MINISTERIO DE GOBIERNO LUCHA FRONTAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTERRORISMO

El combate a las organizaciones transnacionales, al narcotráfico y al narcoterrorismo, marcó el primer año de gestión, donde se resalta la captura de Sebastián Marset, uno de los capos más buscados a nivel mundial. Asimismo, las fuerzas del orden lograron la aprehensión de más de 20 integrantes de facciones criminales internacionales de alta peligrosidad.

Bajo la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, la cartera de Estado liderada por Marco Antonio Oviedo, cumple un año de gestión marcada por la reestructuración interna, el restablecimiento de alianzas internacionales y una ofensiva directa contra redes transnacionales.

En ese contexto, se pueden mencionar las facciones criminales internacionales de alto riesgo como: el Primer Cartel Uruguayo, Los Espartanos de Colombia, Los Pulpos de Perú, y grupos brasileños como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (C.V.).

El combate a las organizaciones transnacionales, marcó el primer año de gestión con la captura del uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados, quien fue expulsado a Estados Unidos tras un operativo ejecutado el 13 de marzo sin bajas ni heridos.

Incautaciones
En términos de incautaciones y destrucción de infraestructura ilícita, el balance operativo arroja cifras contundentes:

* Droga secuestrada: 402 toneladas en un total de 9,417 operativos.
* Destrucción de laboratorios y fábricas: se desmantelaron 39 laboratorios de cristalización y 515 fábricas de sustancias controladas.
* Secuestro de transportes: se incautaron 791 vehículos y 16 pistas clandestinas fueron destruidas.
* Control del espacio aéreo: el secuestro de aeronaves experimentó un repunte del 822.2%, pasando de 9 naves en 2025 a 83 en el último año.
* Afectación económica: el golpe financiero al narcotráfico superó los 132 millones de dólares, con un saldo de 2.682 personas aprehendidas.

Corrupción institucional
En una de las operaciones más severas contra la corrupción institucional, se desarticuló una organización criminal que operaba desde el interior de la Fiscalía General del Estado.

El operativo concluyó con la detención de 14 personas encargadas de otorgar impunidad y blindaje jurídico al narcotráfico, entre las que se encuentran exautoridades judiciales y efectivos policiales.

Por esta razón, el exfiscal general Roger Mariaca se encuentra recluido en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, —se estableció que planeaba fugar del centro penitenciario, luego de detectarse que realizaba llamadas telefónicas no autorizadas desde su celda— mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, huyó de Bolivia y se declaró en el exilio, tras emitirse una orden de aprehensión en su contra que lo vincula al mismo caso de narcotráfico.

La investigación de las 22 maletas, está centrado en el ingreso irregular al país, exactamente por el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, de un cargamento de marihuana de alta pureza procedente de California.

El caso dio un giro drástico, debido a que las últimas investigaciones establecen que Mariaca financió la importación de la marihuana químicamente adulterada y su traslado en las maletas, mientras que Saucedo encubrió la operación.

Fiscalización
En ese marco, esta cartera responsable de la seguridad interna del país, impulsó procesos de fiscalización internos, ejecutando 33 allanamientos vinculados a nexos de exautoridades de la Fiscalía con el crimen organizado.

En estas acciones se decomisaron 5 inmuebles, 46 vehículos, 4 armas de grueso calibre, más de 5 millones de bolivianos y 407.000 dólares.

De igual forma, en cumplimiento de órdenes judiciales, se reportó la captura e investigación de exautoridades de alto perfil como Luis Arce Catacora y su hijo Marcelo Arce Mosqueira, además de Edgar Montaño y Franklin Flores por actos ilícitos en proyectos estatales e irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En la faceta de control social, las autoridades hicieron frente a 53 días de bloqueos que ocasionaron la muerte de 22 personas, dañaron la economía nacional con pérdidas calculadas en más de 3.000 millones de dólares.

Estas movilizaciones, recibieron financiamiento ilícito, abriendo investigaciones por presuntos nexos con el narcoterrorismo.

En esa línea, el Gobierno acusó formalmente al exfiscal general Roger Mariaca de organizar y financiar los 53 días de bloqueos que paralizaron y afectaron severamente a diversas regiones del país, vinculándolo directamente con redes de narcoterrorismo.

Plano internacional y control fronterizo
La reintegración de Bolivia en los bloques de seguridad regional se consolidó mediante la incorporación al Escudo de las Américas y la obtención de la presidencia pro témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 naciones.

El país también restableció lazos estratégicos con la Unión Europea, Chile y Brasil, este último permitiendo la captura
de Engri Júnior de Almeida, denominado “Pablo Escobar de Goiás”, cabecilla de seguridad del PCC.

A nivel interno, la soberanía territorial se reforzó con la activación del plan Fronteras Seguras, en Guayaramerín, y su posterior evolución a la versión 2.0 en Santa Cruz y Desaguadero.

Los operativos también impactaron al sicariato en San Ignacio de Velasco, donde cayeron seis extranjeros vinculados a redes delictivas.

Proyecciones para el segundo año
En el caso de la gestión policial, cerró el ciclo con una reforma interna enfocada en erradicar la intromisión política y devolver la meritocracia, la capacidad y la dignidad al uniforme verde olivo.

Para el siguiente período, la agenda prioritaria del ministerio se enfocará en profundizar el combate al narcoterrorismo, blindar las instituciones públicas contra la filtración criminal, expandir el control en las fronteras y modernizar integralmente los sistemas de inteligencia y seguridad ciudadana.