El presidente Rodrigo Paz Pereira denunció este lunes que intereses políticos mantienen bloqueado un paquete de 700 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Según el mandatario, estos fondos —bajo disputa legal— están destinados a financiar bonos económicos y redes de protección social para la ciudadanía.
“En el Senado, para defensa, para protección social, tenemos 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) listos para que los aprueben. Y en Diputados, esa platita no es para el Gobierno, esa platita es para las regiones, ahí hay cerca de 200 millones del Banco Mundial BM”, manifestó el jefe de Estado este lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante la presentación de proyectos para municipios de esta región del país.
De los 500 millones de dólares provenientes del BID, un total de 485 millones se usarán directamente para financiar la continuidad y el incremento de la Renta Dignidad. El remanente apoyará la creación del nuevo Registro Social de Hogares y el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).
Mientras tanto, los 200 millones de dólares del BM están dirigidos a financiar el “Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia”. Su fin es amortiguar el impacto del alza de precios en los hogares vulnerables sin aportes jubilatorios y dar soporte a los pilares del programa de asistencia estatal.
“Solo aprobando esas dos normas ya tenemos 700 millones de dólares para protección social; entiéndase bonos para la gente, entiéndase proyectos, infraestructuras, una serie de soluciones que necesita cada región”, agregó Paz Pereira.
Unión e intereses políticos El presidente dijo que es fundamental que las regiones establezcan alianzas para impulsar una votación en la Asamblea Legislativa destinada al desarrollo institucional y al fortalecimiento de las capacidades de crecimiento locales.
“Cada región va a tener sus soluciones y cada región va a recibir sus recursos, pero necesitamos en el Parlamento que la unidad de cada uno de ellos sea en función de las necesidades del pueblo y dejando de lado la política”, expresó.
Bolivia exportó más de 1.000 toneladas de galletas dulces por un valor superior a $us 2,3 millones durante 2025, con Perú como principal destino al concentrar el 97% de las ventas, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
El producto boliviano también llegó a Paraguay, Costa Rica, Estados Unidos, Italia y Panamá, mientras que entre enero y junio de 2026 las exportaciones alcanzaron casi $us 1,6 millones, superando dos tercios del valor registrado durante toda la gestión 2025.
En el primer semestre de 2026 se sumaron nuevos destinos como Brasil, Argentina y Chile, ampliando la presencia de las galletas dulces bolivianas en mercados de la región.
El IBCE destacó que la expansión hacia nuevos destinos refleja el potencial de la industria alimentaria nacional para consolidar mercados, generar oportunidades productivas, empleo y mayor valor agregado.
A nivel general, las exportaciones bolivianas alcanzaron $us 6.395 millones al primer semestre de 2026, un incremento del 55% respecto a similar periodo de 2025.
El Gobierno y los empresarios cisterneros alcanzaron un acuerdo en Santa Cruz que deja sin efecto el paro anunciado para este lunes y garantiza la continuidad del transporte de gasolina y diésel a escala nacional. El entendimiento fue alcanzado después de una semana de reuniones en instalaciones de YPFB, donde se avanzó en la regularización de compromisos económicos pendientes y la revisión de las condiciones del servicio, incluido el precio de los fletes. El acuerdo fue encabezado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco; el ministro de Economía, Christian Morales; y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca.
El sector cisternero confirmó que mantendrá sus operaciones y descartó las medidas de presión que podían afectar nuevamente la distribución de carburantes. El acuerdo busca asegurar el traslado desde las plantas de YPFB hasta las estaciones de servicio, en un momento en que persisten dificultades de abastecimiento y filas en diferentes regiones del país.
El entendimiento también contempla continuar el trabajo técnico sobre las obligaciones pendientes con los transportistas y la actualización de las tarifas de transporte, una de las principales demandas del sector. De esta manera, el Gobierno busca mantener activa una parte fundamental de la cadena logística de distribución de combustibles.
Aunque el acuerdo evita una nueva paralización, no significa que la crisis de carburantes esté resuelta. Bolivia continúa enfrentando dificultades relacionadas con la disponibilidad de combustibles, su importación y la logística de distribución, por lo que el cumplimiento de los compromisos asumidos será determinante para mejorar el abastecimiento en los próximos días.
Tras la firma de un acuerdo de entendimiento entre el Gobierno nacional, autoridades de Beni y productores de la provincia Marbán, se levantó el bloqueo en el puente San Pablo, que llevaba cuatro días interrumpiendo la circulación por la ruta que conecta Beni con Santa Cruz.
La decisión fue posible luego de instalar una mesa de diálogo encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano; el gobernador de Beni, Jesús Egüez, y representantes del sector agropecuario en la que se acordó garantizar el abastecimiento de diésel destinado a las labores de cosecha.
“El entendimiento, alcanzado la madrugada del domingo, tendrá inicialmente vigencia hasta el próximo viernes, periodo en el que deberán avanzar los compromisos asumidos para atender la demanda de combustible de los productores. Con el levantamiento de la medida, la carretera queda nuevamente habilitada para el tránsito de vehículos entre ambos departamentos”, explicó el Ministerio de Defensa.
El conflicto inició el miércoles 26 de agosto cuando productores de Marbán instalaron un bloqueo en inmediaciones del puente San Pablo en rechazo al Decreto Supremo 5676 y a las dificultades para acceder al diésel. La protesta interrumpió una de las principales conexiones terrestres entre los departamentos de Beni y Santa Cruz y generó vehículos varados y restricciones para el transporte de pasajeros.
La demanda de los productores estaba vinculada principalmente con el combustible necesario para las actividades productivas.
El presidente de los arroceros de Marbán, Jhonathan Zárate, señaló que el sector enfrentaba dificultades para acceder al diésel incluso para realizar la cosecha y advirtió que un incremento del costo del carburante tendría un impacto sobre el alquiler de maquinaria, los insumos y el transporte.
En principio, el Gobierno intentó resolver el conflicto mediante una comisión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las alternativas planteadas estuvo incrementar el límite de compra de diésel para pequeños productores, que se encontraba en torno a los 120 litros, hasta un rango de entre 5.000 y 6.000 litros, además del traslado de una cisterna móvil a San Pablo. Sin embargo, no se pudo cerrar un acuerdo.
La situación escaló el jueves, cuando un operativo policial y militar despejó temporalmente la carretera. El procedimiento derivó en enfrentamientos, con reporte de heridos y personas detenidas, y la protesta fue reinstalada posteriormente por los movilizados.
Ese antecedente llevó al Gobierno a combinar el cumplimiento del estado de excepción con una nueva apuesta por el diálogo. Es así que Justiniano y Egüez se trasladaron el sábado por la noche hasta el punto de bloqueo para instalar directamente la mesa de negociación con los productores.
El ministro de Defensa explicó que el objetivo era encontrar una salida que permitiera recuperar la normalidad en la región, mientras se atendían las demandas productivas.
Antes de la reunión que permitió el acuerdo, el gobernador del Beni informó que ya habían sido entregados 30.000 litros de diésel comprometidos y que el cronograma de abastecimiento avanzaba. Ese cumplimiento formó parte de las señales que permitieron reabrir la negociación con los productores.
Con una inversión de 6,4 millones de dólares, el presidente Rodrigo Paz Pereira reactivó la exploración y explotación de hidrocarburos tras iniciar las operaciones del pozo Junín-9D, un proyecto que proyecta generar ingresos para el Estado boliviano por 25,9 millones de dólares.
“Bolivia se está levantando y está empezando a dar sus pasos, sus primeros pasos para recuperar su capacidad de corazón energético. No será fácil”, declaró el jefe de Estado en el municipio de Santa Rosa del Sara, ubicado en la provincia Sara del departamento cruceño.
Inversión de $us 6,4 millones
Este proyecto, liderado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco S.A., busca recuperar reservas comprobadas de gas natural. En estas labores se contempla una inversión de 6,4 millones de dólares. El Estado boliviano recibirá una recaudación estimada de 25,9 millones de dólares gracias a este proyecto de YPFB Chaco, cuya facturación total proyectada ascenderá a 47 millones de dólares.
“Tenemos un futuro energético (…) va a ser el que nos respalde en todos los proyectos y obras; pero esto no pasará si no seguimos invirtiendo en perforaciones, en tener buen equipamiento, en poder desarrollarnos y en que haya una ley buena para que la inversión nacional o aquellos que quieren invertir desde afuera vengan a invertir”, reflexionó.
Se prevé que el nuevo pozo alcance una producción inicial de 8 millones de pies cúbicos por día (MMpcd), lo que representaría un incremento aproximado del 10% respecto a la producción actual de YPFB Chaco. Asimismo, se estima una recuperación de alrededor de 10 billones de pies cúbicos (Bcf) en reservas de gas.
El proyecto tiene el objetivo principal de recuperar el gas en los reservorios Sara y Piraí, pertenecientes a las formaciones El Carmen y Roboré, respectivamente. De manera complementaria, se investigará el potencial de las formaciones Ichoa, Tariquía y Yecua como nuevos horizontes exploratorios.
La perforación será direccional y se realizará desde la planchada existente JNN-X2, ubicada en el Campo Junín Norte. Con una inversión aproximada de 6.4 millones de dólares, el proyecto ya cuenta con la correspondiente licencia ambiental y la Licencia Ambiental para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP).
Solución energética La administración de Paz Pereira promueve que Bolivia produzca su propio combustible para dar solución a la crisis energética, ocasionada por la falta de inversión en exploración y explotación durante las últimas dos décadas de gobiernos precedentes (Evo Morales, 2006-2019, y Luis Arce, 2020-2025), los cuales provocaron un declive crítico en la producción local de hidrocarburos.
“Lo que Bolivia quiere es producir y quiere platita para producir; no para mendigar, sino para producir. Y para eso tenemos que tomar decisiones como estas. Pequeños pasos, sí, que darán grandes pasos para que Bolivia vuelva a ser un centro energético y no malgaste el futuro como hicieron algunos en los últimos 20 años”, resaltó.
Esta situación obliga al país a importar aproximadamente el 90% del diésel y el 60% de la gasolina necesarios para el consumo interno. Como resultado, el debate nacional se centra en soluciones estructurales para recuperar la soberanía energética.
“Nos prometieron soberanía energética y nos abandonaron, nos dejaron sin nada. Ahora estamos empezando con los recursos que tenemos, volviendo a comenzar para que Bolivia tenga garantías de que en los siguientes 20, 30 o 40 años habrá reservas gasíferas, no solo para el consumo nacional, sino para vender a otros mercados internacionales que nos pagan bien”, remarcó.
Importación de combustible
El mercado petrolero internacional es altamente sensible a la inestabilidad en Medio Oriente; el petróleo Brent (referencia en Europa y mercados globales) se cotiza entre 88.30 y 89.50 dólares por barril, lo que termina golpeando el bolsillo de los consumidores finales en todo el mundo. Al ser un país importador neto de diésel y gasolina, cualquier aumento en el precio internacional encarece directamente los costos de adquisición para el Estado boliviano
Debido a que Bolivia mantiene una política de subsidios para congelar los precios internos de los carburantes, el alza externa dispara el gasto estatal, incrementando el déficit comercial y fiscal. La volatilidad internacional y la escasez de divisas (dólares) dificultan el pago oportuno a los proveedores externos, lo que provoca desfases logísticos y un desabastecimiento intermitente en las estaciones de servicio nacionales.
