Tarija, 12 de agosto de 2026. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se encuentra este miércoles en el departamento de Tarija, donde encabeza el acto de entrega oficial del tramo carretero Acheral–Choere, en el municipio de Caraparí.

La actividad se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 150 años de la Región Autónoma del Gran Chaco y reúne a autoridades nacionales, departamentales, municipales y representantes de la región.

La entrega de esta infraestructura vial constituye uno de los principales actos de la agenda presidencial en el Gran Chaco durante esta jornada y pone en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer la integración caminera entre la capital tarijeña y los municipios chaqueños.

Una carretera estratégica para el Gran Chaco

El tramo Acheral–Choere tiene una longitud de 17,59 kilómetros y forma parte de la Red Vial Fundamental N.º 29.

La carretera cuenta con pavimento asfáltico y dos carriles de circulación, además de una infraestructura que comprende ocho viaductos y dos puentes.

El proyecto también incorpora trabajos de estabilización de taludes, drenaje, señalización y dispositivos de seguridad vial, elementos destinados a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes utilizan esta ruta.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señala que el tramo se encuentra aproximadamente a 165 kilómetros de la ciudad de Tarija y representa un punto importante para mejorar la conexión hacia el Gran Chaco.

La obra busca facilitar el desplazamiento de personas y mercancías, fortalecer las actividades productivas y comerciales y mejorar la vinculación entre Tarija, Entre Ríos, Caraparí, Villa Montes y Yacuiba.

Más de Bs 100 millones en la etapa final

Durante el acto, las autoridades destacan la importancia de haber concretado la conclusión de una obra que atravesó dificultades administrativas y técnicas y que llegó a permanecer paralizada.

De acuerdo con información oficial, la inversión destinada a la etapa final de los trabajos supera los Bs 100 millones.

La ABC informó anteriormente que el proyecto completo contemplaba una inversión proyectada de aproximadamente Bs 251,4 millones, por lo que las cifras corresponden a diferentes etapas y componentes de la ejecución de la carretera.

Con la conclusión del tramo, el Gobierno busca mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad en una zona caracterizada por una geografía compleja y que durante años ha representado dificultades para el transporte entre Tarija y el Chaco.

El desafío de completar la integración vial

Mientras se realiza la entrega de Acheral–Choere, las autoridades también mantienen en agenda otros proyectos necesarios para completar una conexión vial integral entre Tarija y el Gran Chaco.

Entre ellos se encuentra el túnel del Aguaragüe, considerado uno de los principales proyectos pendientes para consolidar la denominada Ruta al Chaco.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa de estudios y deberá avanzar posteriormente con los procesos técnicos, ambientales, sociales y administrativos correspondientes.

También están en agenda alternativas de conexión hacia Villa Montes, además de la rehabilitación de los tramos Entre Ríos–Palos Blancos y Canaletas–Entre Ríos.

Por ello, la entrega de Acheral–Choere representa un avance concreto, pero también forma parte de un proyecto de integración vial de mayor alcance que todavía tiene obras pendientes.

La agenda presidencial continúa en el Gran Chaco

La presencia del presidente Rodrigo Paz en Tarija forma parte de una jornada de actividades que se desarrolla en el marco de los 150 años del Gran Chaco.

Luego del acto de entrega de Acheral–Choere, la agenda presidencial contempla actividades en Yacuiba, entre ellas la entrega de equipamiento para el Hospital de Tercer Nivel Fray Quebracho y posteriormente la entrega de la Terminal de Buses de Yacuiba.

De esta manera, la jornada concentra anuncios y entregas de infraestructura en áreas consideradas prioritarias para la región: integración vial, salud y transporte.

La entrega de Acheral–Choere se desarrolla mientras autoridades y población del Gran Chaco destacan la importancia de contar con mejores condiciones de conexión con el resto del departamento y del país.

El Gobierno anunció este lunes medidas de apoyo financiero para los comerciantes y trabajadores afectados por el incendio en la feria Barrio Lindo, ubicada en Santa Cruz de la Sierra, y aclaró que la seguridad de las familias es la prioridad antes de iniciar cualquier plan de reorganización.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza; junto al alcalde de Santa Cruz, Carlos Manuel Saavedra; indicaron que proseguirán con el apoyo a las familias damnificadas por el siniestro registrado en la feria —ubicada entre el tercer y cuarto anillo de la capital oriental—, garantizando que la ayuda estatal se mantendrá de forma continua más allá de la fase de emergencia inicial, mediante planes de apoyo económico y técnico.

“Estamos trabajando para establecer líneas de crédito para recuperar el capital de trabajo. Entendemos que no están pidiendo regalos, lo que piden es poder volver a trabajar”, declaró Espinoza.

En este contexto, esta cartera de Estado coordinará con la alcaldía cruceña la elaboración y validación de una lista precisa de los damnificados. El propósito es entregarles recursos rápidamente para que repongan mercadería y herramientas, reactiven sus negocios y recuperen sus ingresos.

“Vamos a trabajar en esas líneas de crédito para el capital de aquellos que lo han perdido aquí adentro y, para eso, necesitamos trabajar en coordinación con la alcaldía en las listas de quienes han resultado afectados”, afirmó el ministro.

En este sentido, el Gobierno coordinará con los bancos la reprogramación y refinanciamiento de créditos para los damnificados. El objetivo es darles un periodo de alivio financiero para que reconstruyan sus negocios sin la presión del pago inmediato de sus deudas.

Plan conjunto
Por su parte, el ministro Justiniano afirmó que la seguridad de las familias afectadas está primero, y que posteriormente se verá una pronta reorganización del área. “Ya hay un plan municipal y, como Gobierno central, la línea de nuestro presidente (Rodrigo Paz Pereira) es ayudar de todas las maneras posibles. Entonces estamos evaluando, el ministro de Economía ya ha lanzado algo de información, pero vamos a estar junto a ellos para ver cómo se los puede ayudar”.

La autoridad remarcó que se trabaja en un plan conjunto entre el Gobierno nacional y los subnacionales para ayudar a todos los damnificados por el siniestro ocurrido en el sector Acronal, el cual se produjo en la madrugada del pasado jueves 6 de agosto, y se expandió rápidamente debido a la gran cantidad de material inflamable y textiles en el lugar.

“Hay que trabajar con el gobernador y con nuestro alcalde. Hemos estado coordinando con él todas las acciones desde el inicio y bueno, ahora hay que ver cómo ayudamos a nuestra gente”, puntualizó Justiniano.

El Proyecto de Ley de Inversiones que tratará la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a petición del gobierno del presidente constitucional Rodrigo Paz, tiene tres ejes: normalizar la inversión en la vida económica de Bolivia, dar seguridad jurídica a los inversionistas y finalmente, ordenar toda la normativa legal que existe y que debe regir sobre la inversión nacional y extranjera en el país.

Tal explicación, la dio el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza en conferencia de prensa a tiempo de informar que el Proyecto de Ley referido ya se encuentra en poder de la ALP. Aclaró que el Proyecto de Ley fue socializado con regiones, sectores empresariales, sectores formales, pequeña y mediana empresa, sectores extractivos, industriales productivos, e incluso gremiales, y la Central Obrera Regional de El Alto. 

“La inversión tiene que ser un elemento normal de la vida económica”, dijo el ministro al explicar que la normativa propuesta busca crear un sistema de incentivos que permita dar previsibilidad, confianza, estabilidad y seguridad al inversionista extranjero sin violentar la Constitución Política del Estado (CPE). Pero, además, el esquema propuesto busca normar el tema para los siguientes 20 a 30 años.

Como segundo elemento, el gobierno analizó a profundidad lo que establece la Constitución en cuanto a los límites y derechos de inversión y se identificó que se distorsionó o sobredimensionó en muchos casos con mala interpretación abusos a la inversión en Bolivia, esto en cuanto a las nacionalizaciones que hubo en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ahora el proyecto de ley remitido a la ALP otorga a los inversores seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad, en resumen, se le da un trato “de buena fe desde el Estado boliviano”, esto, sin necesidad de iniciar reformas a la Constitución Política.

Como tercer elemento, en favor del estímulo a las inversiones nacionales y extranjeras, la gestión de Gobierno actual ordenó toda la normativa legal referente a inversiones y a partir de ello construirá un Sistema Nacional de Inversiones, ámbito que evaluará permanentemente el desarrollo de las inversiones, y que será complementaria a la Agencia Nacional de Inversiones.

El Sistema Nacional de Inversiones coordinará los esfuerzos de todas las entidades publicas desde el nivel central, hasta las gobernaciones para que la atención a las inversiones se realice con regulación, promoción y bajo un criterio de estrategia de inversión que siga un orden lógico.

En cuanto a los incentivos para los inversionistas no establecerán privilegios, pero si habrá condiciones de previsibilidad y estabilidad y confianza. “El estado regula de manera racional con reglas claras que evitan cualquier tipo de abusos”, dijo Espinoza.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que este martes 11 de agosto remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Inversiones, una propuesta que, según el Gobierno, fue sometida previamente a un proceso de socialización con diferentes sectores.

El anuncio fue realizado por el mandatario el pasado jueves 6 de agosto, durante su informe a la nación desde la ciudad de Sucre, donde destacó los principales resultados de sus nueve meses de gestión.

“El martes 11 de agosto, enviaré el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de un largo proceso de socialización”, afirmó Paz durante su intervención.

La iniciativa recibió una valoración positiva del sector empresarial. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, consideró que el proyecto puede convertirse en una señal importante para recuperar la confianza y contribuir a que Bolivia vuelva a ser un destino atractivo para las inversiones.

“Como empresarios, felicitamos al Gobierno y esperamos que esto pueda proteger las inversiones y el patrimonio privado tanto del sector privado nacional como extranjero”, manifestó Kempff.

El representante del empresariado paceño remarcó que la propuesta legislativa puede generar mejores condiciones para la llegada de capitales y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

“Abre las puertas a las inversiones y es lo que realmente el país necesita”, sostuvo Kempff, al destacar la importancia de contar con una normativa que brinde mayores garantías a los inversionistas.

Asimismo, señaló que el proyecto también contempla aspectos relacionados con el arbitraje, mecanismo que, a su criterio, puede contribuir a generar mayor seguridad para las inversiones extranjeras que lleguen a Bolivia.

“Va a coadyuvar en el tema del arbitraje para que las inversiones extranjeras que vengan al país puedan tener la alternativa de la seguridad jurídica”, afirmó el dirigente empresarial.

El proyecto de Ley de Inversiones fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y, antes de su envío al Legislativo, fue socializado con distintos sectores, en un proceso destinado a recoger criterios y propuestas para la normativa.

Con su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto ingresará a una nueva etapa de análisis y tratamiento parlamentario, donde deberá seguir el procedimiento correspondiente antes de una eventual aprobación.