BONO PEPE II GARANTIZA APOYO DIRECTO A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DEL PAÍS

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó el Decreto Supremo 5713 que crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II), destinado a fortalecer los ingresos de familias en situación de vulnerabilidad frente a la coyuntura económica.

El beneficio consiste en una transferencia de Bs 250 cada dos meses, entre noviembre de 2026 y abril de 2027, alcanzando un máximo acumulado de Bs 750 por persona. El programa tendrá carácter temporal y extraordinario, consolidando la política de protección social impulsada por el Gobierno.

Los grupos beneficiarios definidos en la norma incluyen: mujeres gestantes inscritas en el Bono Juana Azurduy, madres menores de edad, personas con discapacidad visual, grave o muy grave registradas en el SIPRUNPCD, adultos mayores que reciben la Renta Dignidad sin pensión de largo plazo, padres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales y de convenio, así como niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, casas cunas y centros penitenciarios.

El Decreto Supremo establece que cada persona podrá acceder al PEPE II por un solo criterio de elegibilidad, evitando duplicidades. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas consolidará el padrón de beneficiarios con información oficial de los ministerios de Salud y Educación, la Gestora y el Instituto Boliviano de la Ceguera.

Los pagos se realizarán mediante tres modalidades: abono en cuenta bancaria unipersonal, cobro en ventanillas de la entidad pública y corresponsales financieros, o depósito en billetera móvil. La norma garantiza que los recursos no podrán ser objeto de descuentos, retenciones ni comisiones, salvo mandato judicial expreso o recuperación de pagos indebidos.

Con el PEPE II, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger a los sectores más vulnerables y garantizar equidad social, asegurando que la ayuda llegue de manera directa y transparente a quienes más lo necesitan.

Este anuncio fortalece la visión de una Bolivia productiva, con políticas de equidad social y mecanismos de protección económica que priorizan a las familias en tiempos de desafíos.