Podemos expresa su apoyo al llamamiento al diálogo entre el Gobierno boliviano y las partes involucradas en el anunciado Censo de Población y Vivienda
El pasado 22 de octubre el comité cívico de la región boliviana de Santa Cruz, controlado por la oposición, convocó un paro indefinido que recuerda peligrosamente al que inició el mismo día de octubre de 2019 y terminó con el derrocamiento del presidente Evo Morales. Concretamente, son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; y el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Rómulo Calvo, quienes encabezan esta convocatoria que pretende movilizar a las bases opositoras de la región y exigir el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el Gobierno para el primer trimestre de 2024. Ya ha habido enfrentamientos y episodios de violencia que se han cobrado la vida de, al menos, una persona en Puerto Quijarro.
Además de la violencia política, el paro también está teniendo consecuencias terribles sobre la producción y sobre la soberanía y seguridad alimentarias del pueblo boliviano, al impedir que el combustible llegue al campo para la campaña agrícola de verano. Las cisternas no están pudiendo salir de las plantas de abastecimiento ni transitar por las carreteras, lo que llevará a que, en pocos días, Santa Cruz se quede sin suministro de diésel y gasolina. Asimismo, está impidiendo la subsistencia de la población que vive de los ingresos «del día a día», debido a la imposibilidad de generar recursos económicos en estas circunstancias de bloqueos e inestabilidad. Lo mismo ocurre con los pequeños productores que trabajan con el sistema bancario en la producción de diferentes productos que, al no generar recursos, no podrán cumplir con sus obligaciones bancarias.
En suma, el paro está afectando duramente a una población y a una economía ya golpeada por el paso del Gobierno golpista de Jeanine Añez, la pandemia de la COVID-19 y el impacto de la guerra en Ucrania. Cada día de paro deja una pérdida de entre 36 y 40 millones de dólares estadounidenses debido a la paralización del aparato productivo, lo cual supone un terrible retroceso en la reconstrucción de la economía del país.
Desde Podemos queremos, en primer lugar, expresar nuestro rotundo rechazo a la violencia política que está teniendo lugar estos días en Bolivia y alertar del riesgo de que, si no cesa de inmediato, pueda ir a más. Este episodio recuerda al capítulo más trágico y oscuro de la historia reciente boliviana cuando, en 2019, sufrió una operación de la oposición que comenzó con un paro indefinido y culminó con el derrocamiento por la fuerza del Gobierno legítimo del MAS. En este sentido, llamamos a toda la comunidad internacional a denunciar estos hechos y a sumarse al llamamiento del presidente Luis Arce al diálogo entre el Gobierno y las partes involucradas para alcanzar una solución pacífica y negociada al conflicto por el censo, que no es otra cosa que una herramienta estadística clave para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todas y todos los bolivianos.
Hoy, como en 2019, creemos que el Gobierno español debe jugar un papel clave en la región e implicarse activamente para garantizar la estabilidad y la seguridad del pueblo boliviano, particularmente la seguridad alimentaria. Hoy vuelve a ser necesario emitir un mensaje claro de que nuestro Gobierno no va a tolerar la violencia política contra la población. Nuestro país tiene que ser un activo en el lado de la democracia, la soberanía y los derechos humanos en la región, incluso cuando eso implique poner los valores y los principios por delante de los intereses económicos de las élites empresariales.
