Gobierno destaca la puesta en marcha de un programa estratégico de Pro-Bolivia destinado a fortalecer la producción lechera en tres departamentos del país. La iniciativa contempla una inversión inicial de 77 millones de bolivianos, recursos que serán aplicados directamente a la dotación de alimentos para el ganado.

El programa establece que Pro-Bolivia cubrirá el 70% del costo de alimentación, mientras que los productores asumirán el 30% restante. Esta medida busca aliviar la carga económica de los ganaderos y garantizar la sostenibilidad de la producción en un contexto marcado por dificultades logísticas y pérdidas derivadas de conflictos sociales.

El secretario departamental de Desarrollo Productivo de Chuquisaca, Ing. Saúl Díaz, explicó que la gestión de la Gobernación permitió incluir al departamento en esta primera fase, junto a Tarija y Potosí. La estrategia será socializada con asociaciones lecheras y productores independientes, asegurando transparencia en la distribución de recursos y ampliando el alcance del beneficio.

El Gobierno nacional subraya que este apoyo responde a la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria y consolidar la cadena productiva láctea, vital para la economía regional. Además, se proyecta que a partir de 2027 se implementen programas complementarios de inseminación artificial, sanidad animal y equipamiento productivo, con el objetivo de recuperar asociaciones debilitadas y modernizar la infraestructura del sector.

Con esta acción, el Estado reafirma su compromiso de impulsar la producción nacional, proteger a los pequeños y medianos productores, y garantizar que la leche boliviana continúe siendo un pilar de la alimentación y el desarrollo económico en las regiones beneficiadas.

El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional del Decreto Supremo N° 5707, que plantea ampliar excepcionalmente por 90 días el Estado de Excepción por Conmoción Interna en todo el territorio nacional, ante la persistencia de factores de conflictividad y el riesgo de nuevas medidas de presión que puedan afectar la paz social y el normal desarrollo de las actividades del país.

El decreto, aprobado el 14 de septiembre, establece que la ampliación del Estado de Excepción declarado mediante el Decreto Supremo N° 5636 se aplicará por otros 90 días, una vez concluido el plazo inicialmente establecido. La medida deberá ser autorizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme a la Ley N° 1740 de Regulación de Estados de Excepción.

Durante un acto en Okinawa, Santa Cruz, explicó que la decisión tiene como objetivo generar un periodo de tranquilidad para el país y diferenció el derecho a la protesta de las acciones que afectan a terceros. “Hemos presentado para prorrogar el estado de excepción para que estos meses sean de tranquilidad, no se prohíbe la protesta, pero sí la subversión, sí el bloqueo y sí se prohíbe cuando un boliviano le hace daño a otro boliviano”, afirmó.

La decisión del Ejecutivo responde a informes de los ministerios de Gobierno y Defensa que advierten sobre la persistencia de riesgos y factores de conflictividad, expresados en amenazas y advertencias de sectores movilizados, además de la posibilidad de reactivación de bloqueos y otras medidas de presión que podrían comprometer la libre circulación de personas y bienes, el abastecimiento de productos e insumos esenciales, la continuidad de servicios y la seguridad de la población.

El primer mandatario también advirtió sobre el riesgo de que posiciones políticas o ideológicas puedan convertirse en obstáculos para las actividades productivas. “La ideología no puede prohibir el desarrollo ni la construcción”, sostuvo, al referirse a la importancia de garantizar condiciones de tranquilidad para las regiones y sus proyectos de desarrollo.

El Gobierno considera necesario mantener medidas preventivas y excepcionales para evitar que estos hechos reaparezcan o escalen, resguardar la seguridad de la población y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, sin afectar el ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1740.

El Decreto Supremo N° 5707 dispone expresamente la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el cumplimiento del procedimiento previsto por la Ley N° 1740. De manera excepcional, mientras la Asamblea emita la resolución correspondiente, se mantendrán las medidas asumidas mediante el Decreto Supremo N° 5636.

_{Imagen referencial de archivo UIF}

El viceministro de viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, reveló que exfuncionarios de la gestión del expresidente Luis Arce habrían tenido movimientos económicos sospechosos en Brasil y Paraguay, por lo cual la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realiza una investigación.

La autoridad sostuvo que, para no entorpecer las pesquisas, no revelará la identidad de los exfuncionarios involucrados mientras continúen las labores.

“Hemos recibido información de que exfuncionarios de la gestión del expresidente (Luis) Arce Catacora habrían tenido movimientos económicos sospechosos en otros países como, por ejemplo, Brasil y Paraguay”, informó García.

Asimismo, explicó que, con el fin de verificar la ruta del dinero e identificar posibles irregularidades, autoridades nacionales activaron canales diplomáticos para poner en marcha un rastreo financiero internacional.

“Estamos haciendo las gestiones a ese nivel para poder corroborar estos hechos. Sin embargo, ciertamente no podríamos en este momento indicar los nombres de las personas ni los montos porque eso perjudicaría el hallazgo de la investigación; pero son esos dos países en donde expresamente se nos ha dado a conocer, a través justamente de estos mecanismos digitales”, subrayó el viceministro.

La paz en el país debe ser garantizada hasta diciembre de 2026, ese es el objetivo que tiene el Decreto Supremo 5707 que amplía en 90 días más el Estado de Excepción ante las amenazas de bloqueos de caminos provenientes de factores políticos desestabilizantes, del crimen organizado y del narcotráfico, explicó este martes el vocero gubernamental, José Luis Gálvez.

“No nos podemos permitir el lujo nuevamente de estar bloqueados, de tener que mendigar por los alimentos, de tener que mendigar por el oxígeno y los medicamentos y el alimento en general y las cosas que necesitamos durante estos 90 días, (con el Estado de Excepción) se ha satisfecho la demanda más importante de los bolivianos que es trabajar. Puedo garantizar que el 99% de los bolivianos lo que quiere es tener la libertad de trabajar”, declaró el vocero en conferencia de prensa.

Sobre los motivos que tuvo el Gobierno para decidir ampliar a 90 días más la duración de la medida, Gálvez dijo que existen “factores políticos desestabilizantes” que amenazaron con volver a atentar contra la democracia, el orden constitucional, la libre circulación, y los derechos humanos fundamentales, ya que privaron a la población de alimentos, medicamentos, oxígeno, y provocaron la muerte de vidas inocentes que no pudieron ser trasladados a hospitales para su atención.

Asimismo, Gálvez añadió que los bolivianos no pueden rendirse “ante el crimen organizado y el narcotráfico”, que de nuevo amenazan la seguridad del país y que, en el fondo, también motivan la solicitud de ampliación que hemos puesto delante de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Por eso se ha sacado este decreto supremo”, ratificó.

El DS 5707 fue remitido por el Gobierno nacional al Legislativo para que este órgano lo apruebe en las siguientes 72 horas y así “garantizar” la pacificación del país durante los siguientes 90 días, una vez que el Estado de Excepción concluya este 20 de septiembre.

En manos de la ALP
Gálvez dijo que será la ALP la instancia que determine si continúa o no el Estado de Excepción, que a juicio del Ejecutivo, es necesario. “A nuestro juicio hay que seguir protegiendo a los bolivianos y garantizando la provisión de los alimentos. Por lo tanto, está tomada esta medida en el marco constitucional, el estado de excepción y su continuidad no tiene como finalidad quitar derechos”, reiteró.

El Gobierno nacional acepta “con todo gusto” enviar a la ALP a algún ministro o ministros para que expliquen en el plenario los argumentos que respaldan el decreto que amplía la vigencia de la medida.

“Lo que necesitamos los bolivianos es que todas las autoridades electas cumplamos nuestro rol, que todo el sistema político proteja la ciudadanía”, sostuvo sobre las responsabilidades de autoridades de ambos poderes del Estado.

Finalmente, Gálvez destacó que, en los 90 días de vigencia del Estado de Excepción desde el 20 de junio pasado, las protestas de sectores sociales fueron atendidas por el Gobierno y resueltas democráticamente.

“En lugar de criticar que el Estado de Excepción no usó la fuerza, ni militarizó, debemos celebrar los bolivianos de que no hubo necesidad de usar el Estado de Sitio”, concluyó.