- Según el último reporte brindado por el Ministro de Educación, unas 439 unidades educativas desarrollan sus actividades escolares en la modalidad a distancia y/o virtual.

La Paz, 03 de noviembre (Unicom – Minedu).- El ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, informó que alrededor de 183.000 estudiantes de 439 unidades educativas pasan clases en la modalidad a distancia en el departamento de Santa Cruz, debido al paro impulsado por el Comité Cívico de esa región.

“La vulneración de derechos en Santa Cruz, encabezada por el gobernador Luis Fernando Camacho, es preocupante; en este momento, tenemos 439 unidades educativas que están trabajando en la modalidad a distancia, pero lamentablemente están teniendo dificultades”, indicó la autoridad ministerial, en conferencia de prensa brindada en la ciudad de La Paz.

En la oportunidad, el titular de la Cartera de Educación expresó su preocupación por los perjuicios que sufren los estudiantes que no pueden pasar clases presenciales por causa de los bloqueos, y se ven obligados a tener que pasar clases virtuales, a pesar de no contar con las condiciones tecnológicas necesarias.

“La presencialidad es muy importante para que nuestros estudiantes puedan recibir calidad de aprendizajes; estamos muy preocupados por quienes lamentablemente no pueden acceder a un equipo tecnológico para pasar clases a distancia, esa es la realidad de muchas familias”, expresó el ministro.

En esa línea, Pary reiteró su preocupación ante la vulneración del derecho a la educación de las y los estudiantes en Santa Cruz. “Nos costó mucho volver a la presencialidad de las actividades educativas luego de la pandemia, hoy lamentablemente, nuestros estudiantes se ven obligados a volver a la virtualidad”, deploró

CELAG/ Buenos Aires/03/11/22.- Tras dos años de iniciado su mandato, 51% de la población boliviana valora de forma positiva la gestión de Gobierno de Luis Arce, según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

La nueva encuesta de CELAG, décima que realiza la institución en Bolivia desde 2019, muestra que la sociedad boliviana continúa respaldando al Gobierno Nacional, cuya cabeza Luis Arce recoge una imagen positiva en el 47,8% de los encuestados.

El aval de la ciudadanía se sustenta en la buena valoración de la gestión económica, la cual recibe el beneplácito de casi la mitad de los bolivianos.

Al ser consultados sobre el nivel de adhesión al actual gobierno, 47,1% de los bolivianos manifiesta apoyo total (30,2%) o parcial (16,9%), mientras que el 42,7% declara sentir rechazo total (22,1%) o parcial (20,6%).

En el espacio político de la oposición los apoyos son magros: la mayor parte de quienes manifiestan rechazo contra el gobierno actual opina que la oposición no tiene un liderazgo definido y al ser consultados sobre los sentimientos que les despiertan los principales referentes de la oposición el 75% manifiesta sentir indiferencia, decepción o rechazo.

Complementariamente, la imagen positiva de los principales referentes de la oposición que ostentan cargos de elección popular se ubica por debajo del 40%: Fernando Camacho registra una imagen positiva del 22,6%, Manfred Reyes Villa un 35,7% y Eva Copa 34,1%. En términos de expectativas sobre el desempeño electoral de la oposición, solo un tercio de los encuestados considera posible que la oposición pueda gobernar Bolivia en el futuro cercano. 

En términos de clivajes ideológicos, 70% de los encuestados creen que el Estado debería nacionalizar el litio por ser un recurso estratégico y 81% considera que no debe permitirse que empresas extranjeras extraigan oro en Bolivia.

Por último, siete de cada diez bolivianos tienen una consideración negativa del papel que desempeñan los medios de comunicación en el país, ya que consideran que defienden intereses económicos y políticos en lugar de informar.

El presente estudio se llevó a cabo entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2022, mediante 2.000 entrevistas telefónicas (sistema CATI) en los 9 departamentos del país, en localidades tanto urbanas como rurales, controlando cuotas de género, edad y niveles socioeconómicos.

Podemos expresa su apoyo al llamamiento al diálogo entre el Gobierno boliviano y las partes involucradas en el anunciado Censo de Población y Vivienda

El pasado 22 de octubre el comité cívico de la región boliviana de Santa Cruz, controlado por la oposición, convocó un paro indefinido que recuerda peligrosamente al que inició el mismo día de octubre de 2019 y terminó con el derrocamiento del presidente Evo Morales. Concretamente, son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; y el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Rómulo Calvo, quienes encabezan esta convocatoria que pretende movilizar a las bases opositoras de la región y exigir el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el Gobierno para el primer trimestre de 2024. Ya ha habido enfrentamientos y episodios de violencia que se han cobrado la vida de, al menos, una persona en Puerto Quijarro.

Además de la violencia política, el paro también está teniendo consecuencias terribles sobre la producción y sobre la soberanía y seguridad alimentarias del pueblo boliviano, al impedir que el combustible llegue al campo para la campaña agrícola de verano. Las cisternas no están pudiendo salir de las plantas de abastecimiento ni transitar por las carreteras, lo que llevará a que, en pocos días, Santa Cruz se quede sin suministro de diésel y gasolina. Asimismo, está impidiendo la subsistencia de la población que vive de los ingresos «del día a día», debido a la imposibilidad de generar recursos económicos en estas circunstancias de bloqueos e inestabilidad. Lo mismo ocurre con los pequeños productores que trabajan con el sistema bancario en la producción de diferentes productos que, al no generar recursos, no podrán cumplir con sus obligaciones bancarias.

En suma, el paro está afectando duramente a una población y a una economía ya golpeada por el paso del Gobierno golpista de Jeanine Añez, la pandemia de la COVID-19 y el impacto de la guerra en Ucrania. Cada día de paro deja una pérdida de entre 36 y 40 millones de dólares estadounidenses debido a la paralización del aparato productivo, lo cual supone un terrible retroceso en la reconstrucción de la economía del país.

Desde Podemos queremos, en primer lugar, expresar nuestro rotundo rechazo a la violencia política que está teniendo lugar estos días en Bolivia y alertar del riesgo de que, si no cesa de inmediato, pueda ir a más. Este episodio recuerda al capítulo más trágico y oscuro de la historia reciente boliviana cuando, en 2019, sufrió una operación de la oposición que comenzó con un paro indefinido y culminó con el derrocamiento por la fuerza del Gobierno legítimo del MAS. En este sentido, llamamos a toda la comunidad internacional a denunciar estos hechos y a sumarse al llamamiento del presidente Luis Arce al diálogo entre el Gobierno y las partes involucradas para alcanzar una solución pacífica y negociada al conflicto por el censo, que no es otra cosa que una herramienta estadística clave para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todas y todos los bolivianos.

Hoy, como en 2019, creemos que el Gobierno español debe jugar un papel clave en la región e implicarse activamente para garantizar la estabilidad y la seguridad del pueblo boliviano, particularmente la seguridad alimentaria. Hoy vuelve a ser necesario emitir un mensaje claro de que nuestro Gobierno no va a tolerar la violencia política contra la población. Nuestro país tiene que ser un activo en el lado de la democracia, la soberanía y los derechos humanos en la región, incluso cuando eso implique poner los valores y los principios por delante de los intereses económicos de las élites empresariales.