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COSDEP DEFINE PARTICIPACIÓN EXCEPCIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CONTRA EL NARCOTERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La quinta sesión del Consejo estableció como base de trabajo un proyecto de ley que permitirá el apoyo militar, bajo condiciones excepcionales, temporales, complementarias y controladas, frente a amenazas verificables.
La Paz, 7 de octubre de 2026.- El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP) determinó establecer un marco jurídico para la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas, como uno de los principales resultados de su quinta sesión, realizada este miércoles en el Palacio de Gobierno.
Esta labor extraordinaria de las Fuerzas Armadas se desarrollará en coordinación con la Policía Boliviana, en el marco del mandato constitucional de cooperación entre ambas instituciones y bajo las condiciones y mecanismos de control que establecerá la normativa correspondiente.
La reunión fue dirigida por el presidente del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz Pereira, y se extendió por más de una hora. Participaron el secretario general permanente del COSDEP, general de Aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal; los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda; de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y de Economía, Christian Morales Burgos, además de los miembros del Alto Mando Militar.
La decisión está contenida en la Resolución Administrativa COSDEP N.º 01/2026, que dispone la revisión y consolidación de un anteproyecto de ley sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y establece que esta intervención deberá tener carácter excepcional, temporal y subsidiario, además de estar sometida a la autoridad civil y a mecanismos de control y rendición de cuentas.
El ministro de Defensa explicó que esta propuesta constituye uno de los cuatro pilares de la nueva arquitectura de seguridad y defensa que impulsa el COSDEP.
“En el caso de las Fuerzas Armadas, el proyecto es muy claro. Hablamos de una participación excepcional temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías”, afirmó Justiniano.
El proyecto establece que la intervención militar deberá responder a una amenaza verificable y a la existencia de capacidades militares específicas para enfrentarla. Asimismo, contempla reglas para la coordinación entre el Gobierno y el sector Defensa, uso de la fuerza, protección de civiles y mecanismos de fiscalización.
La propuesta también establece que esta participación no implica la suspensión de derechos y garantías constitucionales ni supone, por sí misma, la existencia de un conflicto armado.
NARCOTERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO
De acuerdo con la ayuda memoria presentada al COSDEP, el proyecto define la amenaza narcoterrorista como una estructura vinculada al narcotráfico que utiliza violencia organizada, actos de terror o coerción sistemática.
La documentación identifica entre las nuevas amenazas transnacionales al narcotráfico, narcoterrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, trata y tráfico de personas, organizaciones criminales transnacionales, vuelos irregulares, delitos ambientales y explotación ilícita de recursos naturales.
Justiniano señaló que las organizaciones criminales ya no se limitan al transporte de droga y pueden contar con logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación.
“Por eso nuestra respuesta también tiene que evolucionar: más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación, principalmente con nuestros países vecinos”, sostuvo.
CUATRO NORMAS PARA UNA NUEVA ARQUITECTURA
La participación excepcional de las Fuerzas Armadas forma parte de cuatro proyectos normativos presentados en la quinta sesión del COSDEP.
El primero es la Ley de Seguridad y Defensa Integral del Estado, que establecerá el marco general de la política de seguridad y defensa.
El segundo es la Ley Orgánica del COSDEP, que fortalecerá al Consejo como instancia superior de asesoramiento y coordinación estratégica del Presidente, sin ejercer mando operativo ni sustituir competencias de otras instituciones.
El tercero es la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, destinada a integrar información y generar alertas tempranas frente a amenazas como el crimen organizado transnacional, narcotráfico, narcoterrorismo, terrorismo, tráfico de armas, ciberamenazas y financiamiento ilícito.
El cuarto es la norma específica para el apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y amenazas narcoterroristas.
El secretario general permanente del COSDEP, general de Aviación Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, confirmó que los cuatro marcos normativos fueron presentados durante la sesión, en cumplimiento de las directrices presidenciales.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó que el crimen organizado “es transversal” y remarcó la necesidad de una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado y de cooperación con otros países.
El mandatario también señaló que la Policía Boliviana constituye un factor fundamental para alcanzar los objetivos del COSDEP, en el marco del mandato constitucional de coordinación entre las Fuerzas Armadas y la institución policial.
La resolución establece que los cuatro proyectos serán revisados y consolidados antes de su remisión, por el conducto institucional correspondiente, es decir, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas de Bolivia (UDAPE) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPE).
El documento del COSDEP establece que las medidas deberán ejecutarse con pleno respeto a la Constitución Política del Estado, los derechos humanos, la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil y las competencias legales de las instituciones del Estado.