La Paz, 21 de agosto de 2023 (ABI). – El Gobierno rechazó este lunes las acusaciones del expresidente Evo Morales de que el presidente Luis Arce instruyó un “atentado” en el congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y afirmó que “no hay dedazos” por parte del jefe de Estado para nombrar dirigentes porque respeta la vida orgánica de las organizaciones sociales.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones que, lamentablemente, han sido realizadas por el expresidente Evo Morales Ayma, en relación a que, supuestamente, por una instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del Gobierno y la Policía han perpetrado un atentado criminal contra la seguridad, vida e integridad de nuestras hermanas y hermanos indígenas que participan del congreso de la Csutcb en el coliseo Héroes de Octubre, en El Alto”, afirmó la ministra de la Presidencia María Nela Prada.

La posición surgió ante los hechos de violencia ocurridos en el XXIV congreso de la Csutcb, inaugurado el viernes en el coliseo “Héroes de Octubre”, y atribuidos a grupos radicales. La violencia provocó más de 800 heridos, entre ellos por armas punzocortantes. Morales afirmó que “por instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del gobierno y la Policía han perpetrado un atentado criminal contra la seguridad, vida e integridad de nuestras hermanas y hermanos indígenas”.

Como se lo hizo a través de un comunicado oficial el domingo, Prada consideró “muy irresponsable” realizar ese tipo de declaraciones “sin presentar ninguna prueba”, por lo que instó al exmandatario “presentar las denuncias con las pruebas en las instancias correspondientes antes de señalar este tipo de temerarias acusaciones”.

También desmintió “categóricamente” los dichos de Morales, esta vez, acusándola de que “habría manifestado, en una reunión, que las organizaciones sociales se las maneja con plata”.

“Seguramente, quienes están acostumbrados a realizar este tipo de acciones, a tener este tipo de relación con las organizaciones sociales, pueden hablar estas palabras o dar este tipo de comentarios”, respondió.

Ante los hechos de violencia en el congreso campesino se declaró un cuarto intermedio la madrugada del domingo y se retomó la sesión plenaria en la mañana, en el mismo coliseo “Héroes de Octubre” donde fue inaugurado el encuentro. El congreso eligió por unanimidad a Lucio Quispe como el secretario ejecutivo de la Csutcb.

Aprovechando el cuarto intermedio y en plena calle, un grupo de dirigentes eligió al dirigente Ponciano Santos, lo que fue desconocido por la dirigencia orgánica.

Al respecto, Prada afirmó que como en “cualquier organización social, de acuerdo a su vida orgánica, no puede haber proclamaciones a fuera de las instancias orgánicas, de la estructura que decide acreditar y posesionar al nuevo comité ejecutivo”.

Enfatizó la postura del Ejecutivo nacional de respeto irrestricto a la “la vida orgánica de las organizaciones sociales” y lamentó la “violencia que se busca generar en los congresos por parte de algunos grupos, como también sucedió en el congreso de las hermanas Bartolinas en Tarija, en Cochabamba, y en el congreso del MAS-IPSP en Santa Cruz”.

“Somos respetuosos de las organizaciones sociales, aquí no hay dedazos por parte del presidente Lucho, no se busca imponer a dirigentes, se respeta la vida orgánica, nos debemos a las organizaciones sociales, quienes son las verdaderas defensoras de nuestro instrumento político, MAS IPSP”, insistió.

Pidió se investiguen los actos de violencia y se identifique a quienes lanzaron una granada de gas lacrimógeno e impidieron la salida del coliseo de las personas afectadas, incluidos mujeres y niños. Prada condenó estos actos y consideró que buscan dividir a las organizaciones sociales.

“Condenamos los objetivos divisionistas de aquel grupo que el pueblo ya conoce, que tiene también el afán, desde un inicio, de desgastar a nuestro Gobierno, de realizar una desestabilización de nuestro Gobierno”, denunció.

En ese contexto, reafirmó el “pleno compromiso” del Gobierno “con la unidad del movimiento popular, con las organizaciones sociales, a quienes nos debemos, con el MAS-IPSP, con la democracia interna que debe ser profundizada al interior de nuestro instrumento político, con la pluralidad de ideas, con la batalla de ideas en base a la unidad ideológica en nuestro instrumento político y con la profundización de nuestra revolución democrática y cultural”.

La Paz, 21 de agosto de 2023 (UCOM/DPB). - La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), presentó este lunes el primer Informe Anual correspondiente a la gestión 2022. El documento realiza 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad.
Durante la presentación del informe. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que este documento se constituye en un importante documento para luchar y prevenir hechos de tortura y malos tratos. Hacinamiento carcelario, cierre de la cárcel de San Pedro y jornadas de descongestionamiento carcelario y uso excesivo de la detención preventiva, fueron algunas de las falencias que identifica este primer informe del MNP-Bolivia.
La primera autoridad defensorial explicó que este primer informe agrupa los resultados de las 273 visitas realizadas por el MNP-Bolivia a diferentes centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar, donde se evidenció la situación de las personas que viven en privación de libertad o bajo custodia del Estado.
 “Nosotros estamos presentando este primer año de gestión del MNP-Bolivia como parte del proceso de sensibilización, del compromiso conjunto, en lo interinstitucional, que tenemos como Estado boliviano para prevenir hechos de tortura, que socaban la dignidad del ser humano”, manifestó Callisaya en el acto de presentación del informe, realizado en el salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).  
El evento contó con la participación de la Senadora Silvia Salame, la Diputada Betty Yañíquez, el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, autoridades de la Policía Boliviana y representantes de organizaciones civiles.
Callisaya subrayó que el informe tiene dos partes: por un lado, muestra el resultado de las visitas realizadas a los centros penitenciarios o bajo custodia del Estado y también tiene la misión de informar sobre las acciones que el MNP realiza en relación al tema de la tortura.
La autoridad defensorial remarcó que, en cuanto a los centros penitenciarios, hay un tema que alarma y es el que se refiere a la población penitenciaria registrada entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, que se incrementó, de 20.002 a 24.824 personas privadas de libertad.
El informe señala que el porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva, pues a diciembre de 2022 este llegaba a 66,19 por ciento, mientras que el 33,81 por ciento tenían sentencia.
“Esto llama la atención, porque el alto porcentaje de personas privadas de libertad con detención preventiva invita a que repensemos sobre cómo estamos utilizando dicha medida. De repente no como un mecanismo para garantizar la realización del proceso con la presencia del procesado, sino como una medida que se constituye en una especie de sanción anticipada”, cuestionó.
Producto de las visitas y relevamiento de información, la Defensoría del Pueblo, a través de este primer informe del MNP-Bolivia, emite 30 recomendaciones que pretenden, por un lado, impulsar soluciones a problemas estructurales y, por otro lado, atender necesidades urgentes.
Estas recomendaciones están dirigidas a instancias gubernamentales como: el Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y Comando General de la Policía Boliviana.
Una de las principales recomendaciones apunta a pedir el cumplimiento de la Ley N° 494 referida al cierre del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el departamento acorde a las necesidades de la población privada de libertad.
Cabe recordar que Bolivia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a través de la Ley N° 1939 de 10 de febrero de 1999, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Ley N° 3298 de 12 de diciembre de 2005.
A través de estos tratados nuestro país está obligado a contar con una instancia independiente que examine periódicamente el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad o en custodia del Estado.