Abril 14, 2025

El dilema del Estado: Combatir el contrabando sin afectar el comercio

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

La Séptima Disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha desatado un intenso debate y una creciente politización en Bolivia, evidenciando las tensiones entre la protección de los alimentos y la energía en el país y el oportunismo político de algunos sectores que buscan generar conflictos con fines partidarios. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para frenar el contrabando a la inversa y garantizar el abastecimiento interno de alimentos y combustibles, sectores opositores la denuncian como una acción confiscatoria que vulnera derechos fundamentales. La controversia ha llegado hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), rompiendo así el diálogo y dejando sin voz a la población, que sufre las consecuencias del agio, la especulación, el contrabando y el acaparamiento. Muchos sectores esperaban la reglamentación de la medida para mejorar el control del comercio de bienes esenciales, pero la admisión de una acción de inconstitucionalidad ha suspendido su aplicación, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de esta regulación. En un contexto de creciente presión económica y social, la resolución de este conflicto marcará un precedente clave para la política comercial y de abastecimiento en Bolivia.

La Séptima Disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha generado un intenso debate en Bolivia. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta para combatir el contrabando a la inversa y garantizar el abastecimiento interno de alimentos y combustibles, sectores opositores la consideran una medida confiscatoria que atenta contra la libertad de comercio y la economía.

El contrabando a la inversa ha sido identificado como un factor clave en la escasez de productos básicos dentro del país. La exportación ilegal de alimentos y combustibles a países vecinos reduce la oferta en el mercado interno, elevando los precios y afectando a los ciudadanos. Frente a esto, el Gobierno ha impulsado esta normativa con el argumento de que es necesario reforzar los controles para evitar que los productos subsidiados por el Estado sean desviados fuera de las fronteras nacionales.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición, promovida por el diputado Miguel Roca, quien sostiene que la normativa tiene un carácter confiscatorio y restringe derechos fundamentales. Con esta admisión, la aplicación de la disposición queda en suspenso hasta que el TCP emita un fallo definitivo.

El conflicto revela una contradicción entre el rol del Estado como garante del bienestar económico y las limitaciones que puede imponer sobre la libre circulación de bienes. En este contexto, el Estado esperaba la participación de actores como los productores, comercializadores e intermediarios para la reglamentación necesaria. Sin embargo, ahora la situación se ha convertido en un tema político que genera controversia, ya que Roca ha logrado interrumpir este proceso de negociación y diálogo en defensa del ciudadano y la protección de los alimentos y carburantes en el país. Si bien es comprensible que el Gobierno busque evitar el desabastecimiento y estabilizar los precios internos, también es cierto que una regulación excesiva puede afectar el comercio y generar incertidumbre jurídica.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre el control estatal y la libertad económica. La solución no debe ser simplemente endurecer sanciones, sino fortalecer mecanismos de control fronterizo sin afectar la actividad comercial legítima. De lo contrario, existe el riesgo de que estas restricciones generen mercados paralelos aún más difíciles de controlar.

El debate sobre la Séptima Disposición del PGE 2025 no es solo una discusión legal, sino también una cuestión de política económica y social. La decisión final del TCP será clave para definir los alcances del control estatal sobre el comercio de bienes esenciales y el impacto que esto tendrá en la economía boliviana en los próximos años.

Calvimontes exige al Legislativo aprobar créditos externos para atender emergencia y la viabilizar ingreso de divisas

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, exhortó a los legisladores aprobar los créditos externos destinados a diferentes proyectos de inversión pública, entre ellos dos créditos por $us 325 millones para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.

“Estos créditos cuando llegan a Bolivia, llegan en divisas norteamericanas, es decir en dólares, ingresan al Banco Central y para ser utilizados en nuestro territorio nacional se convierten en la moneda boliviana, pero esos dólares que quedan en el Banco Central son dólares que nos pueden permitir utilizar en distintas actividades”, explicó en conferencia de prensa.

Las intensas y persistentes lluvias causan estragos en el territorio nacional, dejando a 136.885 familias afectadas, 49.171 familias damnificadas, 1.236 viviendas afectadas y 411 casas destruidas, sin contabilizar los recientes hechos en Cochabamba, La Paz y Palca.

“Estamos entrando en un periodo ya extremadamente crítico. Como estaba previsto, este mes iba a ser el más duro, en cuanto a las afectaciones por inundaciones”, señaló e insistió en la importancia y necesidad de la aprobación de los créditos.

Calvimontes aclaró que el dinero de los créditos está destinado específicamente a proyectos de desarrollo productivo, económico y social, mientras que la moneda extranjera será utilizada para otras transacciones en dólares.

"No es que los créditos se van a utilizar con otra finalidad, sino que se trata de hacer el cambio de moneda americana a moneda boliviana", precisó.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta hidrológica roja para 98 municipios, incluyendo Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz. Se prevé que las lluvias continúen en las próximas semanas.

YPFB impulsa el crecimiento de las Reservas de Gas Natural, alcanzando 4,5 TCF

Por: Martín Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

El crecimiento sostenido de las reservas certificadas de gas natural en Bolivia, que alcanzaron los 4,5 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2023, marca un hito en la estabilidad y proyección energética del país. Este avance refleja una planificación estratégica y una gestión eficiente en la reposición de reservas, consolidando la soberanía energética y fortaleciendo la economía nacional. Con inversiones clave, exploración de nuevos yacimientos y un crecimiento sostenido en la producción de gas natural y petróleo, Bolivia se posiciona con optimismo frente a los desafíos globales del mercado energético. A través de la eficiencia, la innovación y la transparencia, el país apuesta por garantizar el abastecimiento interno, potenciar sus exportaciones y consolidarse como un actor competitivo en la región.

La empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha demostrado una notable eficiencia en su gestión, consolidándose como un pilar clave para la estabilidad energética del país. Entre los aspectos más destacados de su desempeño se encuentran la estabilidad en las reservas de gas, que aseguran el suministro para sectores fundamentales como la industria manufacturera, minería, la agropecuaria, y el bienestar de las familias bolivianas a través del gas domiciliario. Esta estabilidad no solo garantiza el suministro de energía, sino también contribuye a la reducción de costos y a la mejora de la eficiencia en la importación de carburantes.

Además, YPFB ha implementado un plan estratégico de exploración que está dando frutos palpables. La reafirmación de las reservas de gas y petróleo, con una proyección de alcanzar hasta 30 TCF (trillones de pies cúbicos) para 2030, refleja una gestión visionaria y a largo plazo. A esto se le suma la producción de 55.000 barriles de petróleo diarios para el mercado interno, lo que fortalece la autonomía energética del país.

La mejora en la eficiencia en el despacho de carburantes ha permitido también una reducción significativa en los costos de importación, lo que se traduce en beneficios directos para el consumidor y para la economía boliviana en su conjunto.

Este proceso de crecimiento y eficiencia no es producto del azar, sino de una visión estratégica de inversión y transparencia, orientada a mejorar las condiciones del sector hidrocarburífero en Bolivia. YPFB, con una gestión sólida y orientada a la sostenibilidad, está marcando el camino hacia un futuro energético más seguro, eficiente y económico para todos los bolivianos.

Renta Petrolera y Producción de Gas Natural: Proyecciones y Realidad

La renta petrolera es un indicador clave para evaluar los ingresos que genera la explotación de hidrocarburos en Bolivia. Para el año 2025, se proyecta alcanzar una renta petrolera de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 2016 se registraron ingresos de 1.756 millones de dólares, mientras que en 2020, pese a la caída en la producción de gas natural, la renta petrolera se ubicó en 1.652 millones de dólares. En 2021, se incrementó a 1.701 millones de dólares, y en 2022 se alcanzó la cifra más alta de los últimos años, llegando a 2.657 millones de dólares.

Ingresos Operativos por Venta de Hidrocarburos

Los ingresos operativos derivados de la comercialización de hidrocarburos entre 2010 y 2025 han sido significativos. En el mercado interno, se estima un total de 4.523 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural destinado al sector eléctrico y clientes directos. En cuanto al mercado externo, las exportaciones incluyen petróleo crudo reconstituido, gas natural, GLP, gasolina rica en iso-pentano y urea. Además, en el sector mayorista, se comercializan combustibles líquidos como gasolinas, diésel oil y kerosene, además de GLP para envasadoras privadas y gas natural vehicular.

Reservas Certificadas y Transparencia en la Información

En 2023, las reservas certificadas probadas de gas natural alcanzaron los 4,5 trillones de pies cúbicos (TCF). Según YPFB, este resultado se debe a una correcta gestión en la reposición y explotación de pozos petroleros, además del desarrollo de pequeños yacimientos, lo que ha garantizado la estabilidad del abastecimiento de gas para el consumo interno. Esta cifra destaca por su transparencia, especialmente frente a la polémica generada durante el proceso de capitalización, cuando se afirmó que existían 25 TCF. Se alegaba que esta cantidad beneficiaba a transnacionales con el apoyo de los gobiernos de Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa, acusados de traicionar al pueblo boliviano. Sin embargo, tras una certificación posterior, se descubrió que solo había 9 TCF.

Pronósticos de Producción y Comercialización de Gas Natural

De cara al futuro, las proyecciones de producción de gas natural indican que para 2025 se alcanzarán 29,53 millones de metros cúbicos diarios, cifra que aumentará de manera progresiva hasta llegar a 42,05 millones de metros cúbicos en 2030 y 51,58 millones de metros cúbicos en 2035. Este crecimiento sostenido es el resultado de una política de exploración y eficiencia en la distribución.

En cuanto a la comercialización de gas natural, el mercado interno demanda actualmente 14,55 millones de metros cúbicos diarios, mientras que el mercado externo registra un consumo similar de 14,65 millones de metros cúbicos diarios. Estos volúmenes reflejan la capacidad de YPFB para garantizar el suministro tanto a nivel nacional como internacional, cumpliendo con los contratos de exportación vigentes.

En conclusión, la renta petrolera y la producción de gas natural continúan siendo pilares fundamentales para la economía boliviana. Con una estrategia enfocada en la exploración y el desarrollo de nuevas reservas, el país busca mantener su autosuficiencia energética y fortalecer su posicionamiento en el mercado internacional de hidrocarburos.

Combustibles Líquidos y Pronósticos de Producción

Se proyecta que la producción de petróleo en Bolivia alcanzará los 55 mil barriles diarios gracias a los procesos de exploración en curso. En cuanto a la composición total de la oferta de diésel, la producción nacional ha caído al 15%, lo que ha obligado al país a importar el 85% de este combustible. Por otro lado, la oferta de gasolina especial se divide en un 50% entre producción nacional e importación.

A pesar de los costos internacionales, la gasolina y el diésel bolivianos siguen siendo los más baratos de la región. Incluso la gasolina premium, cuyo precio está sujeto a valores internacionales, se mantiene como la opción más accesible en comparación con otros países vecinos.

Cambio Logístico y Reducción de Costos

En el corto plazo, se ha demostrado una mayor eficiencia en la importación de carburantes. La mayor compra de volúmenes a menores costos ha permitido reducir el gasto total de importación de 3.838 millones de dólares en 2023 a 3.463 millones de dólares en 2024. Esta optimización ha generado una reducción del costo por litro de 8,51 bolivianos a 7,30 bolivianos, representando un alivio significativo en la economía del país.

Producción de Urea

La producción anual de urea ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando en 2024 las 525,4 mil toneladas métricas, con una proyección de 585,5 mil toneladas métricas para 2025. En términos de ingresos por exportación de urea, en 2024 se registraron 152,5 millones de dólares, y se prevé que para 2025 esta cifra ascienda a 219,9 millones de dólares.

Producción de GLP

Por otro lado, la producción de gas licuado de petróleo (GLP) también ha mantenido una tendencia positiva, llegando a 551,46 mil toneladas métricas en 2024. Este crecimiento refleja el fortalecimiento de la industria de hidrocarburos y la capacidad de Bolivia para abastecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

Inversión en el Sector de Hidrocarburos y Exploración para 2025

El desarrollo del sector hidrocarburífero en Bolivia para 2025 estará respaldado por una inversión total de 703 millones de dólares. De este monto, la estatal estratégica boliviana YPFB destinará 319,14 millones de dólares, mientras que sus filiales y subsidiarias invertirán 304,32 millones de dólares, y las operadoras aportarán 80,24 millones de dólares.

Este esfuerzo financiero permitirá la ejecución de un ambicioso plan de exploración, que incluye la perforación de 56 pozos exploratorios a lo largo de la gestión 2025. Dentro de esta planificación, se han programado 13 pozos específicos: 8 serán perforados por YPFB Matriz y 5 estarán a cargo de empresas filiales y subsidiarias. Estos proyectos buscan fortalecer la producción y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos en el país.

Exploración y Desarrollo en la Cuenca de Millicuni

La exploración en el área de Millicuni representa un avance significativo en la reposición de reservas hidrocarburíferas del país. Este desarrollo no solo fortalece la producción de hidrocarburos, sino que también incluye al departamento de La Paz como nuevo productor, abriendo una nueva cuenca hidrocarburífera con alto potencial.

Proyectos en Ejecución

  • Pozo Ejecutado: MAYAYA CENTRO-X1 IE
  • Infraestructura: Instalaciones de Producción Temprana y Ducto en el Área Lliquimuni – Estructura Mayaya Centro
  • Transporte: Ducto Mayaya – Caranavi
  • Pozos Delimitadores: MAYAYA CENTRO-X2 y MAYAYA CENTRO-X3
  • Exploración e Investigación: SUAPI-X1 IE

El volumen en sitio estimado promete una renta petrolera de aproximadamente 3.810 millones de dólares, con una inversión requerida de 403 millones de dólares. Este proyecto estratégico es clave para la diversificación de la producción nacional y la seguridad energética del país.

Metropolización y reordenamiento urbano: Los desafíos del futuro

Por: Martin Moreira

Miembro de la Red Boliviana de Economía Política

En las últimas décadas, El Alto se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo del país, impulsado por la inversión pública, el crecimiento empresarial y la fuerza emprendedora de su población. La expansión económica de la ciudad se ha reflejado en un aumento significativo del financiamiento productivo, la bancarización y la formalización de la economía, factores que han dinamizado diversos sectores estratégicos como la industria, la construcción y el comercio. Además, la inversión en educación superior y acceso a vivienda ha fortalecido el desarrollo social de la urbe. Sin embargo, la consolidación de su crecimiento exige nuevos retos, como la metropolización y el reordenamiento urbano, que permitan potenciar su estructura productiva y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El desarrollo en diversas regiones del país está marcado por un crecimiento evidente, y esto no se le puede negar al modelo económico vigente. Un claro ejemplo de cómo la inversión pública ha fomentado un crecimiento acelerado es El Alto, ciudad caracterizada por una gran migración y una fuerte tradición de lucha. Su crecimiento ha sido impulsado por emprendedores que, poco a poco, han convertido a esta urbe en uno de los principales polos de desarrollo del país.

La próxima meta de El Alto es su metropolización, pero para ello es necesario un reordenamiento urbano que aborde temas clave como su parque industrial. La consolidación de este espacio ayudaría significativamente al desarrollo económico, permitiendo concentrar a las industrias ya establecidas e incentivar la llegada de nuevas empresas. Otra propuesta estratégica es la reubicación del aeropuerto fuera de la ciudad, lo que permitiría reutilizar ese terreno para la creación de áreas verdes, edificios institucionales y un centro empresarial que impulse aún más el crecimiento de esta pujante ciudad.

Para comprender el impacto de la inversión pública, es necesario revisar su evolución en el tiempo. Entre 2006 y 2024, la inversión pública ejecutada en el municipio de El Alto alcanzó los $us 129 millones, un incremento significativo en comparación con el período neoliberal, cuando el promedio anual era de apenas $us 10 millones. Este aumento responde a políticas de fortalecimiento del desarrollo urbano y productivo dentro del marco del modelo económico, lo que ha permitido potenciar la fuerza emprendedora de la ciudad y generar un crecimiento exponencial.

La base empresarial del municipio de El Alto creció un 19,5% en los últimos cuatro años, pasando de 28.513 empresas al cierre de 2020 a 34.087 en 2024. En términos netos, esto representa la creación de 5.574 nuevas empresas, reflejando la expansión y dinamización del sector empresarial. Si analizamos su evolución desde 2005, cuando contaba con 1.696 empresas, el crecimiento en 19 años ha sido del 200%, impulsado por un entorno más favorable para los emprendedores.

Este dinamismo también se refleja en el acceso al crédito. Para 2024, el sistema financiero otorgó financiamiento productivo a 142.277 iniciativas en El Alto. Entre 2020 y 2024, el monto destinado a estos créditos creció de $us 735 millones a $us 1.071 millones, un incremento del 46%. Si comparamos con 2012, cuando el financiamiento alcanzaba apenas $us 141 millones, el crecimiento acumulado hasta 2024 es del 660%.

Ese capital ha sido clave para fortalecer sectores estratégicos como la industria manufacturera y la construcción, que concentraron el 88,2% del total de créditos ($us 639 millones y $us 305 millones, respectivamente). El resto se destinó a turismo ($us 65 millones, 6%), agricultura ($us 54 millones, 5,1%) y otros rubros. Estas inversiones han sido fundamentales para fortalecer el empleo, dinamizar la economía local y consolidar a El Alto como un motor de desarrollo para el país.

Este crecimiento económico va acompañado de un aumento significativo en los depósitos del público en el sistema financiero del municipio de El Alto. Entre 2020 y 2024, estos depósitos pasaron de $us 654 millones a $us 896 millones, lo que representa un crecimiento del 37% en cuatro años. En la última década, el incremento ha sido aún más notable: en 2013, el monto ascendía a $us 291 millones, lo que significa un aumento del 207,9% hasta 2024. Este crecimiento refleja una mayor bancarización y confianza en el sistema financiero.

En el ámbito social, el acceso a la vivienda también ha mostrado avances significativos. En 2024, el Crédito de Vivienda de Interés Social alcanzó los $us 162 millones, consolidando el financiamiento para la adquisición de viviendas, anticréticos, ampliaciones y otras mejoras habitacionales. Mientras que en 2014 solo 366 familias pudieron acceder a este tipo de crédito, en 2024 el número de beneficiarios ascendió a 4.800 familias, evidenciando una mayor inclusión financiera en este sector.

Otro aspecto clave ha sido la potenciación de la educación superior en la ciudad. Entre 2021 y 2024, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) recibió en promedio Bs 405 millones anuales en transferencias del nivel central, provenientes de la coparticipación tributaria, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, subsidios y subvenciones. Este monto es más del doble del promedio de Bs 184 millones registrados entre 2006 y 2019, y 25 veces superior a los Bs 16 millones anuales asignados en el período 2000-2005. Este incremento sostenido de recursos ha permitido a la UPEA expandir su infraestructura y mejorar su capacidad académica, fortaleciendo así la formación profesional en la ciudad.

En esta misma línea, la necesidad de formalización en la urbe se vuelve un factor clave para garantizar un crecimiento acompañado del cumplimiento impositivo. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2024, la recaudación tributaria en El Alto aumentó de Bs 257 millones a Bs 417 millones, reflejando un crecimiento del 62,2%. Comparado con 2006, cuando se implementó el Modelo Económico y la recaudación era de Bs 69 millones, el incremento acumulado hasta 2024 alcanza el 618,9%. Este crecimiento en la recaudación responde a una mayor actividad económica y a la formalización progresiva de la economía alteña.

Régimen Penitenciario remarca que Bolivia apuesta por la reinserción social y descarta propuesta de Doria Medina

Bolivia apuesta por la reinserción y respeto de los derechos humanos en la administración de las cárceles del país, aseveró este miércoles el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y descartó la propuesta del político y empresario Samuel Doria Medina de aplicar el modelo de El Salvador.

“Bolivia apuesta por la reinserción. A diferencia de otros países donde se prioriza el castigo extremo y el encierro masivo, aquí trabajamos en la rehabilitación y reintegración de las personas privadas de libertad”, señaló Limpias.

En las últimas horas, luego de su visita a El Salvador, Doria Medina aseveró que “trae ideas para bajar el crimen y mejorar las cárceles en Bolivia”.

Limpias reprochó las declaraciones del empresario y las calificó como irresponsables por “ignorar la realidad” del país y comparar el sistema penitenciario con el que tiene El Salvador.

“Queremos dejar claro que en Bolivia no se gobierna con odio ni represión, sino con reinserción y respeto a los derechos humanos. (…). En nuestros centros penitenciarios, las personas privadas de libertad acceden a educación, trabajo, salud y formación para reconstruir sus vidas. Creemos en segundas oportunidades, no en el exterminio social”, afirmó.

Desde el Gobierno nacional se promueve la política de las cárceles productivas, con la elaboración de artesanías, productos, servicios, la música y otras actividades “que dignifican y preparan para la vida en libertad”.

“Humanizamos la justicia. No creemos en la violencia como solución. Apostamos por un sistema que rehabilite con el apoyo de familias, instituciones y la sociedad. Comparar Bolivia con El Salvador es un discurso vacío y peligroso. Nuestro Gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, construye justicia con dignidad, no con terror”, aseveró.

Fuente ABI