió con el país, depositando 75 millones de dólares.

La pregunta clave es: ¿qué ocurrió con los dólares generados por las exportaciones de 2021, 2022 y 2023? La respuesta es clara: sectores como los exportadores son en gran medida responsables de la escasez de dólares comerciales en el país.

¿Por qué Cainco no ofrece una respuesta clara a esta cuestión? Esa es una interrogante que sigue pendiente y que deberían responder.

Esos son algunos ejemplos, pero también podríamos mencionar el negocio de las inmobiliarias, como el caso de Urubó, la depredación del medio ambiente y el mal uso del agua, un recurso que pertenece a los cruceños y representa su futuro. Asimismo, está el tráfico de tierras por parte de extranjeros, entre otros problemas, etc, etc, etc.

Esta realidad explica, en gran medida, por qué algunos sectores se opusieron a la Ley N° 1386, que establece la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Del mismo modo, se oponen actualmente a la incorporación en el PGE 2025 de un artículo que permita al Estado controlar la cadena productiva para garantizar la preservación de los alimentos destinados a los bolivianos.

Es evidente que el Estado tiene la obligación de supervisar la cadena productiva, ya que los recursos destinados a subsidios y aranceles del 0% provienen directamente de los bolsillos del pueblo. Por lo tanto, el gobierno debe velar por los intereses de los bolivianos. Además, este control podría sacar a la luz prácticas poco transparentes en el manejo de ingresos y divisas, como ya ocurrió con la oposición a la Ley N° 1386 por parte de ciertos sectores.

Mientras las críticas apuntan al endeudamiento, es crucial analizar cómo el modelo ha logrado mantener la estabilidad económica en un contexto de adversidades, gracias a las empresas públicas y a la Ley 1503, conocida como la «Ley del Oro». Esta ley ha permitido obtener recursos para pagar puntualmente el servicio de la deuda, que asciende a 1.500 millones de dólares, así como para subvencionar los carburantes y alimentos, con un monto superior a los 2.500 millones de dólares, además de haber provisto al sistema financiero con más de 700 millones de dólares hasta diciembre de 2024. A través de bonos, se ha beneficiado a más de cuatro millones de bolivianos, y se ha invertido en salud gratuita, que beneficia a más de 7.5 millones de bolivianos, en educación e infraestructura necesaria para el crecimiento. Todo ello ha sido financiado con las divisas generadas por la gestión del Estado a través de las empresas públicas, la Ley del Oro y las políticas monetarias. Esto ha permitido una redistribución de recursos, y la inversión pública no solo busca preservar la economía, sino también fortalecer la soberanía y el bienestar de los ciudadanos frente a los desafíos políticos y económicos.

En este sentido, el debate debería centrarse en cómo mejorar y fortalecer el modelo económico, en lugar de descalificarlo desde intereses sectoriales. Los datos demuestran que el MESCP sigue siendo una herramienta válida para enfrentar los retos del desarrollo y la justicia social en Bolivia.