PAZ PROMULGA LEY QUE AUTORIZA CRÉDITO DE $US 200 MILLONES PARA BONOS PEPE, JUANA AZURDUY Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este lunes la Ley N° 1778 que aprueba el Convenio de Préstamo 9927BO para el “Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia”, suscrito entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del Banco Mundial – BM, por 200 millones de dólares destinados a apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica ante los efectos de los ajustes y reformas económicas.

El financiamiento servirá para el pago del Bono Pepe I, Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia, con discapacidad grave o muy grave que se encuentren registradas, además, a adultos mayores que reciben la Renta Dignidad en la categoría de no rentistas.

También se prevé beneficiar a padres, madres o tutores legales de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, bajo la modalidad de un beneficio por grupo familiar.

El convenio de préstamo establece un plazo de 23 años, incluidos 14 años de gracia, y un periodo de desembolso de cuatro años.

Información semestral
El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberá informar a detalle, semestralmente, de manera oral y escrita, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), adjuntando la documentación de respaldo pertinente, sobre el uso, destino y ejecución de los recursos de este préstamo (Convenio 9927BO).

Cuando este convenio de préstamo se trató en la ALP, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, explicó ante el pleno que $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al Bono PEPE y otros programas sociales, mientras que los $us 8 millones restantes financiarán el fortalecimiento del sistema de protección social y la gestión del proyecto.

Navarro informó que el PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios habilitados. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre enero y el 5 de octubre de 2026, se registraron 2.210.628 pagos por un total de Bs 1.668,5 millones.

Otro componente del proyecto prevé la construcción de un registro integrado de beneficiarios, con información interconectada y actualizada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad. Según explicó Navarro, esta herramienta permitirá orientar la asistencia estatal y facilitar la respuesta de los distintos niveles de gobierno ante situaciones adversas.