Diciembre 21, 2024

Juicio oral de cabecillas de la RJC ingresa en un cuarto intermedio hasta el miércoles

Sucre, 17 de enero de 2023 (ABI).- Después de más de ocho horas del juicio oral en contra de los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), el juez José Pinto declaró un cuarto intermedio en la audiencia.

“Debido al cansancio físico se ha decidido hacer un cuarto intermedio hasta el día de mañana (miércoles) a horas 10.00 para dar continuidad al juicio oral”, explicó Pinto.

Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto son procesados por los actos de violencia cometidos en la ciudad de Sucre en 2020, frente al edificio de la Fiscalía General del Estado. También están involucrados Mario S.S. y Ayda R. L.T.

“La audiencia del juicio oral ha ingresado a la fase de producción de las pruebas, esto a partir del día de hoy (martes), prácticamente, estamos en pleno desarrollo de las exclusiones probatorias que está presentando la defensa del señor Yassir Molina”, explicó en entrevista con Bolivia TV.

El juez señaló que los acusados tendrán la oportunidad de objetar o aceptar las pruebas en el marco del principio contradictorio del juicio oral.

En el juicio se expusieron alrededor de 128 elementos de pruebas documentales y 28 pruebas testificales para demostrar la autoría y participación de los principales investigados, así como de los presuntos cómplices Mario S.S. y Ayda R.L.T.

La Fiscalía pide una condena de 20 años de cárcel para los sindicados por causar destrozos en un bien estatal y por presuntamente constituirse en una organización criminal que protagonizó los disturbios en la capital del Estado.

La RCJ está acusada de delitos penales que van desde organización criminal, fabricación de armas caseras como bazucas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado.

Comité Cívico de Cochabamba descarta participar de cabildo convocado por cívicos cruceños

Cochabamba, 17 de enero de 2023 (ABI). – El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, afirmó que la región no participará del anunciado cabildo nacional del 25 de enero y acusó al cívico cruceño Rómulo Calvo de utilizar a sus adeptos sin respetar las posturas disidentes e institucionales.

“Nosotros no hemos participado de la reunión (del lunes) en Santa Cruz, entonces, no es parte de nuestra decisión, hemos mandando nuestra propuesta la vez pasada, no sé si lo han con considerado, por lo menos, porque no hemos participado ni virtualmente de la reunión, entonces, nosotros no conocemos de la reunión más que por los medios de comunicación”, afirmó Rivera a Cadena A.

Al final de la reunión del lunes, Calvo explicó que de la cita en Santa Cruz participaron los dirigentes de los comités cívicos de todo el país y que en consenso se determinó convocar a un cabildo nacional para el 25 de enero en demanda de la liberación del excívico Luis Fernando Camacho, quien es procesado por el golpe de Estado de 2019.

Rivera aseguró que no es verdad que de esa reunión hayan participado el conjunto de la institucionalidad cívica, porque no estaban representaciones como de La Paz, Oruro y Cochabamba.

Camacho, acusado de terrorismo, es vinculado al caso por su participación en las movilizaciones que acabaron en el golpe de Estado y la revelación que hiciera de que se padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con los policías y militares para que quiten respaldo al gobierno del expresidente Evo Morales.

Rivera indicó que el miércoles o el jueves se realizará una reunión de la institución para analizar temas que sí son de interés de la población.

Se tratarán temas de “desarrollo regional, como es la carretera al departamento del Beni para garantizar el desarrollo económico, la operatividad del aeropuerto de manera internacional, la carretera alterna a La Paz y la Ciudadela de la Salud, temas que obviamente son de desarrollo regional y que es lo que nos interesa”, enfatizó el cívico.

Rivera señaló que todas las decisiones del ente cívico se las asumen de forma corporativa y no de manera elitista, sectaria o personal, porque “la garantía para que se asuman medidas para el desarrollo es con la incorporación de los sectores vivos de Cochabamba”.

Aclaró que el ente cívico “nunca se cerró al acercamiento” con otros comités, pero siempre y cuando se respeten las posturas que cada entidad tenga y no como ocurre con Calvo que opta por llamar a sus adeptos y marginar a la dirigencia de la entidad que fue electa de acuerdo con la normativa.

“Lo que nosotros siempre hemos pedido es que se respeten las decisiones de los diferentes comités cívicos, no todos somos de la misma línea, no todos pensamos de la misma manera, entonces, debe haber un respeto también al pensamiento que pueda disentir, pero si empezamos con el tema de que no pensamos igual y nos convocamos a otras personas para que represente a otra región, bueno, son decisiones que ellos han tomado y no tenemos por qué compartir con eso”, cuestionó.

Esta no es la primera vez que el Comité Cívico de Cochabamba se distancia de las convocatorias que surgen del Comité Pro Santa Cruz. Durante las protestas por el Censo, entre octubre y noviembre de 2022, el ente cívico no se sumó a la movilización, como tampoco lo hizo el alcalde Manfred Reyes Villa.

Tampoco participó en la marcha cívica del 10 de enero, alentada por el comité cruceño para pedir la liberación del procesado Camacho, hoy recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro de Viacha, en el departamento de La Paz.

Junto con Cochabamba, el Comité Cívico de Chuquisaca también descartó su participación en el cabildo nacional convocado para el 25 de enero.

“Nosotros (como Comité Cívico) no hemos sido parte de las convocatorias a movilizaciones y tampoco hemos sido parte de las reuniones que esta llevando el Comité Cívico de Santa Cruz. Condenamos que algunas personas se hayan atribuido la representatividad del departamento de Chuquisaca”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, quien sí participó en la reunión con Calvo, dijo que, si bien serán parte del cabildo nacional del 25 de enero, no se apoyarán eventuales paros en esa región como medida de presión.

Gobierno garantiza suministro de combustibles en apoyo a productores avícolas

La Paz, 10 de enero de 2023 (ABI). – Tras una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Winston Ortiz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, garantizó el suministro de combustibles al sector para apoyar la producción de carne de pollo.

De acuerdo con un reporte de esa cartera, asimismo, en el encuentro, ambas partes acordaron generar una agenda de trabajo con la finalidad de apoyar la producción avícola desde el sector energético.

El ministro también ratificó el apoyo del Estado a los productores de carne de pollo mediante la subvención al GLP (gas licuado de petróleo) y la evaluación de mecanismos para que el sector acceda políticas y recursos energéticos que le beneficien, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Al concluir la reunión, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores expresó su acuerdo con las iniciativas planteadas por la autoridad del sector energético.

Por otra parte, manifestó su rechazo a los bloqueos y otras medidas de presión que ejercen grupos radicales en el departamento de Santa Cruz.

Ello “porque impide que su producción llegue a los mercados, situación que pone en riesgo su actividad productiva y amenaza con dejar sin fuentes de empleo a los trabajadores”.

El dirigente de esa federación de avicultores, que cubre el 45% de la demanda del mercado interno, manifestó su compromiso y esfuerzo para garantizar la provisión de carne de pollo en todos los departamentos del país.

Defensoría del Pueblo exhorta a movilizados a no naturalizar la violencia, respetar la vida y la integridad de las personas

La Paz, 10 de enero de 2023 (ABI). – El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó este martes a los grupos que anunciaron movilizaciones para esta jornada “a no naturalizar la violencia” y que su protesta esté enmarcada en el respeto de la vida y la integridad de otras personas.

“Queremos exhortar a los movilizados que ejerciten el derecho a la protesta en el marco a los derechos de otras personas. No podemos fundar la exigencia del respeto de nuestros derechos, anulando la vigencia de los derechos de los demás”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

El Comité Cívico pro Santa Cruz, integrada por grupos de poder y el grupo irregular denominado Unión Juvenil Cruceñista (UJC), convocó para este martes a una protesta exigiendo la libertad de Fernando Camacho, acusado de terrorismo.

Ante esta posible situación, la autoridad defensorial explicó que este tipo de movilizaciones desde el denominado paro cívico cruceño se tornaron violentas e hizo referencia a las recientes protestas de grupos de choque en el departamento de Santa Cruz que saquearon, incendiaron propiedades públicas y privadas.

“No podemos tolerar que se puedan naturalizar acciones que se vuelvan parte de la vida cotidiana, en este caso la violencia”, remarcó Callisaya.

Señaló que ahora se debe “rescatar el respeto a ser humano, a la vida, a la integridad al otro diverso, sobre todo la convivencia pacífica entre bolivianos y bolivianas”.

Además, pidió al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y vigencia de los derechos de todos los bolivianos y bolivianas.

En tanto, pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial desarrollar los procesos penales en marco del debido proceso con una justicia, transparente, pronta, oportuna y sin dilaciones.

Asimismo, el Defensor recomendó que en caso que la Policía haga uso de la fuerza, lo haga de “manera proporcional” cumpliendo los estándares internacionales, “que tenga una finalidad legal y que haya necesidad de aplicar esa fuerza”.

“No se puede tolerar la violencia venga de donde venga. A los movilizados del día de hoy tienen el derecho de manifestar su protesta, su posición, sin embargo, este debe ser ejercitado sin vulnerar el derecho de otras personas”, remarcó.

Caso EBA: Juez determina la detención preventiva de Jeanine Áñez por designación ilegal

La Paz, 06 de enero de 2023 (ABI). – La exsenadora Jeanine Áñez estará con detención preventiva durante cuatro meses, esta vez por el nombramiento ilegal en el que presuntamente incurrió durante su régimen de facto cuando nombró como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) a su prima Karina Leiva Áñez.

Este proceso se desarrolla en la vía ordinaria. La autoridad jurisdiccional, tras escuchar el alegato de las partes denunciantes y de la defensa, determinó en la resolución 09/2023 la detención preventiva de la exsenadora en la cárcel de Miraflores.

El juez señaló que de acuerdo con las pruebas presentadas, la designación de Karina Leiva Áñez el 6 de mayo de 2020, y que fue posesionada dos días después, fue “ilegal” porque no cumplió con lo que establece la Ley 466 de la Empresa Pública de contar con un título universitario.

“Se solicitó certificación a la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián y por la respuesta se advierte que la designación realizada por la ahora imputada (Jeanine Áñez) sería ilegal y contraria a la Ley 466”, explicó el juez.

Según el informe de la universidad pública, Karina Leiva Áñez es estudiante de Derecho y cursa el sexto semestre, lo que confirmaría que la designación de la exsenadora fue irregular entre otros indicios presentados por la Fiscalía.

La imputada Jeanine Áñez, en su defensa y antes de la lectura de la decisión judicial, prefirió prescindir de los servicios de sus abogados y sostuvo que el proceso debería desarrollarse en un juicio de responsabilidades, pese a que la justicia ya había determinado que correspondía un juicio ordinario.

Caso EBA

En este caso se acusa a Áñez de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones porque Karina Leiva Áñez, según la investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo, como una licenciatura.

La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva, pero ahora el juez ordenó cuatro meses de detención preventiva mientras se investiga el caso.

Áñez está detenida en la cárcel de Miraflores con sentencia condenatoria de 10 años por la ruptura constitucional de noviembre de 2019.