El Gobierno nacional y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) definirán el próximo 28 de agosto los alcances de la Ley de Inversiones, el Presupuesto General del Estado y el modelo 50-50.

“Va a ser un placer recibirlo el 28 de agosto a las 11 de la mañana en el Ministerio de la Presidencia para poder reunirnos con los miembros de la Federación de Asociaciones Municipales, en compañía también de los alcaldes de ciudades capitales, para empezar a conversar y definir una ruta crítica de trabajo que nos permita abordar todos los desafíos que se han planteado”, expresó en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

La autoridad enfatizó que este nuevo ciclo requiere acuerdos de gestión profundos y duraderos por el bien de la patria, rechazando las alianzas superficiales o simbólicas.

Para Aramayo, el plan gubernamental no solo busca dar oxígeno fiscal, sino optimizar la salud, la educación y los servicios básicos, además de atraer recursos con la Ley de Inversiones.

En relación con el nuevo modelo financiero, se plantea reestructurar las finanzas públicas bajo una “democracia resolutiva” que atienda la asfixia fiscal y entregue soluciones reales para la ciudadanía. 

Aramayo hizo hincapié en que los gobiernos locales son los verdaderos motores para generar empleo, dinamizar el comercio, construir infraestructura y crear bienestar social. 

En este contexto, dijo que es imposible reactivar la economía nacional, ni devolver certidumbre al país, sin un trabajo conjunto con las autonomías. 

También recalcó que el Órgano Ejecutivo aspira a avanzar formalmente hacia el federalismo mediante la propuesta del “50-50”, superando las fallas del actual modelo autonómico.

Por su parte, el alcalde de Tarija y actual presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, resaltó la determinación del Gobierno de realizar un encuentro directo con los alcaldes de las nueve ciudades capitales, incluido El Alto.

La autoridad edil remarcó que los municipios respaldan esta ley para atraer inversión extranjera y habilitar alianzas público-privadas en proyectos como el tratamiento de la basura, carreteras y alumbrado público.
 
Torres, de la misma manera, subrayó que la reciente Ley del Presupuesto General del Estado modificada inyectó recursos adicionales que evitaron el cierre de más de la mitad de los municipios, garantizando su operación hasta el 31 de diciembre.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) activó dos avisos hidrológicos, uno de prioridad naranja y otro amarilla, debido al pronóstico de incremento de los niveles de varios ríos y posibles desbordamientos puntuales en diferentes regiones del país. Las alertas estarán vigentes desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de agosto.

La alerta naranja, que representa un mayor nivel de atención, advierte sobre posibles ascensos repentinos y progresivos de los niveles de los ríos, con riesgo de desbordes y afectación a poblaciones asentadas en zonas próximas a los cursos de agua. La advertencia comprende sectores de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija.

Entre las cuencas bajo vigilancia se encuentran los ríos Chapare, Ichilo, Yapacaní, Beni en su cabecera, Pilcomayo en Chuquisaca, Grande en su cabecera y Parapetí en su cabecera. En el departamento del Beni se mencionan zonas de General José Ballivián, Marbán y Moxos; mientras que en La Paz figuran municipios como Aroma, Bautista Saavedra, Camacho y Caranavi. También existen sectores bajo alerta en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija.

De manera paralela, el aviso de prioridad amarilla contempla posibles incrementos de nivel y desbordamientos puntuales en las cuencas de los ríos La Paz, Desaguadero, Chayanta, Alto Pilcomayo, Yura, Caine, Rocha, Piraí y Bermejo. Este nivel implica una amenaza moderada y requiere mantener vigilancia sobre la evolución de los caudales y las condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, las comunidades cercanas a ríos y quebradas deben mantenerse atentas a los comunicados oficiales, evitar cruzar cursos de agua con niveles elevados y tomar previsiones en viviendas, cultivos, caminos y otras zonas que puedan resultar afectadas por una eventual crecida.

La alerta tiene especial importancia para las comunidades rurales y pueblos originarios ubicados en las zonas ribereñas, donde un aumento repentino de los caudales puede afectar la comunicación terrestre, la producción agropecuaria y el acceso a servicios básicos.

El monitoreo de los niveles de los ríos continuará durante el periodo de vigencia de los avisos, mientras las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales del SENAMHI y de las unidades de gestión de riesgos.

El Gobierno anunció este lunes que el Decreto Supremo 5676 busca frenar el contrabando a mediano plazo y regulará a tres sectores específicos según su consumo mensual de carburante. 

“Creemos que el efecto a mediano plazo va a ser muy importante porque gran parte de todo esto se está yendo al contrabando”, manifestó en una rueda de prensa el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco. 

El contrabando de diésel en Bolivia genera un impacto crítico que afecta de forma directa a las arcas del Estado, el abastecimiento interno y los costos del sector productivo.  

Por la magnitud del problema, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el decreto supremo que eleva el precio del diésel a 18 bolivianos por litro para grandes consumidores, con el fin de frenar el millonario desvío de combustible.
 
“Hay mafias dentro y fuera de Yacimientos y, por eso, estamos tomando medidas estructurales para cambiar tanto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos como a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hay grupos enquistados que están despachando y las nominaciones no son las correctas. Por eso también estamos trabajando con la Policía Boliviana, que va a ser parte de la nueva entidad de regulación que estamos creando”, sostuvo Blanco. 

De acuerdo con reportes oficiales, las redes de contrabando de combustible movían ganancias ilícitas de entre 3 y 4 millones de dólares por día a nivel global antes de las recientes reformas en el campo energético. 

Uno de estos grupos se dedica a cargar diésel en zonas urbanas utilizando contenedores menores conocidos como “bombuchas”, dijo la autoridad, al señalar que resulta inexplicable que se abastezcan en estas áreas dado que en ellas no se emplea este tipo de envases, lo que evidencia que el destino final es el contrabando.

El Gobierno boliviano puso en marcha el plan binacional “Frontera Segura”, una estrategia destinada a fortalecer la presencia del Estado y combatir de manera permanente al crimen organizado en las zonas fronterizas con Brasil.

La iniciativa comenzó oficialmente el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni, con la participación de autoridades bolivianas y brasileñas. El plan contempla una mayor coordinación entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, principalmente mediante el intercambio de información sobre organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. 

El Gobierno definió como áreas prioritarias los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, donde se busca enfrentar delitos transfronterizos como narcotráfico, trata y tráfico de personas, contrabando y otras actividades vinculadas al crimen organizado. La estrategia contempla operaciones de carácter permanente en puntos considerados críticos. 

Uno de los primeros resultados del despliegue se registró durante el fin de semana. En Santa Ana del Yacuma, Beni, la Policía ejecutó allanamientos vinculados a una investigación criminal y reportó la aprehensión de siete personas. Durante las operaciones fueron decomisados dos fusiles AR-15, un AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos granadas, cargadores y municiones de diferentes calibres. También fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos de interés investigativo.

En Puerto Quijarro, Santa Cruz, las autoridades ejecutaron además la expulsión de dos ciudadanos brasileños considerados de alta peligrosidad. De acuerdo con información del Ministerio de Gobierno, uno de ellos estaría vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC) y tendría una orden de detención vigente en Brasil. Ambos fueron entregados a las autoridades brasileñas.

El fortalecimiento de la presencia policial constituye otro componente central de la estrategia. En Guayaramerín, el Gobierno prevé elevar de manera permanente el contingente policial hasta 200 efectivos, reforzando el control territorial en una zona considerada estratégica por su ubicación fronteriza y por las rutas utilizadas para actividades ilícitas. 

Desde el Gobierno, el plan es presentado como un cambio en la forma de enfrentar la inseguridad fronteriza: pasar de intervenciones aisladas a operaciones sostenidas, intercambio de inteligencia y coordinación binacional, con el objetivo de impedir que grupos criminales aprovechen la frontera para ingresar al país o escapar de la justicia.

La aplicación del plan se produce después de varios hechos violentos registrados en municipios fronterizos y de la preocupación expresada por las autoridades ante la actividad de organizaciones criminales brasileñas. La cooperación con Brasil busca precisamente cerrar espacios de movilidad para estas estructuras y fortalecer la capacidad de respuesta de ambos Estados.