El Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Marcelo Yamil García anunció la apertura de una línea investigativa sobre las actuaciones de la jueza Rojas, tras la suspensión de una audiencia de medidas cautelares vinculada a un caso que, según datos oficiales, involucra un posible daño económico superior a los 190 millones de bolivianos.

La autoridad señaló que la magnitud del perjuicio económico que se investiga convierte al proceso en un caso de alta relevancia para el Estado, por lo que resulta fundamental garantizar una actuación pronta, transparente y libre de cualquier dilación indebida por parte de los operadores de justicia.

De acuerdo con la información expuesta por el Viceministerio, existen observaciones respecto a los mecanismos que habrían sustentado la suspensión de la audiencia cautelar. En ese marco, y en cumplimiento del Decreto Supremo 5749, se determinó iniciar una verificación exhaustiva sobre las decisiones y antecedentes de la autoridad jurisdiccional involucrada.

La investigación también abarcará procesos disciplinarios anteriores. Según el reporte oficial, la jueza registraría al menos tres procesos en trámite durante la gestión 2025 por presuntas faltas graves. Sin embargo, ninguno de ellos habría concluido hasta la fecha, situación que será objeto de revisión para establecer las causas de la demora y el estado de cada procedimiento.

Asimismo, el Viceministerio informó que se analizarán otras actuaciones judiciales atribuidas a la misma autoridad. Entre los antecedentes observados figura la concesión de medidas sustitutivas a la detención preventiva en favor de un familiar de Sebastián Marset, además de decisiones relacionadas con personas presuntamente vinculadas a otro caso de relevancia nacional asociado al apellido Montenegro.

Las autoridades consideran que el conjunto de estos antecedentes amerita una evaluación detallada para determinar si existieron irregularidades o patrones de actuación que deban ser investigados en el ámbito disciplinario y administrativo.

Desde el Gobierno se remarcó que la prioridad es garantizar que la justicia actúe con celeridad, imparcialidad y transparencia, especialmente en procesos que comprometen importantes recursos públicos y que tienen un alto impacto para la población.

“El Estado quiere que la justicia actúe de manera pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, mucho más cuando se trata de un caso que comprometería más de 190 millones de bolivianos”, enfatizó la autoridad.

La investigación permitirá recopilar antecedentes, verificar actuaciones procesales y establecer si corresponde impulsar acciones adicionales dentro de los mecanismos de control y fiscalización previstos por la normativa vigente. El Gobierno reafirmó su compromiso de fortalecer la lucha contra la corrupción y promover una administración de justicia que responda con eficiencia a las demandas de la ciudadanía.