GOBIERNO HABILITA REGISTRO PARA IDENTIFICAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos habilitó un registro para conocer la situación de las familias afectadas por feminicidio y, especialmente, de las niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad. La información permitirá identificar sus necesidades, fortalecer el seguimiento y coordinar acciones institucionales para garantizar la protección de sus derechos.

“Contar con esta información permitirá fortalecer el seguimiento, la protección de derechos y la articulación institucional de las acciones que correspondan, a partir de las necesidades identificadas por las propias familias”, señala el comunicado de la repartición a cargo de la viceministra Jéssica Echeverría.

Los familiares de víctimas de feminicidio pueden llenar un formulario mediante el código QR o a través del enlace: https://forms.gle/tq4onHB5Z9xYngRs9.

La información recopilada será utilizada con fines institucionales y bajo criterios de respeto y confidencialidad. El registro permitirá conocer las condiciones de las familias y orientar respuestas oportunas.

La iniciativa se enmarca en la Ley 1680, de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida, que establece medidas de atención integral y protección social.

Entre sus disposiciones, el artículo 15 determina la creación de un registro oficial de beneficiarios mediante el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), además de mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos departamentales para el seguimiento y la actualización de los datos.

La norma también contempla un bono económico mensual no inferior al 20% del salario mínimo nacional, un subsidio alimenticio para las y los beneficiarios menores de cinco años, garantías de acceso y permanencia en el sistema educativo, atención médica gratuita, protección de los bienes sucesorios y acompañamiento terapéutico mediante equipos multidisciplinarios.

“Este es un hito más en el proceso de saldar una deuda histórica con una población que suele verse invisibilizada y anulada por estos hechos de feminicidio”, afirmó el defensor del pueblo, Pedro Callisaya, en la presentación de la reglamentación de la ley nacional.

Asimismo, remarcó la necesidad de una respuesta estatal sistemática, planificada y sostenida para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados.

Con este registro, el viceministerio, dependiente del Ministerio de la Presidencia, busca fortalecer el seguimiento a la situación de las familias y la articulación de las instituciones responsables, para que las medidas previstas en la Ley 1680 respondan a las necesidades de quienes quedaron en situación de orfandad por estos delitos.

PROCURADURÍA LOGRA NUEVA DETENCIÓN PREVENTIVA DE SEIS MESES PARA FRANKLIN FLORES POR EL CASO EMAPA

El exgerente de la estatal de alimentos seguirá recluido en San Pedro dentro de un nuevo proceso por Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Como resultado de la acción conjunta de la Procuraduría General del Estado (PGE) y otras carteras de Estado, el Juez 13vo. de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz dispuso la detención preventiva por seis meses de Franklin Flores Córdova en el recinto penitenciario de San Pedro.

La determinación judicial se consolidó durante la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares correspondiente a un nuevo proceso penal iniciado en contra del exgerente por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (Caso "Emapa LGI").

Luego de que las entidades del Estado fundamentaran la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, la autoridad jurisdiccional emitió la resolución que determina la detención preventiva del imputado y fijó audiencia de control de situación jurídica para el 24 de febrero de 2027.

Este nuevo proceso se originó en el marco de la investigación que la Fiscalía Departamental de La Paz desarrolla contra Flores Córdova, en la cual el imputado habría realizado operaciones financieras y comerciales destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos de los que se habría apropiado. Dichos recursos provendrían de la ejecución irregular del proyecto «Implementación de Planta Piscícola en el Lago Titicaca», lo que habría ocasionado un detrimento económico de Bs 44.000.000 al Estado Plurinacional de Bolivia.

Con esta medida cautelar se asegura la permanencia del imputado en reclusión y se otorga al Ministerio Público el plazo necesario para profundizar los actos investigativos en la etapa preparatoria y consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso inquebrantable en la defensa del patrimonio público y de precautelar los intereses de las y los bolivianos, garantizando que los actos de corrupción que afectan al Estado no queden en la impunidad.

BOLIVIA REACTIVA LA EXPORTACIÓN DE ALGODÓN TRAS 15 AÑOS Y ABRE NUEVOS MERCADOS EN PARAGUAY Y PERÚ

Bolivia vuelve a insertarse en el mercado internacional del algodón luego de 15 años sin exportaciones, con el envío de 23 toneladas de fibra al Paraguay y la apertura del mercado peruano, un hecho considerado histórico para la reactivación de la cadena productiva algodonera y el fortalecimiento de las exportaciones no tradicionales del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, junto a representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa), quienes destacaron que la reactivación del sector fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y los productores para eliminar restricciones que impedían el acceso a mercados externos.

La primera exportación contempla el envío de 110 fardos de fibra de algodón, equivalentes a aproximadamente 23 toneladas, con un valor estimado de 50.000 dólares. Esta operación marca el retorno de Bolivia al comercio internacional de este producto después de más de una década y media sin registrar exportaciones de fibra algodonera.

El ministro Justiniano destacó que el Gobierno impulsó la obtención de certificaciones sanitarias y fitosanitarias mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), permitiendo que la fibra boliviana cumpla con los estándares exigidos por los mercados internacionales.

“Con el levantamiento de todos los candados hoy permitimos que algo tan valioso como el algodón boliviano vuelva a competir en el mundo y abastezca a nuestra propia industria”, afirmó la autoridad al presentar los resultados alcanzados por el sector.

NUEVA ETAPA PARA EL SECTOR ALGODONERO

Para los productores, el principal logro no está únicamente en el volumen exportado, sino en la recuperación de la presencia boliviana en los mercados internacionales.

El presidente de Fedepa, Jesús Arce, destacó que el algodón puede convertirse nuevamente en un sector estratégico para la economía nacional debido a la disponibilidad de tierras, experiencia productiva, capacidad industrial y oportunidades comerciales existentes en la región.

Asimismo, señaló que la cadena algodonera tiene un importante potencial para generar empleo, promover inversiones y contribuir a la sustitución de importaciones mediante el fortalecimiento de la industria textil boliviana.

APERTURA DEL MERCADO PERUANO

Además de Paraguay, Bolivia logró recuperar el acceso al mercado peruano para la exportación de fibra de algodón, ampliando las oportunidades comerciales para los productores nacionales.

Según los representantes del sector, este avance fue posible gracias al cumplimiento de requisitos fitosanitarios internacionales y al reconocimiento de áreas productivas libres de plagas, factores que fortalecen la competitividad del algodón boliviano.

La ubicación estratégica de Santa Cruz permite además proyectar futuras exportaciones hacia otros mercados del Mercosur y de la Comunidad Andina, entre ellos Brasil, Ecuador y Colombia.

CRECE LA PRODUCCIÓN Y LAS PROYECCIONES

El sector también reporta una importante recuperación productiva.

De acuerdo con datos de los productores, la superficie sembrada pasó de 2.000 hectáreas el año pasado a 5.000 hectáreas durante la presente gestión, mientras que para 2027 se proyecta alcanzar las 10.000 hectáreas cultivadas.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, indicó que la incorporación de tecnología y biotecnología permitirá aumentar los rendimientos y recuperar la competitividad del cultivo en los próximos años.

Las proyecciones del sector son aún más ambiciosas. La planificación de largo plazo contempla alcanzar 100.000 hectáreas de algodón hasta 2036, con exportaciones de fibra valoradas en alrededor de 260 millones de dólares y una industria de confecciones capaz de generar hasta 1.500 millones de dólares.

IMPULSO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

La reactivación del algodón forma parte de la estrategia de fortalecimiento de las exportaciones no tradicionales y de diversificación de la economía boliviana.

El retorno de este producto a los mercados internacionales representa una nueva oportunidad para generar divisas, dinamizar las economías regionales y consolidar una cadena productiva con amplio potencial de desarrollo.

Con la apertura de los mercados de Paraguay y Perú, Bolivia da un paso importante en la recuperación de uno de sus cultivos históricos y sienta las bases para que el algodón vuelva a ocupar un lugar relevante en la producción y exportación nacional.



GOBIERNO Y MISICUNI GARANTIZAN LA CALIDAD DEL AGUA MIENTRAS SE INVESTIGAN DENUNCIAS DE MINERÍA IRREGULAR EN LA CUENCA

Cochabamba.- Autoridades de la Empresa Misicuni, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) activaron mecanismos de verificación y control tras denuncias sobre una presunta contaminación con mercurio en la cuenca de la represa de Misicuni, principal fuente de abastecimiento de agua para el eje metropolitano de Cochabamba.

La polémica surgió luego de que la asambleísta departamental Claudia Martínez denunciara supuestas actividades mineras irregulares en el río Cerqueta (Serqueta), uno de los principales afluentes de la represa, y alertara sobre un posible riesgo de contaminación por mercurio derivado de operaciones mineras a cielo abierto.

Sin embargo, desde la Empresa Misicuni se descartó que exista contaminación en el agua destinada al consumo humano y se aseguró que los controles realizados hasta la fecha no evidencian presencia de mercurio ni de otros metales pesados en el sistema de distribución.

El gerente interino de Misicuni, Adrián Murillo, informó que se realizan monitoreos permanentes de la calidad del agua, incluyendo muestreos diarios, análisis periódicos y controles específicos en los puntos de entrega del recurso hídrico. Asimismo, explicó que los resultados son reportados regularmente a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

La autoridad aseguró que, hasta el momento, no se ha verificado la presencia de mercurio en el agua que llega a los usuarios y reiteró que el suministro se mantiene dentro de los parámetros establecidos para consumo humano. Además, anunció nuevos análisis especializados para brindar mayor certidumbre a la población.

SEMAPA GARANTIZA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA

Por su parte, Semapa ratificó que el agua distribuida a la población atraviesa estrictos procesos de tratamiento y potabilización antes de ingresar a la red de abastecimiento.

La institución explicó que cuenta con sistemas de sedimentación, filtrado y control de calidad que permiten garantizar la seguridad del recurso hídrico destinado a miles de familias cochabambinas.

Las autoridades de la empresa municipal también realizan toma de muestras y verificaciones complementarias con el objetivo de mantener la confianza de los usuarios y asegurar que el servicio continúe operando bajo estándares técnicos establecidos.

AJAM IDENTIFICÓ INDICIOS Y CONTINÚA LAS INVESTIGACIONES

En paralelo, la AJAM confirmó que el pasado 30 de octubre realizó una inspección técnica de oficio en el sector, donde identificó indicios de actividad minera irregular y registró puntos georreferenciados para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según el informe difundido por la entidad, una tranca instalada en la zona impidió concluir la inspección; sin embargo, se dejó una notificación oficial a los presuntos operadores involucrados y se anunció la continuidad de las tareas de fiscalización para establecer responsabilidades y determinar si las actividades cumplen la normativa vigente.

La AJAM informó que continuará ejecutando acciones de control y verificación en coordinación con las instituciones competentes para garantizar la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la legislación minera.

MISICUNI, EJE ESTRATÉGICO PARA COCHABAMBA

La represa de Misicuni constituye una de las infraestructuras más importantes para la provisión de agua potable en Cochabamba y abastece a gran parte del eje metropolitano, por lo que cualquier denuncia relacionada con la calidad de sus fuentes de agua genera preocupación entre la población.

Ante esta situación, las instituciones responsables coincidieron en que la prioridad es garantizar la seguridad hídrica de la población, mantener los controles permanentes y realizar todas las verificaciones necesarias para establecer con precisión la situación en la cuenca.

Mientras avanzan las investigaciones sobre posibles actividades mineras irregulares en la zona, Misicuni y Semapa reiteraron que el agua distribuida actualmente cumple los estándares de calidad y potabilidad exigidos para el consumo humano.

ESPECIALISTAS VALORAN LA NUEVA FÓRMULA DEL GOBIERNO PARA DAR ESTABILIDAD AL PRECIO DEL DIÉSEL

Los analistas en hidrocarburos Álvaro Ríos y Francesco Zaratti resaltaron la nueva metodología aprobada por el Gobierno para la fijación del precio del diésel, señalando que responde a la necesidad de adecuar el mercado interno a las condiciones internacionales y garantizar una administración más sostenible del combustible.

La reciente Resolución Administrativa 0048/2026 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incorpora un nuevo mecanismo para calcular el precio referencial del diésel en Bolivia, considerando el promedio de las últimas 100 cotizaciones internacionales del combustible y el tipo de cambio oficial correspondiente a ese periodo.

La medida forma parte de los ajustes implementados por el Gobierno nacional durante la presente gestión para fortalecer la seguridad energética, asegurar el abastecimiento interno y adecuar gradualmente el mercado de combustibles a la realidad internacional.

El especialista en hidrocarburos Álvaro Ríos consideró que las modificaciones aplicadas en torno al precio del diésel buscan responder a la compleja situación energética que enfrenta el país y corregir los desequilibrios acumulados durante años.

Ríos destacó que los cambios representan un proceso de adecuación necesario para acercar los precios internos a los valores internacionales, permitiendo al mismo tiempo atender las demandas de distintos sectores de la sociedad boliviana.

“El año pasado, a estas alturas, el precio del diésel estaba en Bs 3,72 por litro y actualmente se encuentra en Bs 17,95 por litro. El cambio ha sido significativo y por eso se han realizado varios ajustes normativos para acompañar este proceso”, explicó.

Según el analista, las modificaciones introducidas por el Gobierno no deben interpretarse como señales negativas, sino como acciones orientadas a perfeccionar el proceso de transición hacia un mercado más sostenible y acorde con la coyuntura internacional.

Por su parte, el especialista Francesco Zaratti afirmó que la nueva normativa muestra una visión realista de la situación económica y energética que atraviesa Bolivia.

A criterio del analista, la metodología adoptada permite actuar con prudencia frente a la volatilidad de los mercados internacionales, evitando generar incertidumbre innecesaria en la economía nacional.

“Es una visión realista de parte del Gobierno, tratando de no crear mayor zozobra en la opinión pública y en la economía mediante variaciones constantes en el precio del diésel”, sostuvo.

Zaratti explicó que, si bien las fórmulas técnicas establecen parámetros específicos para la actualización de precios, también es importante considerar el contexto económico y social en el momento de aplicar ajustes.

Asimismo, destacó que la decisión de utilizar promedios de precios internacionales permite reducir los efectos de fluctuaciones temporales del mercado externo, otorgando mayor previsibilidad tanto a consumidores como a sectores productivos.

AVANCES EN LA ADECUACIÓN DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

Durante 2026, el Gobierno nacional impulsó varias medidas orientadas a modernizar el sistema de comercialización de combustibles y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.

El proceso comenzó en enero con la aprobación del Decreto Supremo 5516, que estableció una nueva metodología para la fijación del precio del diésel y determinó un valor de referencia de Bs 9,80 por litro.

Posteriormente, en agosto, el Decreto Supremo 5676 introdujo esquemas diferenciados para grandes consumidores, clientes directos y usuarios directos, optimizando la distribución y comercialización del combustible.

En septiembre, mediante el Decreto Supremo 5698, se establecieron condiciones especiales para pequeños productores agropecuarios, permitiendo atender las necesidades específicas de uno de los sectores productivos más importantes del país.

Más adelante, el Decreto Supremo 5716 consolidó el proceso de adecuación del mercado, eliminó la subvención generalizada al diésel y fijó un precio regulado de Bs 17,95 por litro sobre la base de referencias internacionales y costos de importación.

Finalmente, la Resolución Administrativa 0048/2026 de la ANH fortaleció el sistema incorporando una metodología basada en el promedio de las últimas 100 cotizaciones internacionales del diésel, mecanismo que busca brindar mayor estabilidad y previsibilidad en la determinación de precios.

MAYOR PREVISIBILIDAD Y ESTABILIDAD

Especialistas coinciden en que Bolivia atraviesa una etapa de transformación en materia energética, por lo que la incorporación de mecanismos técnicos para la determinación de precios constituye un paso importante hacia la consolidación de un sistema más eficiente y sostenible.

La nueva fórmula impulsada por el Gobierno permite reducir el impacto de variaciones abruptas en los mercados internacionales, otorgando mayor certidumbre a productores, transportistas, empresas y consumidores.

Con estas medidas, el Ejecutivo continúa avanzando en la construcción de un mercado de combustibles más equilibrado, garantizando el abastecimiento interno y fortaleciendo la estabilidad energética del país frente a los desafíos del contexto internacional.