El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá destinar recursos no reclamados al fortalecimiento del Órgano Judicial, mediante inversiones en tecnología, infraestructura y personal de apoyo jurisdiccional.
“Estamos derrotando al Estado Tranca desde las diferentes instancias también”, afirmó el primer mandatario, quien calificó la norma como “un primer gran paso” para transformar la justicia.
Además, destacó que los recursos no se utilizarán para pagar salarios ni ampliar la burocracia, sino para mejorar la atención a la ciudadanía. “Una buena justicia hace que las inversiones crezcan en el país”, sostuvo, al señalar que la independencia judicial y la seguridad jurídica son fundamentales para impulsar el desarrollo económico y generar confianza para las inversiones.
La ley establece un plazo de cinco años para reclamar los depósitos judiciales cuyo reembolso haya sido autorizado mediante resolución ejecutoriada, cumplido ese periodo y los procedimientos legales de publicación, notificación y reclamación, los recursos podrán consolidarse a favor del Órgano Judicial. La norma también contempla mecanismos de impugnación y excepciones para proteger derechos sensibles.
El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que la norma es resultado de la coordinación entre las instituciones del Estado. “Esta es una ley que ha tenido un proceso de concertación con el Tribunal de Justicia, el Poder Ejecutivo y, obviamente, el Poder Judicial, y que va a permitir contar con recursos adicionales para llevar adelante procesos de transformación importantes”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, explicó que “el destino de estos recursos de la ley que usted acaba de promulgar, presidente, se basa en tres ejes: tecnología, infraestructura y apoyo jurisdiccional para desconcentrar la carga en el trabajo que desarrollan los jueces”, señaló. Añadió que la digitalización permitirá a los litigantes consultar sus expedientes desde el celular y acceder a información procesal en tiempo real.
El primer mandatario recordó que enfrentó 16 procesos judiciales que calificó de abusivos y remarcó la importancia de garantizar una justicia independiente y transparente. También alertó sobre la corrupción y las amenazas del crimen organizado contra los operadores judiciales. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”, afirmó.
La norma excluye del régimen de prescripción, entre otros, los depósitos vinculados con asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad, conforme a las previsiones legales.
Con esta disposición, se incorpora un mecanismo para que los depósitos judiciales que permanezcan sin reclamar, una vez cumplidos los requisitos legales, puedan contribuir al fortalecimiento institucional del Órgano Judicial y a la mejora de los servicios que presta a la población.
