El presidente Rodrigo Paz Pereira  calificó los 53 días de bloqueos que paralizaron al país como un “intento de golpe de Estado” y sostuvo que detrás de las movilizaciones operaron recursos provenientes de economías ilegales y del narcotráfico. Las declaraciones fueron realizadas durante la clausura de la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que cumplió dos jornadas de trabajo en Bolivia.

“Entiendo que se intentó hacer un encuentro lo más plural posible para entender qué ha ocurrido en los 53 días (de bloqueo), pero a su vez, qué significaron 53 días en la construcción de un proceso que hay que, por lo menos en lo personal, fue un intento de golpe de Estado a un cambio, a un giro, dentro de la Constitución y dentro de la democracia”, enfatizó el primer mandatario.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, presentó las conclusiones de la misión y destacó el diálogo como vía para superar las diferencias. “Dialogar no significa renunciar a las convicciones, significa reconocer que el adversario político nunca deja de ser un compatriota”, afirmó. La declaración también remarcó que “ninguna democracia puede construirse sobre la exclusión permanente”.

“Hoy sabemos que nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social y económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto y tomará tiempo repararlo, sabemos que, en las actuales circunstancias sociales y económicas, a nivel mundial, no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo, ningún gobierno puede hacerlo, es imposible”, dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin. 

El presidente Rodrigo Paz denunció que el intento de desestabilización se produjo “a través de recursos provenientes de diferentes instancias, recursos que provenían de ámbitos ilícitos, recursos que provenían del narcotráfico, narcoterrorismo que se ejerce en Bolivia desde algunas regiones”. 

Al cierre, el jefe de Estado agradeció la presencia de la misión internacional y destacó que su respaldo está dirigido al país. “No respaldando a un presidente Rodrigo Paz, sino respaldando a Bolivia a tener un futuro mejor, a tener un espacio de crecimiento y desarrollo con diferentes alternativas a las acontecidas en los últimos 20, 30 años”, afirmó. 

La misión de la OEA concluyó con un llamado al diálogo, al fortalecimiento institucional y al respeto de la Constitución como vías para superar la crisis.

Con el objetivo de fortalecer la producción agrícola y hacer frente a los efectos del cambio climático, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través de APROCAM con el Programa ACCESOS RURAL realizó la entrega de cheques de transferencia por 3,8 millones de bolivianos, para la ejecución de 21 proyectos comunales en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí. Esta inversión beneficia de manera directa a 757 familias agricultoras de la región.

Durante el acto oficial, el Coordinador Nacional de APROCAM, José Antonio Heredia, dio a conocer que los recursos están orientados a mejorar los rendimientos de cultivos priorizados como maíz, papa, haba y durazno, utilizando semillas y plantines certificados de alta calidad, sistemas de riego tecnificados, y estrategias para responder a los efectos del cambio climático, a través de mantas antigranizo, mantas térmicas con sensores de temperatura, entre otros. “Estamos conscientes de los riesgos que conlleva la presencia del fenómeno de El Niño. Es por ello que, a través de nuestro Gobierno, mediante la Unidad Ejecutora APROCAM y el programa ACCESOS RURAL, asumimos el firme compromiso de fortalecer la economía de nuestras familias productoras", expresó la autoridad.

Por su parte, Sara Armella, alcaldesa del municipio de El Puente, informó que cuatro comunidades de su jurisdicción accederán a estos recursos para consolidar proyectos resilientes, y ratificó su predisposición de trabajar de manera coordinada con el programa para continuar respaldando al sector productivo.

Desde el municipio de Villazón, el productor Moisés Ajalla, representante de la comunidad San Pedro de Sococha, destacó la importancia de la iniciativa: "Nuestra comunidad cada año ha sido afectada por el cambio climático, en especial por las granizadas. Es por esa razón que gestionamos las mallas antigranizo, para asegurar nuestra producción y garantizar nuestros recursos económicos. Agradecemos al programa por este apoyo".

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, desarrolló un acto conmemorativo y una jornada de capacitación dirigida a directoras y directores de unidades educativas de La Paz, con el propósito de fortalecer la prevención, la identificación temprana de posibles víctimas y la articulación entre las instituciones responsables de combatir este delito.

Durante la inauguración, el Viceministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Adhemar Eduardo Castaños Mendoza, destacó que una de las principales modalidades de captación utilizadas por las redes de trata son las falsas ofertas laborales, que aprovechan la necesidad económica y la situación de vulnerabilidad de muchas personas.

"Las falsas promesas de empleo siguen siendo uno de los principales mecanismos utilizados por quienes cometen este delito. Por ello, la prevención y la información son fundamentales para evitar que más personas sean víctimas de la trata", señaló la autoridad.

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de la Directora General de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, en representación del Viceministerio de Transparencia, María Lorena Caballero García, quien reflexionó sobre el perfil de las víctimas y la necesidad de cambiar la forma en que el Estado responde frente a este delito.

"La víctima de trata no puede ser vista únicamente como una fuente de prueba; es una persona titular de derechos que necesita protección, atención especializada y un acceso oportuno a la justicia para reconstruir su proyecto de vida", afirmó.

Caballero advirtió que las formas de captación han evolucionado y hoy se desarrollan principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería, donde se difunden falsas ofertas de empleo, promesas de becas, viajes o incluso relaciones afectivas construidas mediante engaños para manipular a las víctimas.

En ese contexto, remarcó que las niñas, niños, adolescentes y mujeres continúan siendo las poblaciones más vulnerables frente a este delito, razón por la cual las unidades educativas desempeñan un papel estratégico en la prevención

"Una observación oportuna, una conversación respetuosa o una pregunta realizada a tiempo pueden salvar una vida. Las escuelas protegen cuando informan, generan confianza y enseñan a reconocer los riesgos", sostuvo.

Asimismo, la Coordinadora de EDUCO en Bolivia, Nancy Alé, desarrolló una capacitación dirigida alrededor de 200 directores de unidades educativas desde un enfoque de derechos humanos, incorporando conceptos y expresiones utilizadas actualmente por adolescentes y jóvenes en entornos digitales. Términos como "mood", "stalkear", "shippear" o "ghostear" fueron analizados como parte de las nuevas dinámicas de interacción entre los jóvenes y redes sociales, con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar señales de alerta y posibles situaciones de captación.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que la lucha contra la trata de personas requiere una respuesta articulada entre el Estado, el sistema educativo, la Policía Boliviana, el sistema de justicia, los gobiernos autónomos, la cooperación internacional y la sociedad civil.

En ese marco, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos informó que actualmente impulsa procesos de coordinación interinstitucional, capacitación, análisis de políticas públicas y evaluación de la Política Plurinacional contra la Trata de Personas, con el propósito de fortalecer la respuesta estatal frente a este delito y consolidar una nueva estrategia nacional basada en la prevención, la protección integral de las víctimas y la persecución efectiva de las redes criminales.

"La trata de personas se alimenta del engaño, del aislamiento y del silencio. Una comunidad informada es una comunidad que protege. Informar, prevenir y denunciar son acciones que pueden cambiar una historia y salvar una vida", concluyó María Lorena Caballero García.