La Paz, 05 de enero de 2022 (ABI).- El exministro Arturo Murillo fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por lavado de dinero producto de un sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Según la investigación recibió cerca de $us 130.000 en sobornos en la casa de un familiar en Miami.

Murillo, hombre de confianza de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, fue parte central en el esquema de corrupción de 2019.  La exautoridad y sus cómplices lavaron las ganancias del esquema de soborno a través del sistema financiero de los Estados Unidos.

Según la pesquisa, recibió aproximadamente $us 130.000 en pagos de sobornos en efectivo en la casa de un familiar en Miami, de la que no se da su nombre.

Cuando era ministro designó a su hermana como miembro del servicio exterior en Estados Unidos, con el argumento de que tenía problemas.

Sus cómplices, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, se declararon culpables y fueron sentenciados en junio de 2022.

Aproximadamente $us 5,6 millones fueron desembolsados para pagar por los gases lacrimógenos y otros equipos no letales destinados al Ministerio de Defensa de Bolivia. Alrededor de $us 2,3 millones representa el sobreprecio.

La abogada litigante Jil Simon y el subjefe Gerald M. Moody Jr. de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Eli S. Rubin para el Distrito Sur de Florida estuvieron a cargo de la acusación en el caso. La fiscal federal adjunta Gabrielle Charest-Turken manejó la confiscación de activos, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

La Paz, 04 de enero de 2023 (ABI). - La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de la Unidad se declararon este miércoles en estado de emergencia ante los hechos vandálicos y de amedrentamiento en contra de los trabajadores en el departamento de Santa Cruz y convocaron a todos los sectores a defender el Estado de derecho y la democracia.

“Estamos en estado de emergencia no solamente los trabajadores, la COB, sino también el Pacto de la Unidad, las organizaciones sociales populares del país que hicieron llegar sus notas para efectivizar una postura como trabajadores”, indicó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi.

En esa dirección, anunció que en las próximas 48 horas se efectuará una reunión ampliada para definir medidas en defensa de los trabajadores y de la democracia.

“No aceptamos actos vandálicos, el amedrentamiento a la gente, a los hermanos transportistas, gremiales quienes fueron afectados fuertemente los 36 día de paro y hoy nuevamente amenazados”, expresó.

Las organizaciones exigirán también la aplicación de la justicia en contra de los autores intelectuales del golpe de Estado de 2019.

“El pueblo pide a gritos, no puede haber impunidad y se debe ampliar a quienes han sido autores intelectuales, detener a los promotores del golpe de Estado y quienes han sido parte del golpe de Estado con el gobierno de facto”, señaló.

Desde la aprehensión y posterior detención preventiva en el penal de Chonchocoro de Luis Fernando Camacho, grupos radicales atacaron y quemaron inmuebles de instituciones públicas, policiales, domicilios y clínicas privadas, entre otros.

Guarachi calificó estos actos de “vandalismo y terrorismo” cometidos por los grupos afines al Comité Cívico Pro Santa Cruz y seguidores de Fernando Camacho.

“El 60% de la población quiere trabajar, reconstruir su económica, reactivar la economía, pero hay algunos grupos, logias que lamentablemente quieren politizar todo”, enfatizó.

El dirigente protestó también por la presencia de los legisladores Víctor González (España) y Luis Fernando Sánchez (Chile), quienes se atribuyeron competencias e irrumpieron en instalaciones de la Policía Boliviana en Santa Cruz el pasado lunes.

Por estos actos de abierta injerencia, el Gobierno de Bolivia solicitó explicaciones a las cancillerías y parlamentos de España y Chile.

“En 2019 han sido las mismas personas, hoy vemos personas europeas chilenas haciendo injerencia en el país. Ahora nos damos cuenta quienes financiaron el golpe de Estado”, dijo Guarachi.

La Paz, 04 de enero de 2023 (ABI). - Las plantas de transmisión de las radioemisoras Jallalla Coca y Melodía Yungueña de Chulumani en los Yungas del departamento de La Paz, fueron quemadas durante la noche de Año Nuevo, denunciaron los periodistas de los medios de comunicación.

La periodista de radio Jallalla Coca, María Gutiérrez, informó que la noche del 31 de diciembre de 2022 incendiaron los equipos de la antena de la emisora que se encuentra en Cerro Pata en el municipio de Irupana.

Explicó que el 1 de enero la emisión de la Jallalla Coca se suspendió porque había fallas técnicas.

“De inicio creíamos que era solamente corte de energía eléctrica en Cerro Pata, sin embargo, con el transcurrir de las horas nos apersonamos al sector y nos hemos percatado el atentado a nuestros equipos”, dijo en una entrevista en la Red Patria Nueva.

“Las puertas estaban abiertas, no había ninguno de los dos candados de la puerta, un pedazo del candado pequeño que estaba en el piso, en el interior todavía se podía sentir un poco del olor a gasolina, hemos podido observar y percatarnos que nuestros equipos estaban quemados, había todavía un cerillo sobre nuestros equipos”, relató Gutiérrez.

Esta sería la tercera vez que Jallalla Coca sufre un atentado, el primero fue en 2017 y el segundo en 2020.

En tanto, el director de Radio Melodía Yungueña, Luis Ferrufino, informó que el 31 de diciembre, a las 23.45 se apagó la señal de emisión de la emisora. El primero de enero el personal se dirigió a Cerro Pata donde funcionan las plantas de transmisión de la emisora.

“Observamos en nuestra planta de transmisión las puertas abiertas, habían despachado los candados, tenía dos candados y echaron gasolina a los equipos de transmisión, al transmisor mío, era un transmisor americano, ensamblada aquí en Bolivia de muy buena capacidad y se ha quemado totalmente”, relató en una entrevista en radio Éxito.

Ferrufino consideró que Melodía Yungueña y otras tres emisoras legales, entre ellas Jallalla Coca, han sido objeto del hecho vandálico en represalia a que otras radios fueron suspendidas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) las pasadas semanas.

Radio Melodía Yungueña 98.5 cuenta con la autorización de la ATT, que opera de manera continua y permanente.

Recordó que hace dos semanas personal de la ATT ingresó a los Yungas, especialmente a Chulumani e Irupana y observó a varias emisoras ilegales, a las que se decomisó sus equipos.

“Y en represalia a que estaban cerrando una emisora antigua como es Radio Yungas, esa decisión ha tomado la gente que ha sido instigada por la directora de Radio Yungas (...). Las dos semanas ha protestado esta señora para el Gobierno, que el Gobierno le estaba quintando la licencia, que estaba cerrando radio Yungas y eso ha movido a que

los yungueños atenten a nuestra propiedad privada", denunció.

La ATT efectuó un operativo de secuestro de radios ilegales en las ciudades por primera vez en la región de los Yungas de La Paz, además en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

En el operativo en Yungas se secuestró equipos de cuatro radios.

Según la ATT, las frecuencias aéreas estaban siendo interferidas por radios ilegales que afectan directamente a la banda aeronáutica y la comunicación entre el piloto y la torre de control, lo cual puede ocasionar accidentes aéreos, incluso la pérdida de vidas humanas.