_{Ambientes del Aeropuerto Internacional de El Alto. Foto: MOPSV.}

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Alto fueron suspendidas temporalmente debido a las nevadas y la reducción de la visibilidad, condiciones que dificultan el normal desarrollo de los vuelos y obligan a reforzar las medidas de seguridad.

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) comunicó que la suspensión se mantendrá mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. La entidad prevé reanudar las operaciones en las próximas horas, una vez que el clima permita garantizar la seguridad operacional.

Ante esta situación, Naabol recomendó a los pasajeros tomar las previsiones necesarias, mantenerse atentos a la información proporcionada por sus respectivas aerolíneas y verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por nevadas débiles y temporalmente moderadas desde la tarde del domingo 23 hasta la noche de este lunes 24 de agosto.

La alerta comprende sectores de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, donde se prevén condiciones meteorológicas que podrían afectar la circulación y las actividades habituales.

Naabol recordó que la reanudación de los vuelos dependerá de la evolución del tiempo y del cumplimiento de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y operaciones aeroportuarias.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, advirtió este jueves que en el país se viven momentos difíciles para Bolivia porque los gobiernos antecesores dejaron a la nación en bancarrota.

Entre junio y agosto de esta gestión, según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, el país afronta un escenario de contracción del Producto Interno Bruto PIB (estimado entre 0,7% y 1%) debido a conflictos previos.

“Son momentos difíciles para el país, nos han dejado en bancarrota”, expresó el jefe de Estado durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo de los Ayllus en Paz.

Tras el anuncio de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar informal ha registrado una tendencia a la baja, cotizándose alrededor de los 11,52 de bolivianos.

Asimismo, el Banco Central de Bolivia (BCB) ha intervenido fuertemente aplicando medidas restrictivas como la elevación del encaje bancario del 3% al 7,5% y la emisión de letras para retirar bolivianos de la circulación. Esto busca frenar la especulación con la moneda extranjera.

Aunque, el Gobierno destacó la reducción del riesgo país a 407 puntos básicos según el índice EMBI de JPMorgan, lo que denota una recuperación de la confianza en los mercados internacionales.

Asimismo, el ministro Espinoza sostuvo que el país se encuentra superando el “riesgo de colapso económico heredado” mediante varias medidas legislativas y operativas.

Además, presentó un proyecto de ley enfocado en la formalización de microemprendedores (pago único del 5% sobre ventas), reducción de la prescripción fiscal de ocho a cuatro años, y un “perdonazo tributario” para deudas anteriores a 2017.

Se resalta también que el Proyecto de Ley de Inversiones, de 103 artículos, está orientado a generar seguridad jurídica, simplificar trámites e incentivar el desarrollo tecnológico y la inversión privada.

Igualmente, se inició con la reestructuración de la Aduana Nacional (bajo una propuesta de modelo mixto público-privado impulsada por el presidente Rodrigo Paz Pereira) y del Servicio de Impuestos Nacionales.

El ministro de Defensa niega categóricamente haber preparado, ordenado o autorizado acciones contra la vida del expresidente. Justiniano sostiene que existen órdenes judiciales de aprehensión vigentes contra Morales. Aclara que su cumplimiento debe realizarse dentro de la Constitución, la ley y con respeto al debido proceso. Pide que cualquier prueba sobre las acusaciones sea presentada ante el Ministerio Público.

La Paz, 20 de agosto de 2026.- El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, rechazó categóricamente las acusaciones formuladas públicamente por el expresidente Evo Morales, quien afirmó que existiría un supuesto plan para atentar contra su vida, y remarcó que cualquier actuación del Estado debe desarrollarse dentro de la Constitución, la ley y con pleno respeto al debido proceso.

“Lo niego categóricamente. Es absolutamente falso y extremadamente grave”, afirmó Justiniano en respuesta a las declaraciones de Morales.

El Ministro de Defensa negó haber preparado, ordenado o autorizado alguna acción destinada a atentar contra la vida del expresidente o de cualquier otra persona. “Nunca he preparado, ordenado ni autorizado ninguna acción para atentar contra su vida ni contra la de ninguna persona”, sostuvo.

Morales afirmó que Justiniano habría preparado un supuesto plan para matarlo y señaló que en esa acción estarían involucrados policías y militares. Sin embargo, en las declaraciones difundidas no presentó documentación u otro elemento material que respalde esa acusación y señaló haber recibido información de personas a las que identificó como policías y militares “patriotas”.

Frente a estas afirmaciones, Justiniano diferenció la existencia de órdenes judiciales vigentes de cualquier supuesto plan contra la vida del expresidente. “Lo que sí existe, y es público, son órdenes judiciales de aprehensión vigentes. Corresponde a las autoridades competentes hacerlas cumplir dentro de la Constitución y la ley, con pleno respeto a la vida, la integridad y el debido proceso”, afirmó.

El Ministro remarcó que el cumplimiento de una orden judicial y una acción destinada a atentar contra la vida de una persona son situaciones completamente diferentes. “Una cosa es cumplir una orden judicial y otra muy distinta inventar un supuesto plan de asesinato”, señaló.

Asimismo, Justiniano pidió a Morales presentar ante el Ministerio Público cualquier elemento que respalde sus acusaciones. “Si Evo Morales afirma tener una sola prueba de semejante acusación contra mi persona, que la presente ante el Ministerio Público”, sostuvo.

Finalmente, el titular de Defensa reafirmó que su actuación estará enmarcada en la legalidad y que no responderá a las acusaciones mediante amenazas o especulaciones.

“Mi responsabilidad es actuar dentro de la ley y garantizar que cualquier actuación del Estado también se realice dentro de ella”, afirmó.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz concentra su agenda en dos objetivos considerados estratégicos para la recuperación económica del país: resolver la problemática del abastecimiento de combustibles y avanzar en la aprobación de la Ley de Inversiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el mandatario mantiene una agenda enfocada en los principales problemas estructurales del país y en la búsqueda de soluciones para reactivar la economía nacional. La autoridad explicó que el Ejecutivo considera vinculados ambos desafíos, debido a que la normalización del suministro energético y la generación de condiciones de seguridad jurídica son fundamentales para recuperar la actividad productiva y atraer nuevas inversiones.

“Nos preocupa resolver el tema de la provisión de combustible”, afirmó Gálvez, al remarcar que este asunto constituye una de las prioridades inmediatas de la administración de Paz. Paralelamente, el Ejecutivo busca destrabar el tratamiento de la Ley de Inversiones, considerada una norma central para establecer nuevas reglas y generar mayor previsibilidad para capitales nacionales y extranjeros.

La propuesta forma parte de un paquete de reformas económicas impulsado por el Gobierno para modificar las condiciones de inversión en Bolivia y promover la participación del sector privado. El presidente Paz había anunciado que la Ley de Inversiones sería una norma fundamental para acompañar otras iniciativas relacionadas con hidrocarburos, minería, energía y alianzas público-privadas.

El proyecto, sin embargo, enfrenta actualmente un procedimiento de subsanación luego de que la Asamblea Legislativa devolviera el documento al Ejecutivo por una observación técnica en la foliación. El vicepresidente Edmand Lara explicó que una de las fojas se encontraba en blanco y que la devolución tenía carácter técnico-administrativo, sin constituir una observación de fondo al contenido de la propuesta.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la aprobación de esta normativa permitirá fortalecer la seguridad jurídica, reducir trabas burocráticas y establecer condiciones que incentiven la llegada de capital privado y extranjero, especialmente hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

En materia energética, el Gobierno también impulsa cambios destinados a reducir la presión que representa el subsidio a los combustibles y garantizar un suministro más estable. Entre las medidas recientes figura el incremento del precio del diésel para grandes consumidores, mientras se mantiene un tratamiento diferente para el consumo general.

Gálvez sostuvo además que el Gobierno pretende concentrar el debate en soluciones de fondo y en la construcción de un nuevo modelo económico, dejando en segundo plano otros asuntos coyunturales. En ese marco, defendió la capacidad de Paz para conducir el proceso de transformación y destacó la “solidez, sensatez y firmeza” del mandatario.

La agenda económica del Ejecutivo también contempla combatir la corrupción, reducir la burocracia y promover alianzas público-privadas para movilizar recursos hacia sectores estratégicos.

Con la atención puesta en garantizar combustibles y generar nuevas condiciones para la inversión, el Gobierno busca avanzar en una agenda económica que considera fundamental para la recuperación productiva y la generación de empleo en Bolivia.