Con una inversión de 6,4 millones de dólares, el presidente Rodrigo Paz Pereira reactivó la exploración y explotación de hidrocarburos tras iniciar las operaciones del pozo Junín-9D, un proyecto que proyecta generar ingresos para el Estado boliviano por 25,9 millones de dólares.

“Bolivia se está levantando y está empezando a dar sus pasos, sus primeros pasos para recuperar su capacidad de corazón energético. No será fácil”, declaró el jefe de Estado en el municipio de Santa Rosa del Sara, ubicado en la provincia Sara del departamento cruceño.

Inversión de $us 6,4 millones

Este proyecto, liderado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco S.A., busca recuperar reservas comprobadas de gas natural. En estas labores se contempla una inversión de 6,4 millones de dólares. El Estado boliviano recibirá una recaudación estimada de 25,9 millones de dólares gracias a este proyecto de YPFB Chaco, cuya facturación total proyectada ascenderá a 47 millones de dólares.

“Tenemos un futuro energético (…) va a ser el que nos respalde en todos los proyectos y obras; pero esto no pasará si no seguimos invirtiendo en perforaciones, en tener buen equipamiento, en poder desarrollarnos y en que haya una ley buena para que la inversión nacional o aquellos que quieren invertir desde afuera vengan a invertir”, reflexionó.

Se prevé que el nuevo pozo alcance una producción inicial de 8 millones de pies cúbicos por día (MMpcd), lo que representaría un incremento aproximado del 10% respecto a la producción actual de YPFB Chaco. Asimismo, se estima una recuperación de alrededor de 10 billones de pies cúbicos (Bcf) en reservas de gas.

El proyecto tiene el objetivo principal de recuperar el gas en los reservorios Sara y Piraí, pertenecientes a las formaciones El Carmen y Roboré, respectivamente. De manera complementaria, se investigará el potencial de las formaciones Ichoa, Tariquía y Yecua como nuevos horizontes exploratorios.

La perforación será direccional y se realizará desde la planchada existente JNN-X2, ubicada en el Campo Junín Norte. Con una inversión aproximada de 6.4 millones de dólares, el proyecto ya cuenta con la correspondiente licencia ambiental y la Licencia Ambiental para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP).

Solución energética
La administración de Paz Pereira promueve que Bolivia produzca su propio combustible para dar solución a la crisis energética, ocasionada por la falta de inversión en exploración y explotación durante las últimas dos décadas de gobiernos precedentes (Evo Morales, 2006-2019, y Luis Arce, 2020-2025), los cuales provocaron un declive crítico en la producción local de hidrocarburos.

“Lo que Bolivia quiere es producir y quiere platita para producir; no para mendigar, sino para producir. Y para eso tenemos que tomar decisiones como estas. Pequeños pasos, sí, que darán grandes pasos para que Bolivia vuelva a ser un centro energético y no malgaste el futuro como hicieron algunos en los últimos 20 años”, resaltó.

Esta situación obliga al país a importar aproximadamente el 90% del diésel y el 60% de la gasolina necesarios para el consumo interno. Como resultado, el debate nacional se centra en soluciones estructurales para recuperar la soberanía energética.

“Nos prometieron soberanía energética y nos abandonaron, nos dejaron sin nada. Ahora estamos empezando con los recursos que tenemos, volviendo a comenzar para que Bolivia tenga garantías de que en los siguientes 20, 30 o 40 años habrá reservas gasíferas, no solo para el consumo nacional, sino para vender a otros mercados internacionales que nos pagan bien”, remarcó.

Importación de combustible

El mercado petrolero internacional es altamente sensible a la inestabilidad en Medio Oriente; el petróleo Brent (referencia en Europa y mercados globales) se cotiza entre 88.30 y 89.50 dólares por barril, lo que termina golpeando el bolsillo de los consumidores finales en todo el mundo. Al ser un país importador neto de diésel y gasolina, cualquier aumento en el precio internacional encarece directamente los costos de adquisición para el Estado boliviano

Debido a que Bolivia mantiene una política de subsidios para congelar los precios internos de los carburantes, el alza externa dispara el gasto estatal, incrementando el déficit comercial y fiscal. La volatilidad internacional y la escasez de divisas (dólares) dificultan el pago oportuno a los proveedores externos, lo que provoca desfases logísticos y un desabastecimiento intermitente en las estaciones de servicio nacionales.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, informó que la próxima semana el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones y autorizar los desembolsos que recibirá Bolivia durante los próximos 36 meses. El anuncio fue realizado durante su participación en el acto por el 57 aniversario de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), donde destacó el aporte del sector empresarial y exportador al desarrollo del país.

El mandatario sostuvo que Bolivia atraviesa una etapa de transformación en la que es necesario construir un Estado eficiente y una nueva relación con los sectores productivos. “No hay otra oportunidad”, afirmó, al señalar que su administración trabaja para superar el “Estado tranca” y generar condiciones para que quienes producen, invierten y generan empleo puedan ampliar sus capacidades.

En esa línea, informó que el proyecto de Ley de Inversiones ya fue remitido y que el Gobierno trabaja además en una nueva legislación minera y otras normas orientadas a facilitar la inversión y la producción. “Tenemos una sociedad construida desde el 52 donde el Estado es un eje central”, señaló, al remarcar que el cambio requiere no solo nuevas leyes, sino también una transformación de la visión con la que se impulsa el desarrollo nacional.

En ese marco, explicó que los $us 1.900 millones del FMI permitirán abrir nuevas fuentes de financiamiento. “El fondo como primera partida va a dar 1.900 millones de dólares, lo cual nos va a abrir con el BID, CAF y otras instituciones cerca entre 4.500 a 5.000 millones de dólares”, afirmó. En ese contexto, planteó que estos recursos sean destinados a inversión, infraestructura, carreteras, hospitales y unidades educativas, en lugar de que se diluyan en la compra de combustibles.

Asimismo, el jefe de Estado destacó el potencial exportador de Bolivia y la importancia de fortalecer la integración regional mediante infraestructura estratégica. Mencionó la carretera Extrema-Cobija, la conexión con Brasil y Perú y el puente Guayaramerín como proyectos que permitirán ampliar las oportunidades comerciales. Según explicó, la conexión de Extrema-Cobija podría contribuir a generar un movimiento comercial de entre $us 5.000 y 7.000 millones.

Finalmente, el presidente convocó al sector privado a acompañar el proceso de transformación económica y respaldó el modelo 50-50 como una vía para fortalecer las capacidades productivas de las regiones. Al cerrar su intervención, agradeció a los empresarios y exportadores por su aporte al país.

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) planteó este jueves al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, una agenda municipalista de seis temas para enfrentar y superar la crisis económica que enfrenta el país. Tal agenda fue presentada al primer mandatario en la inauguración de la reunión del Gobierno nacional con representantes de los municipios.

El primer tema de esa agenda está referido a la nueva distribución de recursos económicos y responsabilidades entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios; propuesta denominada ‘50-50’, informó el presidente de la FAM-Bolivia, Jhonny Torrez.

“Pedimos que ese ‘50-50’ se consolide en el presupuesto 2027, que lo vamos a trabajar desde septiembre. El 7 de septiembre tenemos que presentar (presupuestos) a los consejos municipales, hasta llegar a finales de noviembre que la Asamblea Legislativa Plurinacional lo apruebe”, dijo al respecto Torrez.

Añadió además que, si se viabiliza el ‘50-50’ como lo proponen los municipios, el Gobierno podría disponer del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para gobernaciones y otras necesidades. Por lo tanto, los municipios tendrían coparticipación, recursos propios y los municipios puedan ser sujetos de crédito.

El segundo tema es la devolución a los municipios del 12% de sus recursos que se les quitó durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), supuestamente para ser invertidos en exploración petrolera, lo que nunca sucedió. “El anterior gobierno no exploró nada, y por eso estamos en la crisis que hoy el gobierno actual tiene que sobrellevar y tiene que tratar de salvar”, detalló el presidente de la FAM.

La gestión del presidente Paz, ya procedió a la devolución de una parte de esos dineros, ahora los municipios esperan que se proceda a la devolución, aunque sea gradual de los mismos para destinarlos a necesidades incluidas en sus presupuestos.

El tercer punto de la agenda municipalista, acordado de forma unánime por los munícipes de todo el país, es la derogación del decreto supremo 5676 que establece el pago de Bs 18 por litro a los GRACOS.

Como cuarto punto, están las deudas de los municipios, éstos piden que puedan ser refinanciadas a plazos que dupliquen el tiempo de pago que tengan en el presente”. “Doy un ejemplo. Un municipio debe 10 millones a 4 años, podría seguir debiendo los 10 millones a 8 años”, explicó Torrez.

De esa forma, las alcaldías seguirán pagando la mitad de sus cuotas y la otra mitad podrán destinarla a educación, salud, infraestructura. Lo municipios piden hacer devolución de esos recursos de forma progresiva. 

El quinto punto, se refiere a la devolución de competencias desde los municipios al nivel central, porque muchas de ellas se les impuso en los gobiernos del MAS, lo que significó que las alcaldías tengan que utilizar recursos propios para atender las competencias que se les adjudicó de forma forzosa a través de decretos supremos y leyes.

“En los últimos 19 años han recargado obligaciones a los municipios: Nutri Mamá, Nutri Bebé, desayuno escolar, Carmelo, bono para personas con discapacidad, y una serie de cosas”, reclamó el presidente de la FAM al pedir que esas competencias “sean eliminadas en el acto”.

Finalmente, como sexto punto, las alcaldías piden que se cree un fondo social de emergencia para enfrentar la grave crisis económica heredada de 20 años de gobiernos masistas. Este fondo absorberá la mayor cantidad de mano de obra no calificada, ya que es uno de los más grandes problemas que tiene Bolivia es la desocupación.

“Este fondo apoyará a esa persona que el día de hoy no sabe qué llevar de comer a su casa, a sus hijos. Entonces, una excavadora puede hacer el trabajo de 20 o 40 personas, pero hagamos el trabajo a pala y pico, y de paso no gastamos diésel. Y generaríamos empleo en enormes cantidades”, expuso el alcalde tarijeño.

De forma complementaria, los municipios piden al Gobierno Nacional que los recursos de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya aprobado por la ALP, de $us 3.500 millones pueda ser utilizado para financiar obras en las regiones de forma directa e inmediata, lo que generará fuentes laborales.

El Gobierno nacional proyectó Bs 164,4 millones para atender las emergencias provocadas por nevadas, heladas, lluvias, inundaciones y fuertes vientos registrados en diferentes regiones del país. Los recursos serán ejecutados en tres etapas para fortalecer la respuesta estatal.

A través del Viceministerio de Defensa Civil, el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las zonas afectadas y coordina con municipios, gobernaciones y el Senamhi la identificación de necesidades y el despliegue de asistencia.

La planificación contempla Bs 80 millones en una primera etapa, Bs 72,7 millones en una segunda y Bs 11,96 millones en una tercera, destinados a fortalecer las acciones de atención y respuesta ante los eventos climáticos.

La asistencia estatal incluye ayuda humanitaria para las familias damnificadas y apoyo para proteger la producción agropecuaria afectada por las condiciones climáticas, particularmente en las regiones golpeadas por las nevadas.

El Gobierno reafirma así su compromiso de priorizar la protección de las familias y sus medios de vida, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las emergencias y orientando los recursos hacia las comunidades que requieren atención inmediata.